Geny Elizabeth Perez Sorcia
Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Geny Elizabeth Perez Sorcia
Actuaciones
- Principal
V. Se declara que ha causado estado el auto mediante el cual este Juzgado desecho la demanda de amparo. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo. Y una vez que transcurra el plazo de tres años, transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
V. Por este medio se notifica a la parte promovente, el proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Con la demanda de amparo, se tiene a la parte promovente solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se manda formar el expediente y registrarlo bajo el número de 91/2018-V-B. Ahora bien antes de entrar al estudio de la demanda de amparo, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Conforme al respecto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano la demanda, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización, para que este en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; es to es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta al agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación. En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que el momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. No es óbice a lo anterior que el garante manifieste que tiene interés legitimo para reclamar la ley antes precisada, pues en el caso, no se advierte la existencia del mismo. En efecto, el interés legitimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En suma, la quejosa no acredita contar con interés legítimo, ante la ausencia de un acto concreto de aplicación de la ley que reclama, además de que no se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar la ley de que se trata, lo legalmente procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida.
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