George Khoury Layón

Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1123/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • George Khoury Layón

Actuaciones

  1. Principal

    Se admite recurso de queja. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el tercero de los oficios de cuenta signado electrónicamente por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto en autos, habiéndole correspondido el registro 184/2023, de su índice. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la superioridad, de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Defensor público federal acepta cargo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado electrónicamente por ******************** y, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del quejoso ********************. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (********************), se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto y que así lo ameriten al usuario que proporcionó para tal efecto (********************), en razón de que se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acláresele que las notificaciones de manera electrónica serán las que se ordenen de forma personal; lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2026122, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica y realización de notificaciones electrónicas en el presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. No pasa desapercibido que el ocursante haya señalado de igual manera domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, al haber solicitado la tramitación del presente juicio en línea, de ahí que se da prioridad a la realización de notificaciones electrónicas ante la práctica de notificaciones en el domicilio físico señalado en el escrito de cuenta, a fin de agilizar la tramitación del presente asunto. Aunado a que el domicilio físico que indica se ubica fuera de la jurisdicción de este tribunal, de ahí que no ha lugar a proveer de conformidad al respecto. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico y número de teléfono para cuestiones no procedimentales. En el entendido de que dichos medios podrán utilizarse para cuestiones procesales, en casos de excepción, siempre y cuando exista imposibilidad para entablar comunicación con el ocursante por los medios tradicionales y en beneficio de la prontitud de la tramitación del presente juicio constitucional; lo que deberá ordenarse al actuario judicial a través del acuerdo correspondiente y en la diligencia respectiva certificarse dicha situación. III. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento del quejoso ********************, que le fue asignado en el presente juicio de amparo al defensor público federal ********************, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso ******************** y a su defensor público federal ********************, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Finalmente, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado de forma personal el presente proveído, notifique al defensor público federal ********************, el auto dictado el veinticinco de octubre del año en curso (fojas 6-16), en el que se desechó la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. III. Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para constancia el oficio que remite la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto de Defensoría Pública Federal, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de diez de noviembre del año en curso (fojas 18-19), designa al licenciado ********************, con la finalidad de fungir como defensor público federal del quejoso privado de la libertad ********************. Lo anterior, en razón de que en líneas anteriores se tuvo al defensor público federal del quejoso privado de la libertad aceptando y protestando el cargo conferido.

  2. Principal

    León, Guanajuato, diez de noviembre de dos mil veintitrés. I. Recurso de queja. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación personal a través de la cual el quejoso George Khoury Layón, interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés (fojas 6-16). En atención a lo anterior, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues en el proveído que se recurre este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, toda vez que se actualizaron las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, esta última en relación con el numeral 6, todos de la Ley de Amparo (en relación con las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento se omitió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, asimismo, la demanda presentada de manera electrónica no cuenta con firma certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL). Con base en lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en Turno, con sede en Guanajuato capital, copia certificada del juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar a requerir a la parte recurrente para que señale las constancias que en copia certificada habrán de remitirse para la substanciación del recurso de mérito, toda vez que de la constancia de notificación de cuenta, se desprende que efectuó dicho señalamiento. II. Se ordena designación de defensor público. En virtud de que el impetrante de la queja constitucional se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, y que en la constancia de notificación de cuenta se advierte que no expresó manifestación alguna en relación con la designación de defensor en la presente contienda; en tal virtud, a fin de proteger sus derechos a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con copia de la demanda de amparo que originó el presente asunto, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con residencia en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien actúa asistida de Carlos Armando Salcedo Cordero, secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que los quejosos no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se puede revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Previo a desarrollar el estudio correspondiente, se informa que los razonamientos que se expondrán a continuación derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita. En su ejecutoria, la Primera Sala explica que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución -tanto en el ámbito federal como local- supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional -el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte-. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que, para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial -como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras-, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional -en el fuero federal o local-, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: "97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.". (Lo destacado es propio). Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada, deben entenderse como condiciones de internamiento: "(.) cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "(.) cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta (.)". Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé que previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa está obligada a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo, que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria -no urgente- o ante el juez respectivo -urgente-, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas. Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento. En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito. La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: ( Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. ( En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. ( Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. ( Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. ( Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. ( Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. ( La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. ( Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. ( Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. ( Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: ( El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. ( Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. ( Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. ( Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. ( Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente -según su carácter de no urgente o urgente-. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que el acto reclamado sea reparado, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "(.) constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto". Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "(.) ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente (.)". Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos -cumplir el principio de definitividad-, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso se reclaman cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento de los peticionarios y no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, los internos pueden acudir directamente al juez de ejecución; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Finalmente, resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular. Tan es así que en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis que se analiza, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó ciertas condiciones de internamiento, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) en primer lugar, se explicará qué debe entenderse de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación (.)". Además se destaca como hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/2018, que versaba precisamente sobre ese punto en particular -determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales-; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Corolario de lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Es relevante precisar que si bien es cierto, el quejoso indicó que reclama como actos reclamados la tortura psicológica, maltrato, tormento y amenazas; también lo es que de la demanda de amparo no se advierte dato objetivo alguno que haga suponer que sea así, sino que se tratan de cuestiones aducidas a fin de demostrar la ilegalidad del acto reclamado (impedírsele concluir sus llamadas telefónicas con éxito), dado que el solicitante del amparo refiere que todo ello es derivado al momento de intentar la realización de sus llamadas telefónicas. Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado se trata de la omisión de culminar con éxito sus llamadas telefónicas que realiza en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, dado que no es un acto de los indicados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de igual forma se actualiza previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113 de la citada legislación, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa por las razones que a continuación se exponen. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, en este caso se advierte que la demanda de cuenta fue presentada de manera electrónica y carece de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del promovente de la misma, y toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como lo dispone la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, como en la especie no obra la firma electrónica de quien al parecer insta la demanda, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, habida cuenta que como ya se ha explicado, tal circunstancia entraña falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de rubro y contenido literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, quinta parte, Séptima Época, página 71, cuyo rubro establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que haya lugar a requerir al promovente del amparo para subsanar tal omisión, ya que el artículo 114 de la Ley de Amparo, solo faculta a este tribunal federal a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para que subsane tal omisión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, página 213, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL." La tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 115-120, sexta parte, Séptima Época, página 72, cuyo rubro dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO." Así como la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, sexta parte, Séptima Época, página 96, de rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causales de improcedencia en estudio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. V. Domicilios y autorizados. Si bien es cierto el promovente de la demanda refirió que señala domicilios para oír y recibir notificaciones, también lo es que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, Número 12 "CPSGuanajuato", con sede en Ocampo; en consecuencia, se tiene como domicilio del directo solicitante del amparo para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. En el entendido que de resultar necesaria la comunicación con alguno de sus autorizados, se proveerá lo conducente respecto al señalamiento de domicilio foráneo propuesto en la demanda de amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ******************** y ********************, por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ********************, por no contar con dicho registro. VI. Requerimiento a parte quejosa. Tomando en cuenta que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato; en consecuencia, y a fin de proteger el derecho de la parte peticionaria a una tutela judicial efectiva, se le requiere para que en el momento de la notificación que recaiga al presente asunto, o bien, dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos, señale abogado que lo represente en el juicio de amparo en que se actúa; apercibido que de no hacerlo, este Tribunal hará de oficio dicha designación, para lo cual se requerirá a la Defensoría Pública Federal para que proporcione el servicio. Lo anterior, con independencia de que posteriormente, en el transcurso del juicio si se determina que corresponde a la defensoría pública estatal, se realicen las actuaciones pertinentes en relación a dicho tema. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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