Georgina Berrones Medellin
Expediente 556/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Georgina Berrones Medellin
Actuaciones
- Principal
puato, Guanajuato, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, párrafo primero, inciso b), y párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa están catalogados como no originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que de no acudir a recogerlos se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funjo como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PROMOVENTE ***, EL ACUERDO DICTADO EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: ... Téngase por recibido el escrito presentado por la quejosa, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, amplía los antecedentes del acto reclamado y manifiesta el estado procesal en el que se encuentra el acto impugnado. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en autos, por tanto, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con la disposición legal transcrita, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en que también deberán ser alegadas todas las transgresiones sufridas por el gobernado en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Magistrada Propietaria que integra la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en el expediente ****, de su índice, mediante la cual confirmó la resolución dictada en autos del expediente *****, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en la cual, se declaró improcedente el incidente de nulidad de convenio, auto aprobatorio y de su consecuencia del procedimiento de ejecución, planteado por la aquí quejosa y se le condenó al pago de gastos y costas. De lo anterior, y hecho el estudio de la demanda, se tiene que el acto reclamado se dictó dentro de la fase de ejecución, pues de conformidad con lo narrado por la parte quejosa en el apartado de antecedentes, se advierte que se elevó a cosa juzgada el convenio judicial de reconocimiento de adeudo y obligación de pago, ratificado el veintidós de junio y aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene la categoría de cosa juzgada. Sin embargo, de modo alguno, constituye la última determinación en ese procedimiento, pues será aquélla que resuelva sobre la observancia de convenio elevado a calidad de cosa juzgada, ya sea aprobando o reconociendo el cumplimiento total de lo ahí determinado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con lo que se advierte que es uno intermedio. Por tanto, al no ser la resolución que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio aprobado y elevado a cosa juzgada, en el juicio natural o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, sólo resulta ser un acto intermedio en ese procedimiento y, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. Por otra parte, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, o como en el caso acontece, el convenio aprobado en el juicio de origen, que se encuentra elevado a categoría de cosa juzgada; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, lo que en el caso no acontece. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Empero, como acontece en la demanda que nos ocupa, el acto reclamado deriva del convenio celebrado entre las partes, con el que se culminó el juicio, el cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. De esta guisa, se concluye que la etapa de ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, siendo que, en el caso, el acto reclamado corresponde a una determinación de la autoridad atinente confirmar la improcedencia del incidente de nulidad planteado y, conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que ese procedimiento deberá culminar hasta que se emita la resolución que tenga por cumplido dicho convenio, declare la imposibilidad para darle cumplimiento y ordene el archivo del asunto, por ser el momento en que podrá reclamar las violaciones procesales cometidas en la etapa de ejecución. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En efecto, el acto reclamado no es el último en la fase ejecución, sino que resulta ser una actuación intermedia, pues se emitió para confirmar la improcedencia del incidente de nulidad de convenio suscrito por las partes, mismo que constituye cosa juzgada; por tanto, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá, en su caso, contra la última resolución que ahí se dicte, entendiéndose como aquélla que apruebe el cumplimiento de dicha resolución; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Por tanto, respecto del acto en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente...
- Principal
Notifíquese, personalmente a la parte promovente.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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