Georgina del Socorro Marzuca Fuentes
Expediente 453/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Georgina del Socorro Marzuca Fuentes
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO. Envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO-QUEJOSO)Vista la demanda de cuenta, con la que ***solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Congreso del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 453/2018-V-A. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En el caso, la parte promovente señala como actos reclamados al Congreso del Estado de Quintana Roo y otras autoridades, los siguientes: "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. 1.- Del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, los Decretos No. 134 publicado el 27 de diciembre de 2017, en el "Periódico Oficial" del Estado de Quintana Roo, por medio del cual se expidió la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; así como el Decreto No. 170 publicado el 18 de abril de 2018 en el mismo órgano de difusión local, por medio del cual se reformó la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo (.)". Asimismo, en los puntos números dos y tres del capítulo de antecedentes del acto reclamado señala: "2.- La prestación de servicios de hospedaje es objeto del impuesto al hospedaje, que se encuentra regulado por la Ley del Impuesto al Hospedaje para el Estado de Quintana Roo, misma que entró en vigor el 1 de enero de del año 2018; este impuesto se calcula aplicando al total de contraprestaciones percibidas por el servicio al hospedaje, una tasa del 3%; además, en el artículo 7 se señala que son sujetos del pago de este impuesto, todas as personas físicas o morales que dentro del Estado de Quintana Roo paguen los servicios de hospedaje, señalándose en el artículo 11 que los prestadores del servicio de hospedaje deberán determinar, retener y enterar el monto de este impuesto, lo que genera incertidumbre dentro del sistema tributario de este impuesto, pues por un lado se señala que el objeto es la prestación del servicio de hospedaje, pero por otro se señala que son los huéspedes los sujetos de este impuesto y el prestador del servicio es quien tiene que enterarlo y recaudarlo, lo que definitivamente resulta violatorio del principio de legalidad de los impuestos, contenido en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- El día 27 de diciembre del año 2017, se publicó en el "Periódico Oficial" del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el Decreto número 134 por el que se expidió la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; asimismo, el 18 de abril 2018, se publicó en dicho medio de difusión local, el Decreto número 170 por el que se reformó la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo. En efecto, con esta Ley, se creó una nueva contribución de carácter local, denominada impuesto al hospedaje, que tiene por objeto gravar todos los ingresos que perciban los prestadores del servicio de hospedaje en el Estado de Quintana Roo; sin embargo, lo verdaderamente cierto es que tal tributo es contrario a nuestra Carta Magna (.)" De igual forma, en dentro de los párrafos que integran el primero concepto de violación, posterior a la transcripción de los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, manifiesta lo siguiente: "(.) Pues bien, en este aspecto, debe aclararse que, en los términos plasmados en la ley impugnada, el único contribuyente, y por ende, obligado al pago del impuesto al análisis, es quien paga por el servicio de hospedaje; y que, en quien recae la obligación de determinarlo, trasladarlo, retenerlo y enterarlo al Estado, es el prestador del servicio (.) Partiendo de la anterior premisa, es dable concluir que, en el caso de los servicios de hospedaje, quien obtiene un rendimiento sobre su capital, no es el huésped, porque el patrimonio de este no ha aumentado, sino disminuido, pues ha pagado por un servicio que ya disfrutó, y que, por consiguiente, no viene siquiera a constituir un rendimiento sobre su capital o trabajo; pero en el caso de quien presta el servicio de hospedaje, es evidente que sí ha obtenido un rendimiento o trabajo, porque ha recibido una cantidad de dinero, es decir, que su patrimonio ha aumentado. Por lo tanto resulta que, si el legislador estatal ha situado al huésped como sujeto pasivo del impuesto, evidentemente que lo obligará a pagar por haber sufrido una disminución en su patrimonio, lo cual es ilógico, por que como ya se dijo, el Estado no puede percibir una ganancia de donde sólo han surgido pérdidas; mientras que, por el contrario, no ha gravado el patrimonio del prestador del servicio, quien sí ha aumentado su patrimonio por virtud del pago que se le ha hecho por el huésped (...)". Lo que genera duda a este órgano jurisdiccional respecto a qué porción normativa de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo y a su última reforma publicada en el periódico oficial del Estado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, desea señalar como acto reclamado específicamente, y lo que le genera perjuicio de ello, ya que por un lado señala que el artículo 8 de dicha ley, impone gravar la tasa del 3% sobre el valor de facturación y/o contratación, a las personas físicas o morales que dentro del Estado paguen servicios de hospedaje; y por otro lado, refiere que el artículo 11 impone a los prestadores del servicio de hospedaje recaudar y enterar dicho impuesto por separado; lo cual, refiere la quejosa, resulta contario a la Constitución, pues impone al huésped un impuesto derivado de una pérdida en su ingreso, por el pago de servicios de hospedaje. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda de amparo en los términos siguientes: ÚNICO. Precise la porción normativa de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo y su reforma, que desea señalar como acto reclamado, y el agravio que le produce dicha norma. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que es un requisito fundamental para la promoción del juicio. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión, de manera personal o por su representante legal y no por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentra ejercitar la acción constitucional. Sin embargo, sí podrá presentar las copias de la demanda por conducto de su autorizado en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.05/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a *** y *** y ***por carecer de dicho registro. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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