Georgeth Fuentes Escobedo

Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
83/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Georgeth Fuentes Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Autoridad responsable informa cumplimiento

  2. Principal

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación del citado auto, manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se acordaría lo que en derecho procediera, atendiendo a las constancias de autos, requerimiento que no fue desahogado. Atento a lo anterior y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público; se procede a resolver de oficio de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. 2. Antecedentes. En el caso concreto, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional y se resolvió en definitiva el presente juicio de amparo, en la que este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de la Materia, se precisa que una vez que la presente determinación cause ejecutoria, los efectos del fallo protector implican la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de los artículos 96, 166 a 169, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya aplicación se efectuó a través del recibo de pago CT1455118, por la cantidad total de 4,342.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de diecisiete de enero de dos mil veintidós. Además, el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la autoridad correspondiente, debe devolver las cantidades erogadas por la quejosa con motivo de los preceptos legales declarados inconstitucionales. Sin que en el caso resulte procedente que la quejosa entere la cuota mínima por el servicio prestado, pues si bien es cierto que acorde con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, cuando un "derecho" resulta inconstitucional debido a que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, los efectos del amparo no pueden ser para que se libere al contribuyente de la totalidad del pago del derecho, ya que al existir un servicio otorgado, esto implica que necesariamente hubo una erogación por parte del gobierno para el trámite y registro respectivo, y que los usuarios no pueden obtener tal servicio sin pagar algún costo, por lo que entonces, deberán pagar la cuota mínima fija, la cual se entiende justa para el pago del derecho en cuestión, en virtud de que dicha cantidad es igual para todos los contribuyentes que reciben el mismo servicio. No obstante lo anterior, lo cierto es que, en el caso, tratándose de los derechos por la expedición de tarjetas de circulación y calcomanías con número identificatorio o refrendo anual, no existe una tarifa mínima que escape al vicio de inconstitucionalidad advertido, y, por ende, no puede ser aplicada a la amparista como efecto del cumplimiento. Cabe señalar que las cantidades a reintegrar a la peticionaria deben devolverse con la actualización respectiva, pues sólo así se restituye en el pleno goce de la prerrogativa vulnerada; ello, como dispone la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada.''. Resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión y la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, residente en JUICIO DE AMPARO 83/2022-III 08/08/23 22:25:08 Vladimir Armando Ibarra Valenciana 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.58.b7 esta ciudad, en el expediente auxiliar 537/2022, derivado del amparo en revisión administrativo 365/2022 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión administrativa 365/2022, testimonio que se tuvo por recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós y posteriormente el veintitrés de septiembre siguiente se requirió el cumplimiento a las responsables. Luego, en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 17528, signado por el Administrador General Jurídico de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y en representación del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, con residencia con esta ciudad, mediante el cual informó que mediante resolución AGJ/3535/2022 resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que erogó por conceptos de derechos registrales. Luego, mediante oficio 18228 signado por el Administrador General Jurídico de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y en representación del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de la Administración General Jurídica del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia esta ciudad el cheque válido por $4,582.00 (cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido a favor del quejoso por concepto de devolución de derechos por servicios del registro público. Por lo cual en el citado auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, al haberse recibido el oficio de la responsable donde dio cumplimiento a la sentencia emitida en autos, se dio ??????A???????? 08/08/23 22:25:08 Vladimir Armando Ibarra Valenciana 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.58.b7 vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista, no obstante encontrarse debidamente notificada del referido auto, según se advierte de la constancia de notificación agregada a los autos. 3. Cumplimiento. En ese tenor, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que al determinar devolver a la parte impetrante la cantidad que por concepto de pago de Derechos del Registro Público, por la inscripción de documentos, así como, desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa las disposiciones establecidas en los artículos 96, 166 a 169 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en dos mil veintidós, declarados inconstitucionales, conforme a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Por lo anterior, se concluye que la autoridad responsable, obró en el sentido de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en entendido que en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y remítase al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencias y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se estima que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se determinó conceder el amparo y protección de la justifica federal solicitado. De igual forma, se hace constar que el presente juicio no es de relevancia documental a criterio de este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida del secretario Vladimir Armando Ibarra Valenciana, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  3. Principal

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega razón actuarial. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes la razón levantada por el actuario de la adscripción el siete de noviembre de dos mil veintidós en la que asienta que no le fue posible notificar a la quejosa *********** el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, por los motivos que en la misma señala. En consecuencia, se ordena la notificación de dicho proveído, además de las subsecuentes notificaciones correspondientes a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 27, fracción III inciso a, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, del Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que JUICIO DE AMPARO 83/2022-III 15/10/23 19:31:17 LUISA GABRIELA OJEDA GÓMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.fd para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.". Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida de la Secretaria Luisa Gabriela Ojeda Gómez, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y hace del conocimiento que giró el oficio CJ/5840/2022 al Administrador Fiscal General a fin de requerir de forma inmediata de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, atento a lo anterior, téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento del fallo protector. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Administrador General Jurídico de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y en representación del Administrador Fiscal General, con residencia en esta ciudad, del cual se advierte que en observancia del fallo protector, informa que está a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de la Administración General Jurídica del Estado, con residencia en esta ciudad, el cheque a nombre de la parte quejosa que ampara las cantidades relativas a derechos de control vehicular. Atento a lo anterior y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a las constancias de autos. En el supuesto de que haya acudido por el aludido cheque, lo deberá hacer del conocimiento de esta autoridad, en la inteligencia, que la falta de cumplimiento a la ejecutoria de mérito no será imputable a la autoridad de mérito; por ende, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cita. Finalmente, se le requiere a la autoridad responsable Administrador Fiscal General en el Estado, para que una vez entregue el cheque de mérito a la parte quejosa, lo haga del conocimiento a este Juzgado, lo anterior a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, de acuerdo con la gravedad de su conducta, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 237 y 258, de la Ley de Amparo. Finalmente, sin que resulte necesario proveer respecto de la designación de domicilio y delegados, toda vez que se acordó lo conducente cuando rindió su informe justificado.

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