George Khoury Layon
Expediente 1950/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2018
Partes del expediente
- George Khoury Layon
- Carlos Eduardo Hernandez Mendoza
- Sergio Moreno Godinez
- George Khoury Layon y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente evidencia que el quejoso George Khoury Layon, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) Asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión provisional (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del citado Acuerdo) y el duplicado del mismo es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I.Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1950/2017-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, George Khoury Layon y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DOBLE ASPECTO ORDENADORAS Y EJECUTORAS. "1.- C Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano",. 2.- Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano",." " ACTOS RECLAMADOS. "I.- A las autoridades descritas en los puntos 1 y 2 (autoridades ordenadoras y ejecutoras); se les reclama la negación a que los suscritos sean atendidos y valorados por un médico del centro, debido a las afectaciones clínicas que padecemos y que describiremos posteriormente. II.- A las autoridades descritas en los puntos 1 y 2 (autoridades ordenadoras y ejecutoras); se les reclama la violación a los principios de igualdad y de no discriminación, en contra de los que suscriben, pues como lo menciono no he recibido atención médica, siendo todos los compañeros de mi estancia si la recibieron incluso el mismo día." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1950/2017-I; se admitió a trámite; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, CUARTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante autos de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, cinco y nueve, ambos de enero de dos mil dieciocho, los quejosos Víctor Geovany Ramos Loaiza, Carlos Eduardo Hérnandez Mendoza y Sergio Moreno Godínez, respectivamente desistieron del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se decretó el sobreseimiento respectivo; de ahí que la presente sentencia no se ocupara de los quejosos en mención. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama la falta de atención médica en odontología. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Titular del área técnica y Doctora adscrita al servicio médico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", al rendir su informe justificado negaron los actos que se les atribuye; sin embargo, del contenido de las constancias que se remitieron se advierte la existencia del mismo, por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el mismo. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente clínico del quejoso; constancias a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda, existía la omisión atribuida a la responsable. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. No obstante la certeza del acto impugnado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues las autoridades señaladas como responsables, posteriormente a la presentación de la demanda (veinte de diciembre de dos mil diecisiete), el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete otorgaron la atención medica en odontología al quejoso como se advierte de las constancias que obran en autos (foja 36). Efectivamente, el acto reclamado en el presente asunto es: la falta de atención médica en odontología, y en ese tenor, de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que si bien, en la fecha de presentación de la demanda (veinte de diciembre de dos mil diecisiete), éstas no había otorgado la atención medica solicitada; también se aprecia que el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso fue valorado por el médico especializado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México. Así las cosas, lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que las autoridades responsables otorgaran la atención médica solicitada; por lo que es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por las propias responsables, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por George Khoury Layon, contra la omisión atribuida al Director Técnico y Doctora del Servicio Médico, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por George Khoury Layon, contra los actos y autoridades precisadas en el segundo considerando, y por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria, María Isabel López Mondragón quien da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón de cuenta a través de la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito manifiesta la imposibilidad de notificar al quejosa ********************, por los motivos expuestos en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya nuevamente en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido a efecto de notificarle el proveído de once de enero pasado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I.- De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el oficio signado por la Director Técnico y por la Doctora adscrita Área de Servicios Médicos en suplencia de la Jefa de Departamento de Servicios Médicos, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual rinden informe justificado y remite en copia certificada las valoraciones médicas de los quejosos. Atento a lo anterior, se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Ahora bien, con el oficio y las documentales de referencia dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Genaro Victoria Atilano284/2018
- Geni Marchan Salgado356/2016
- Genoveva Gutierrez Sebastian490/2023
- George Khouri Layon631/2019
- George Khoury Layon1522/2015
- George Khoury Layon897/2015
- George Khoury Layon151/2014
- George Kohury Layon1531/2013
- Georges Alexis Becerril Mariud1770/2017
- Georgina Arcelia Barbosa Rivera845/2017
- Georgina Claudia Padua Lara937/2022
- Georgina Elizabeth Gonzalez Valenzuela1668/2023