George Raymundo Gutierrez Echeverria

Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
782/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • George Raymundo Gutierrez Echeverria

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por George Raymundo Gutiérrez Echeverría, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los acto que reclama al subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; en tal virtud, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 782/2022-II-D. En principio, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia. En efecto, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente de procedimiento administrativo de remoción 3S/SSP/DJ/CHJP/0018/2021, en el que determinó no admitir las pruebas marcadas con los números 3 y 4 de su escrito de contestación, consistente en la testimonial a cargo de Jorge Eduardo Rosado Valencia y la documental pública relativo al informe que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del titular de la cuenta bancaria 5256783146855698, de Citibanamex. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, teniendo en consideración que los actos reclamados, no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Ahora, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que sus consecuencias son susceptibles de afectar, de modo directo, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros. Lo anterior, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por otra parte, los actos que sí son reparables se actualizan respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. En esta perspectiva, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, en virtud de afectar sus derechos sustantivos, pero no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas. La distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Al respecto, ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página once del tomo LVI, agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que al efecto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sostenida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada en la página 291, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo". En el caso, el acto que reclama la parte quejosa por esta vía, se advierte que fue emitido en el el expediente de procedimiento administrativo de remoción 3S/SSP/DJ/CHJP/0018/2021, en el que determinó no admitir las pruebas marcadas con los números 3 y 4 de su escrito de contestación, consistente en la testimonial a cargo de Jorge Eduardo Rosado Valencia y la documental pública relativo al informe que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del titular de la cuenta bancaria 5256783146855698, de Citibanamex. Así, la emisión del acuerdo reclamado que no admitió las pruebas de referencia, únicamente tiene como efecto que se continúe con el trámite del juicio de origen y sus efectos son sólo intraprocesales, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta los derechos sustantivos del quejoso. Así lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro digital 2006589, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, correspondiente al mes de junio 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Acto reclamado que, no tienen las características de ser actos de imposible reparación, que determine la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que no afectan de forma material, directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte inconforme. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el inicio de tal expediente, así como el desechamiento de las prueba testimonial y la documental pública vía informe, de ninguna manera producen una afectación material a derechos sustantivos, como pudiesen ser la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, entre otros, dado que no impiden en forma actual el ejercicio de algún derecho; por el contrario, únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues se trata de actos de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, si se toma en cuenta que, como acertadamente lo afirmó el juez federal, tales efectos no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, toda vez que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el quejoso obtiene resolución favorable a sus intereses en dicho procedimiento administrativo. Sin que se actualice en el caso alguna excepción al numeral que se analiza, pues como ya se dijo, el referido acuerdo reclamado dictado en el procedimiento administrativo de origen, no constituyen actos de imposible reparación en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que resulta suficiente para establecer la improcedencia manifiesta e indudable de este juicio de amparo. Apoya lo antes considerado, el criterio sustentado en la tesis P. LVII/2004, Instancia: Pleno, Tomo: XX, octubre de 2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 9, del rubro y tenor: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". De tal modo, que esos actos no ameritan ser analizados de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto, sin que ello deje en estado de indefensión a la parte amparista, pues aún tiene la posibilidad de impugnar el fallo definitivo en caso de que se sea desfavorable, ya sea a través del medio de impugnación ordinario o, en su caso, por medio del juicio de amparo directo; de ahí, que en el particular, se sostenga la improcedencia del juicio respecto de los aludidos actos que por esta vía reclama la quejosa, dado que es claro que las determinaciones reclamadas no constituyen la resolución definitiva. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar la demanda promovida por George Raymundo Gutiérrez Echeverría, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesionista que señala toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    II-Vista la demanda de amparo promovida por George Raymundo Gutiérrez Echeverría, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los acto que reclama al subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; en tal virtud, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 782/2022-II-D. En principio, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia. En efecto, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente de procedimiento administrativo de remoción 3S/SSP/DJ/CHJP/0018/2021, en el que determinó no admitir las pruebas marcadas con los números 3 y 4 de su escrito de contestación, consistente en la testimonial a cargo de Jorge Eduardo Rosado Valencia y la documental pública relativo al informe que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del titular de la cuenta bancaria 5256783146855698, de Citibanamex. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, teniendo en consideración que los actos reclamados, no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Ahora, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que sus consecuencias son susceptibles de afectar, de modo directo, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros. Lo anterior, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por otra parte, los actos que sí son reparables se actualizan respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. En esta perspectiva, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, en virtud de afectar sus derechos sustantivos, pero no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas. La distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Al respecto, ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página once del tomo LVI, agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que al efecto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sostenida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada en la página 291, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo". En el caso, el acto que reclama la parte quejosa por esta vía, se advierte que fue emitido en el el expediente de procedimiento administrativo de remoción 3S/SSP/DJ/CHJP/0018/2021, en el que determinó no admitir las pruebas marcadas con los números 3 y 4 de su escrito de contestación, consistente en la testimonial a cargo de Jorge Eduardo Rosado Valencia y la documental pública relativo al informe que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del titular de la cuenta bancaria 5256783146855698, de Citibanamex. Así, la emisión del acuerdo reclamado que no admitió las pruebas de referencia, únicamente tiene como efecto que se continúe con el trámite del juicio de origen y sus efectos son sólo intraprocesales, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta los derechos sustantivos del quejoso. Así lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro digital 2006589, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, correspondiente al mes de junio 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Acto reclamado que, no tienen las características de ser actos de imposible reparación, que determine la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que no afectan de forma material, directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte inconforme. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el inicio de tal expediente, así como el desechamiento de las prueba testimonial y la documental pública vía informe, de ninguna manera producen una afectación material a derechos sustantivos, como pudiesen ser la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, entre otros, dado que no impiden en forma actual el ejercicio de algún derecho; por el contrario, únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues se trata de actos de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, si se toma en cuenta que, como acertadamente lo afirmó el juez federal, tales efectos no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, toda vez que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el quejoso obtiene resolución favorable a sus intereses en dicho procedimiento administrativo. Sin que se actualice en el caso alguna excepción al numeral que se analiza, pues como ya se dijo, el referido acuerdo reclamado dictado en el procedimiento administrativo de origen, no constituyen actos de imposible reparación en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que resulta suficiente para establecer la improcedencia manifiesta e indudable de este juicio de amparo. Apoya lo antes considerado, el criterio sustentado en la tesis P. LVII/2004, Instancia: Pleno, Tomo: XX, octubre de 2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 9, del rubro y tenor: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". De tal modo, que esos actos no ameritan ser analizados de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto, sin que ello deje en estado de indefensión a la parte amparista, pues aún tiene la posibilidad de impugnar el fallo definitivo en caso de que se sea desfavorable, ya sea a través del medio de impugnación ordinario o, en su caso, por medio del juicio de amparo directo; de ahí, que en el particular, se sostenga la improcedencia del juicio respecto de los aludidos actos que por esta vía reclama la quejosa, dado que es claro que las determinaciones reclamadas no constituyen la resolución definitiva. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar la demanda promovida por George Raymundo Gutiérrez Echeverría, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesionista que señala toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

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