Georgina Espinoza Guizar
Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Georgina Espinoza Guizar
Actuaciones
- Principal
II-Vista la certificación precisada en el inciso a) de la cuenta que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de siete de marzo del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, origen del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. En concordancia con lo anterior, al no haber designado la parte promovente domicilio en esta localidad para oír y recibir notificaciones, dentro del término de tres días, otorgado para tal fin, como se advierte del inciso b) de la cuenta secretarial; hágase efectivo el apercibimiento con el que se le previno; por tanto, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo, practíquense por lista de acuerdos publicada en los estrados de este Tribunal. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, mediante oficio, hágase devolución a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en Los Reyes, Michoacán, de la documental adjuntada a su informe justificado, consistente en copias autorizadas de los autos relativos al juicio ordinario civil 826/2015, de donde derivaron los actos reclamados, a quien se solicita ordene a quien corresponda acuse recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II-Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual, se tiene al Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto electrónico número 281/2018 (orden 389/2018), derivado del proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el desechamiento de plano de la demanda de amparo, así como el requerimiento realizado para la designación de domicilio en esta ciudad para efectos de oír y recibir notificaciones personales; a quien le encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado para tal efecto, habida cuenta que la promovente fue notificada de su contenido por medio de lista, publicada en los estrados del juzgado exhortado el veintidós del referido mes y año, como se advierte de las constancias correspondientes. Dése de baja la referida comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Sin que resulte necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que, como lo indica la autoridad oficiante en su oficio de remisión, dado el sistema por el que es devuelto el exhorto en cuestión, éste se genera de manera automática. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 1394/2018, suscrito por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el cuaderno de incompetencia de amparo directo 177/2018; comunicado del que se advierte el acuerdo de dos de marzo del presente año, en el que dicho Tribunal de Alzada determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que lo originó y se ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad, de la que corresponde su conocimiento a este órgano jurisdiccional; oficio al que se acompaña: El original del escrito de la demanda de amparo promovida por Georgina Espinosa Guizar, por su propio derecho y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Francisco Valencia Herrera, así como cuatro copias de la misma. El oficio 266/2018-II, firmado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, mediante el cual rinde su informe justificado. Acta de emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada. Copias certificadas de los autos relativos al juicio ordinario civil 826/2015, que sobre declaración de extinción de usufructo temporal y otras prestaciones promovió Ma. de Lourdes Valencia Herrera y otras, frente a la sucesión testamentaria a bienes de Francisco Valencia Herrera, representada por su albacea Georgina Espinosa Guízar y otros; documental respecto de la cual, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado; asiéntese la certificación correspondiente. Lo anterior, en razón de que, como se indicó, dicho Tribunal de Alzada, determinó carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. Lo que así determinó, pues la promovente reclama: ".el auto de fecha 18 de Enero del año en curso, dictado dentro del juicio ordinario civil número 826/2015 que sobre declaración de extinción de usufructo temporal y otras prestaciones promueve Ma. de Lourdes, María Salomé y/o Ma. Salomé y María Eugenia Valencia Herrera frente a la suscrita y otros, mediante el cual ilegalmente el Juez responsable denegó admitir el recurso de revocación que interpuse en contra del auto de fecha 11 de Enero del año en curso, mediante el cual indebidamente se me negó tenerme por contestando en tiempo la demanda instaurada en contra de la suscrita, así como también denegó la admisión de la demanda reconvencional que formulé en contra de las actoras principales y otra." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del asunto planteado. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 110/2018-II. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, y 172, fracciones IX y XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los Tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto, se invoca la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso, mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y la parte quejosa debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo, ya no permite el segundo supuesto, sólo el primero, relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006338 13 de 141 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Pag. 1539 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR ACUERDO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, la promoventes del amparo, señala como acto reclamado el proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 826/2015, que sobre declaración de extinción de usufructo temporal y otras prestaciones promovió Ma. de Lourdes Valencia Herrera y otras, frente a la quejosa sucesión testamentaria a bienes de Francisco Valencia Herrera, representada por su albacea Georgina Espinoza Guízar, aquí promovente del amparo y otras personas, en el que se determinó no admitir el recurso de revocación, interpuesto por la agraviada en contra del diverso auto de once del referido mes y año, por el que dicho a quo acordó que no había lugar a tener a la parte demandada dando contestación en tiempo a la demanda entablada en su contra, por haberlo hecho de manera extemporánea, y como consecuencia de ello, tampoco admitir la reconvención promovida. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expresa la promovente, así como de la documental adjuntada al informe justificado rendido por el Juez responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen. 1. Ma. de Lourdes Valencia Herrera, entre otros, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de declaración de extinción de usufructo temporal, demandaron a la sucesión testamentaria a bienes de Francisco Valencia Herrera, representada por su albacea Georgina Espinosa Guízar, así como a dicha promovente y otras personas, radicándose la controversia número 826/2015. 2. Admitida que fue la demanda, se ordenó emplazar a juicio a la parte demandada; acto procesal respecto del cual, la promovente del amparo interpuso incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, el que fue admitido con efectos de suspensión del procedimiento, y una vez agotadas las etapas procedimentales correspondientes, el Juez responsable emitió la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, declarando improcedente tal incidencia y ordenó levantar la suspensión del procedimiento. 3. No habiendo sido recurrida la resolución interlocutoria por ninguna de las partes, la albacea de la sucesión testamentaria demandada, mediante escrito correspondiente, dio contestación a la demanda entablada en su contra, recayendo el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, por el que el Juez responsable determinó que no había lugar a tener en tiempo por contestada dicha demanda, como tampoco la reconvención pretendida en contra de la parte actora, bajo el argumento de que tal acción había sido realizada de manera extemporánea. 4. Inconforme con esa determinación, la promovente del amparo, mediante escrito de quince de enero de dos mil dieciocho, interpuso recurso de revocación, al que recayó el proveído de dieciocho del propio mes y año, en el que se concluyó que no había lugar a proveer de conformidad dicha petición, en razón de que, contra un auto que deseche o niegue la contestación de la demanda, no procede el indicado medio de oposición; acuerdo de autoridad que constituye materia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Antecedentes que, como se expuso con antelación, la promovente los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, el acto de autoridad reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitivo, en razón de que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, que de momento no tiene sobre la sucesión testamentaria quejosa y su albacea (también quejosa), una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Luego entonces, ese acto de molestia se traduce en una violación a las leyes del procedimiento que, en su caso, afecta las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución que en su momento se llegue a dictar en definitiva dentro del juicio ordinario civil 826/2015; lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo; de ahí que, se determine desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la sucesión testamentaria quejosa, así como de su albacea, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, éstos hagan valer. Apoya a lo anterior, en lo conducente y por las razones que las animan, las tesis del tenor literal siguiente: Tesis: VII.2o.T.43 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011721 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Pag. 2786 Tesis Aislada(Común) DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Tesis: 2155 Apéndice de 2011 Novena Época 1004034 2 de 2 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Séptima Sección - Procedencia del amparo directo Pag. 2503 Jurisprudencia(Común) RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado. De esta forma, es manifiesto que es improcedente la demanda de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos, como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracciones IX y XII, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Georgina Espinosa Guízar, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Francisco Valencia Herrera. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como persona autorizada de la promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ramón López Ruiz, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que obra registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 59427. Asimismo, se tiene como personas autorizadas para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de constancias de autos, con las limitantes que establece la última parte del párrafo segundo del invocado numeral, a Eduardo Reyes Milian, Araceli Frutos Barbosa, Luis Eduardo Reyes Frutos y Brenda Angélica Díaz Guillén, toda vez que no se satisface dicho requisito. Es aplicable a lo anterior la tesis: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, tomando en consideración que el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales no pertenece a esta localidad; con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, comisione a quien corresponda, notifique a la promovente del juicio, o bien a sus autorizados, el presente acuerdo, en el domicilio procesal designado para tal efecto, sito en calle Ganadería El Rocío, número 83, esquina con calle Ganadería Coaxamalucan, Fraccionamiento Jardines del Toreo, de esa ciudad capital del Estado. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, le serán realizadas por lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que se faculta al juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para la realización de la diligencia encomendada. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita a la brevedad posible las constancias con las que acredite dicha circunstancia, únicamente a través del propio sistema de comunicación electrónico en línea. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto electrónico.
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