Georgina Alejandra Ponce Ramírez
Expediente 1278/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2020
Partes del expediente
- Georgina Alejandra Ponce Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ha causado estado el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Previo aviso de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se recibe (n) el (los) comunicado (s) de cuenta, a través del (los) cual (les) se rinde informe justificado; hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la referida ley. Asimismo, se recibieron copias certificadas del expediente 1268/2019-E, documentales que se tienen por presentadas y desahogadas dada su especial naturaleza. Documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa tesitura, atento al contenido de las constancias que se acompañan, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que éstas son de orden público y deben examinarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, según se desprende del numeral 62 de la ley en cita y de acuerdo al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Tomo VI, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, del análisis de las constancias de autos se aprecia que el acto reclamado consiste en: - La omisión de dar contestación a los escritos presentados el diez de marzo y veinticuatro de julio, ambos del año en curso, dentro del juicio laboral 1268/2019/12-E. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, pues al efecto manifestó que mediante proveído de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte, dio contestación a los escritos presentados por la parte actora -trabajadora- aquí quejosa, lo cual justificó plenamente con la copia certificada que anexó a su informe de ley. No obsta para arribar a la anterior determinación, que en el acuerdo de veintisiete de julio pasado, dictado por la responsable en el juicio de origen, dijo haber dado contestación al escrito presentado el "treinta de julio de dos mil veinte"(sic), dado que se trata de un error de captura, en virtud de que el escrito fue presentado el veinticuatro y no el treinta del citado mes y año. Así, resulta indispensable que a la fecha de presentación de la demanda (catorce de octubre pasado), el acto reclamado no tenía existencia jurídica, ya que, tanto del informe de ley, como de las constancias que remitió la responsable, se evidencia que no existía el acto dilatorio atribuible a la autoridad responsable, es decir, en cuanto a la omisión de acordar dos escritos. Lo anterior revela que a la fecha en que se ejerció la acción de amparo, el acto en estudio reprochado en sede constitucional, la autoridad responsable ya había dado contestación a dichos ocursos en proveído de veintisiete de julio del presente año. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que dice: Época: Octava Época. Registro: 209220 Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: I.3oC.750 C Página: 122 "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Así, ante la inexistencia del acto reclamado a la responsable, consistente en la omisión de dar contestación a los escritos presentados el diez de marzo y veinticuatro de julio, ambos del año en curso, en el juicio laboral 1268/2019-E, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en el audiencia constitucional". Efectivamente, del citado numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1. De las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2. Cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En tales condiciones, al actualizarse la referida causal de improcedencia, procede sobreseer fuera de audiencia. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" y que en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que en el caso no se dé vista a las partes con la recepción del informe de cuenta, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que las partes no hayan conocido del informe justificado durante el plazo de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este acuerdo y, ante ese panorama, de otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente determinación. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Época: Novena Época Registro: 164217 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Página: 312 "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo o en este caso, del acuerdo de sobreseimiento, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conviene puntualizar que el acto reclamado en sede constitucional constituye un acto dilatorio en el juicio de origen. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en el caso en particular, aunque se otorgue a las partes los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendrían con ello, puesto que aun concediéndolo, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios a fin de demostrar que, contra las que ya obran agregadas en autos y que tienen valor probatorio pleno, el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso en particular, de ordenar la vista con el informe de cuenta, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Por otro lado, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento (foja 12 vuelta), por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que atento al sentido de este acuerdo y por reclamarse -en esencia- dilaciones en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncie en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 81/2018, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". Ello, a partir de que tengan conocimiento de esta determinación, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior.
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