Georgina Contreras Martínez
Expediente 777/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Georgina Contreras Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra del auto emitido el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 9. Devolución de documentos exhibidos. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales públicas en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 19 y 20, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, requiérasele para que en el plazo de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el artículo 38, fracción IV, tercer párrafo, del Acuerdo General de referencia. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México por medio del cual solicita se informe si se aceptó la competencia planteada a este órgano federal. En consecuencia, infórmese a la autoridad oficiante que este juzgado federal se avoco al conocimiento de la competencia planteada, así como acúsese de recibo de los autos originales. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase por recibido el oficio 12392/2023, firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual, remite el expediente 937/2023; por carecer de competencia legal para conocer del mismo; hágase del conocimiento al homólogo oficiante que este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto; por tanto, formúlese el acuse de recibo correspondiente. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Secretaria de Educación y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 777/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompanen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia advertida. Ahora, de la lectura íntegra a la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el 1° y 5° de la Ley de Amparo, que senalan: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos senalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, a aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros senalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En términos del citado numeral 5, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De las anteriores consideraciones deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernador, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, del rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Asimismo, de las consideraciones anteriores, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridades, ello es así pues, obedece a que tiene como finalidad la de salvaguardar los derechos fundamentales de los gobernados ante las arbitrariedades de algún ente del Estado. De ahí que, si el acto que se reclame no proviene de autoridad en el ejercicio de sus funciones, el juicio de amparo resulta improcedente. Además resulta oportuno precisar, que las autoridades en el ejercicio de sus funciones pueden actuar en dos aspectos, como particular y como ente del Estado; esto es que, las autoridades tienen una doble personalidad como ente de carácter público y otra como persona de derecho privado. Ahora bien, en el caso, la quejosa reclama de las autoridades senaladas como responsables la determinación de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Directora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de México, a través de la cual se determinó rescindir la relación laboral sin responsabilidad para la Institución Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción III, del al Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. En efecto, la doctrina senala que el acto de autoridad se caracteriza por la subordinación de una persona frente a un ente público con el carácter de autoridad, que se origina por el despliegue de las facultades legales de esa potestad, esto es, se crea una relación de supra a subordinación con un particular, que tiene su nacimiento en la ley y con motivo de ella emite actos unilaterales, esto es, sin contar con su voluntad que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en su esfera jurídica. Ahora, si bien es cierto que entre los directores de los centros educativos públicos del Estado de México y los profesores existe una relación de subordinación, pues estos últimos deben limitar su acción a las órdenes recibidas de sus superiores jerárquicos, también lo es que esa relación de supra a subordinación deriva de la relación laboral que guardan las partes y tiene su origen en un nombramiento y en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre ese instituto y el Sindicato correspondiente, por lo que no puede considerarse un imperativo público; además, no cumple con el requisito de heteroaplicabilidad, en virtud de que el trabajador manifestó su consentimiento a esa subordinación desde el momento en que quiso y aceptó la relación de trabajo, esto es, fue su libre voluntad estar ligado a esa institución que le proporciona un trabajo a cambio de una remuneración; de ahí que los actos que emitan los directores senalados no son de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando derivan de la relación laboral entre un trabajador médico y dicho organismo, en virtud del empleo al que aquél accedió y ha mantenido. En efecto, toda vez que del contenido se advierte que la recisión laboral del contrato no es un acto de autoridad que puede ser sujeto a una revisión, pues el acto de autoridad se caracteriza por la subordinación de una persona frente a un ente público con el carácter de autoridad, que se origina por el despliegue de las facultades legales de esa potestad, esto es, se crea una relación de supra a subordinación con un particular, que tiene su nacimiento en la ley y con motivo de ella emite actos unilaterales, esto es sin contar con su voluntad que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en su esfera jurídica. Por ello, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el peticionario y la referida dependencia en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), ni realiza actos equiparables a los de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía y en lo conducente la tesis 2a./J. 211/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 303, registro 165782, del rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." En ese sentido, como se puede observar, la determinación reclamada, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo porque no actúa en un plano de supra a subordinación con respecto al pensionado solicitante. Sin que obste a lo anterior, en los artículos 1, último párrafo, en correlación con el numeral 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio constitucional procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre, pues como ya se dijo, la relación entre el centro educativo y el profesor es de coordinación actuando en el mismo plano de igualdad y no de supra subordinación. Por lo que, es evidente que el acto que se reclama, no constituye, de acuerdo con su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos de particular, pues, las senaladas como responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad para el juicio de amparo. Se desecha demanda de amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que senala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, senale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa en el domicilio ubicado en **********. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Oficio
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