George Durán Lira

Expediente 1843/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1843/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • George Durán Lira

Actuaciones

  1. Principal

    III. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, mediante el cual, acusa de recibo el diverso 5083/2023 del propio índice, por el que se ordenó la remisión de los anexos que obraban en este sumario, consistentes en el toca 231/2022; así como copias certificadas del expediente 1401/2021, cuaderno de pruebas de la parte actora y otro de la parte demandada del índice de la autoridad oficiante. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por dicha autoridad.

  2. Principal

    III. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, mediante el cual, solicita el estado procesal del juicio en el que se actúa; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. En consecuencia, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante que, en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, determinación que causó estado el doce de diciembre de dos mil veintidós. Ahora bien, toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvanse a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, el toca 231/2022, copias certificadas del expediente 1401/2021, de un cuaderno de pruebas de la parte actora y otro de la parte demandada. Asimismo, se requiere a dicha autoridad, para que, en el plazo de tres días que prevé el artículo 297, fracción ll del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita el acuse de recibo correspondiente. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, o no informar su imposibilidad, se le impondrá una multa de cincuenta veces equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.

  3. Principal

    III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." +++ 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del doce de diciembre de dos mil veintidós al doce de diciembre de dos mil veinticinco, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.

  4. Principal

    III. Visto el oficio signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo ********************, promovido por ********************, al determinar que dicho órgano colegiado carece de competencia para conocer de la demanda; asimismo, remite el toca ********************, copias certificadas del expediente ********************, de un cuaderno de pruebas de la parte actora y otro de la parte demandada. ACEPTACIÓN COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto, por tanto, se ordena acusar recibo y formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio ********************. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ANEXO En términos de los Acuerdos Generales 1/2015 y 1/2013; en sus artículos 91 y 92, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en su numeral 6, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar copia certificada de las siguientes constancias: La resolución dictada el ********************, por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ********************; y, Auto de ******************** dictado por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el expediente ********************. Las cuales deberán ser digitalizadas para ser anexadas al expediente electrónico. Tomando en consideración el volumen y la naturaleza de las constancias en cita, con la finalidad de facilitar su manejo y la del presente expediente, fórmense cuatro legajos de pruebas por separado, mismos que deberán portar la carátula de identificación correspondiente; los cuales de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, no serán digitalizados, quedando a disposición de las partes para su consulta; así como bajo el resguardo de la Secretaria encargada del asunto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO El órgano colegiado oficiante señalo que el acto que por esa vía se reclama consisten en: La resolución dictada el ********************, por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ******************** y su ejecución atribuida al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de ******************** dictado por el citado juez, en el expediente ********************, mediante el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó señalar un término perentorio para que fuera desahogada la prueba pericial en materia de grafoscopía. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; En consecuencia, la resolución dictada el ********************, por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ******************** y su ejecución atribuida al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de ******************** dictado por el citado juez, en el expediente ********************, mediante el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó señalar un término perentorio para que fuera desahogada la prueba pericial en materia de grafoscopía, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, que no causa perjuicio al quejoso en la medida en que constituye un deber para el tribunal que conozca del amparo directo que en su oportunidad se promueva contra dicha sentencia, observar que se cumplan los presupuestos procesales a fin de dictar una sentencia válida, donde se hayan desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, motivo por el cual el acto reclamado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta resolución adverso a la quejosa, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo antes expuesto, por el tema que informa, la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, publicada en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, no constituye para el quejoso un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución favorable al momento de resolverse el juicio de origen; lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el expediente de origen, por sí mismo no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación, dado que sólo provoca que no se señale término perentorio para para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía; sin embargo, dicha posible violación procesal podría repararse en caso de obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, la determinación impugnada si bien podría causar una afectación de derechos adjetivos o formales; sin embargo, no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del quejoso, pueden quedar satisfechas si obtiene resolución favorable, y en caso de que dicha resolución fuera adversa a sus intereses, sólo hasta entonces podrá plantearlo como violación procesal en caso de que hubiere trascendido al resultado del fallo; pues se reitera, dicha determinación, no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Así, dicha resolución por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto, carece de ejecución irreparable, por lo que sólo podrá impugnarse en la vía de amparo, en su caso, al promoverse la demanda contra la sentencia que al respecto se dicte en el expediente de origen en caso de que no le sea favorable. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.13o.C.2.K, con número de registro 187018, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1169 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EL DESECHAMIENTO DE ALGÚN RECURSO NO PUEDA ALEGARSE EN AMPARO DIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, NO HACE QUE INDEFECTIBLEMENTE PROCEDA AQUÉL. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo.". La recta interpretación de la fracción en comento, acorde con el sistema en que está inmersa, debe ser en el sentido de que para que pueda alegarse una violación al procedimiento en amparo directo por el desechamiento de un recurso, es necesario satisfacer ciertas exigencias que la propia fracción contiene, como son que afecte partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo. De lo anterior deriva que el desechamiento del recurso guarde relación análoga con el resto de las fracciones, como por ejemplo el desechamiento de un recurso interpuesto contra el auto que no admite pruebas (fracción III), o el que desecha la apelación interpuesta en contra de la resolución que recayó a un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento (fracciones I y V), etcétera. Lo anterior tiene su razón de ser, porque no debe soslayarse que de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, las violaciones procesales solamente pueden alegarse en amparo directo cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, previa satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 161 de la ley en comento. Luego, no cualquier desechamiento de algún recurso debe reclamarse en amparo directo, pues puede acontecer que se solicite copia certificada de algunas actuaciones y se nieguen éstas y contra tal determinación se interponga recurso de apelación el cual es desechado, pero tal desechamiento no podrá alegarse en amparo directo por no actualizarse el supuesto previsto en la fracción IX del artículo 159 ya citado. Sin embargo, no obstante que la citada violación no pueda alegarse en amparo directo, no por ello indefectiblemente hará procedente el amparo indirecto, pues el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio está limitado por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone que solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución; por ello, debe analizarse si el recurso interpuesto fue en contra de una determinación judicial que incide en una afectación directa de un derecho sustantivo, y si ello es así, el desechamiento del recurso sí es susceptible de hacer procedente el amparo indirecto." De igual forma, apoya lo expuesto la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 439 del Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento." DOMICILIO Como la parte quejosa incumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, es decir, no señaló domicilio para recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio las listas. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. FORMA ESPECIAL DE CONTACTO Se tiene el correo electrónico proporcionado como una forma especial de contacto, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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