Georgina Dominguez Gasca

Expediente 729/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
729/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Georgina Dominguez Gasca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 34-36), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que mediante auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 34-36), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 3398/2019, suscrito por el Director de lo Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, en calidad de representante jurídico de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de homónimo nombre, y en representación de la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, adscrita a la mencionada Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por el cual rinde informe justificado y ofrece pruebas; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en razón de que por acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 34-36), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 9° primer párrafo, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como Delegados a los profesionistas que menciona en el oficio que se recibe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2°, de este último ordenamiento legal, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos ópticos o en cualquier otra tecnología; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio sin número 3398/2019, suscrito por el Director de lo Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, en calidad de representante jurídico de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de homónimo nombre, y en representación de la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, adscrita a la mencionada Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que corresponde a la mencionada Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato; asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la invocada Ley, téngase a la autoridad ocursante adjuntando las documentales que por la misma vía acompaña al comunicado que se recibe; sin necesidad de dar vista a las partes con el contenido del oficio y documentales de referencia, por las razones que más adelante se asentaran. Por otro lado, como lo pide la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 9° primer párrafo, de la Ley de Amparo, téngasele designando como Delegados a los profesionistas que menciona en el oficio que se recibe. Ahora, se desprende del sumario que por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve (f. 9-10), se admitió a trámite la demanda promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Jefe de la Oficina Recaudadora de Celaya, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; y de la referida demanda se aprecia que el acto reclamado se describió de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: La violación a mi derecho de petición, consagrado en el artículo 8° Constitucional. En el referido auto, entre otros aspectos se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Al efecto la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por conducto del Director de lo Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman; y agregó, en lo conducente, que a la fecha en que rindió su informe justificado ya había dado respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa; y a efecto de acreditar lo anterior, adjuntó por la misma vía por la que remitió el comunicado de mérito, entre otros, copia del oficio DPR-2738/2019 de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, así como constancia de su correspondiente notificación a la quejosa. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, del cuerpo de Leyes invocado en segundo término. Al respecto, es menester señalar lo siguiente: Como antecedentes del acto reclamado, que la quejosa describió como HECHOS, de la demanda de amparo y anexo que a ella se adjuntó, se desprende, en lo conducente, que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, presentó ante la Oficina Recaudadora de Celaya, solicitud efecto de que declarara la prescripción de los créditos fiscales por concepto de tenencia vehicular de los años dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once. Agregándose, que además de haber transcurrido más del tiempo necesario, la autoridad responsable es omisa en dar contestación a su escrito, dejándola en estado de incertidumbre jurídica, por lo que acudió a solicitar el amparo de la Justicia Federal. Bajo este panorama, analizadas las constancias que se encuentran agregadas al sumario, así como las que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se obtiene que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de tenencia vehicular de los años dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable, la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; toda vez que en relación con la citada omisión, cesaron los efectos en razón de haberse emitido el oficio DPR-2738/2019 de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en respuesta a dicha solicitud y notificado de forma personal a la aquí quejosa el veinte de agosto de dicho año (misma causal que invoca la autoridad ocursante en su respectivo comunicado). Lo anterior por las consideraciones que se exponen enseguida. El artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En la especie, queda perfectamente establecido que en el caso, cesaron los efectos de la omisión que se atribuyó a la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, porque al momento que se presentó la demanda de amparo (catorce de agosto de dos mil diecinueve), dicha omisión sí existía; sin embargo, durante el trámite del juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional y dictado de la sentencia correspondiente, se emitió el oficio DPR-2738/2019 de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en respuesta a la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de tenencia vehicular de los años dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once; respuesta que fue notificada el veinte de agosto siguiente, de forma personal a la aquí quejosa. Esto es, cesaron los efectos de la omisión reclamada como si se hubiera otorgado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, volviendo las cosas a como se encontraban antes de la violación de garantías reclamada. Son aplicables, al caso, las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo este escenario, al haberse actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por otro lado, en atención a que como ha quedado apuntado, se ha actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo; tomando en consideración el contenido del artículo 17 segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la administración de justicia debe ser pronta y expedita; resulta innecesario esperar a que llegue la fecha y hora que se encuentran señaladas en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o hasta que tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado fuera de la audiencia constitucional. Es de puntual aplicación, la Tesis de Jurisprudencia de datos de identificación y localización que dice: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a/J 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, comunicándoles de igual forma, que por los motivos expuestos, se deja sin efecto y por consecuencia, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cuatro minutos del veinte de septiembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de autos que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (f. 14), se entregó a la autoridad responsable Jefe de la Oficina Recaudadora de Celaya, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, el oficio número 11261 de quince de agosto de dicho año (f. 11-12), por el cual le fue solicitado su informe justificado; lo que significa que se encuentra transcurriendo el término de quince días que le fue otorgado a la mencionada autoridad para que rindiera dicho informe. Para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

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