Georgina Cardona Bustamante

Expediente 1034/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1034/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Georgina Cardona Bustamante
  • Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que conforme a las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, y SECNO/9/2021, de dieciséis y veintitrés de enero, así como de seis de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, durante el período comprendido del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, el presente juicio estuvo suspendido como medida para atender la emergencia sanitaria generada por el virus CoV-2. Reanudación de procedimiento. Sin embargo, mediante circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se informó el regreso al esquema de trabajo establecido en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS Cov-2, en el que se dispone el levantamiento de la suspensión de plazos y la consecuente reanudación de los juicios tramitados en este juzgado de Distrito. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en del presente juicio. Exhortos a las partes. Dado que las actuaciones del presente juicio se realizaron mediante la presentación física de promociones, se exhorta a las partes para que proporcionen el usuario que tengan registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, a fin de que pueda tramitarse el presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", conforme a los artículos 28 y 29 del acuerdo general citado. Asimismo, se propone a las partes para que en su siguiente promoción propongan correo electrónico o número telefónico que cuente con servicio de mensajería instantánea para que se pueda entablar toda clase de comunicaciones no procesales con este Juzgado Federal, la cual deberá registrarse y en su caso, de ello se levantará constancia para ser agregada a los autos. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. De igual manera, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Causa estado. En otro contexto, como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Bajo otra tesitura, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de diciembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la constancia de cuenta que firma la actuaria judicial de la adscripción, se le tiene informando la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por las razones que ahí expone. Instrucción al actuario judicial adscrito. Sin embargo, de los argumentos precisados se puede advertir que el domicilio agotado no corresponde al señaló la parte quejosa en su ocurso inicial de demanda de amparo. Por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya física y legamente al domicilio correspondiente, y notifique a la parte impetrante de amparo el proveído de veintiséis de octubre pasado. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, con fundamento en el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar la diligencia que nos ocupa. Notifíquese; y, cúmplase.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintitrés de octubre de dos mil veinte. I. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre del año en curso. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Se requiere para ratificación. Visto el escrito que suscribe el tercero interesado Daniel González de la Cruz, a través del cual pretende promover incidente innominado a efecto de garantizar los daños y perjuicios que se pudieron generar con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, designa autorizados, señala domicilio procesal; sin embargo, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, se requiere al ocursante para que comparezca al local que ocupa este Juzgado de Distrito: a) A las catorce horas del cuatro de noviembre de dos mil veinte; b) Con documentación oficial vigente que lo identifique plenamente; c) Sin embargo a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, reconozca como suya la firma que calza el escrito de cuenta; lo anterior en razón de que ésta discrepa de la diversa plasmada en el escrito en el que se apersonó al juicio de amparo del cual deriva el incidente en que se actúa, tal y como se advierte a continuación. Por tanto, se estima que por ello es susceptible pedir su reconocimiento, para corroborar que dichas firmas pertenecen a la persona a quien se atribuyen, por ser la manifestación de su voluntad. Sirve de apoyo a la anterior consideración por analogía la jurisprudencia siguiente. "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA" Ahora bien, tomando en consideración el esquema de atención al público, así como el cúmulo de citas que ya han sido generadas, a fin de que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de firmas requerido, se generó la cita correspondiente en el Portal, arrojando para ello, el siguiente Código QR, personal para el ocursante. Código, el cual deberá presentarlo con cinco minutos de anticipación a la citada hora (trece horas con cincuenta y cinco minutos) en la entrada principal de Ciudad Judicial Federal, a fin de que los elementos de seguridad le permitan el acceso, de manera rápida. No se soslaya que el tercero interesado, en atención a sus condiciones física o médicas, sea de las personas vulnerables frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, por lo que de ser así, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha programada, lo anterior con la finalidad de que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio. III. Apercibimiento. Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que de no presentarse el día y hora agendados, se tendrá por no presentado su ocurso, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al tercero interesado Daniel González de la Cruz. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/jonathan

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de octubre de dos mil veinte. I. Informe justificado. Ténganse por recibido el oficio que remite el Presidente Auxiliar de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado; en consecuencia, dese vista a las partes y háganse relación en la audiencia constitucional. II. Se sobresee fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se constata que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se ha actualizado un motivo de sobreseimiento que impide la continuación de este sumario constitucional, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, el seis de octubre de dos mil veinte, se instó este juicio de amparo, donde la parte quejosa reclamó, en síntesis, la omisión de dictar laudo en el expediente 2368/2014. Por otra parte, del informe justificado y de las constancias que a éste se anexaron, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: 1. El desde el seis de marzo de dos mil diecisiete se formuló el proyecto de laudo y se elevó a dicha categoría el quince de dicho mes y año. De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se promovió el juicio constitucional, esto es, el seis de octubre de la presente anualidad, la responsable ya había dictado la resolución materia del presente. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos" Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de dictar el laudo correspondiente no existe, tal como se advierte del informe justificado que rindió la autoridad responsable. Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el Juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" Bajo esa tesitura, al actualizarse el motivo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en los autos del presente juicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Lorena Guadalupe Frías Oviedo, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Rina

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