Genoveva Serrano Hernandez
Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/06/2022
Partes del expediente
- Genoveva Serrano Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, informa que solicitó el visto bueno a la Consejería Jurídica como parte de las obligaciones para generar el número necesario para las aportaciones solicitadas en la ejecutoria, toda vez que, son trámites internos necesarios para lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo requiérase al titular de la Consejería Jurídica del Estado de Jalisco, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la respectiva notificación, acredite que dio contestación al oficio ********** por el cual la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco le solicitó diera el visto bueno para generar las aportaciones solicitadas en la ejecutoria, apercibido que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, la que se determina de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; asimismo, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente. Para mayor ilustración remítasele copia del oficio ********. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. Tomando en consideración que a la fecha de presentación de la demanda ya existe resolución de separación del quejoso en el desempeño de sus funciones como policía custodio adscrito a la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco y ante la imposibilidad constitucional de que los elementos de seguridad sean restituidos en el desempeño de sus funciones, acorde a lo dispuesto en el artículo 123, aparatado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar los efectos de la presente sentencia, se tomará en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de dos mil diecisiete Tomo Ipágina quinientos cinco, de rubro y texto siguientes: SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) () En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización, deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos Por tanto, la responsable Comisaría General de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, hoy llamada Fiscalía General del Estado de Jalisco, deberá: Pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo, en términos de lo ordenado en jurisprudencia citada, tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio además de que dicha indemnización y prestaciones deberán computarse desde que se concretó su cese y hasta que se realice el pago correspondiente. Por otra parte, debe precisarse que las consecuencias generadas con la separación injustificada no cesan con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones de la quejosa, sino que subsiste un efecto pernicioso, consistente en la anotación en el Registro Nacional y Estatal, de Personal de Seguridad Pública, relativa a que el servidor público fue sancionado, lo que genera antecedente negativo que incide en la obligación que tienen las instituciones policiales de verificar, previa contratación de sus elementos, los antecedentes de los aspirantes y en abstenerse en contratar a aquellos que han sido destituidos por resolución firme como servidores públicos. Por tanto, para poder determinar que el derecho violado por la separación del servidor público que se califique de injustificada por derivar de un procedimiento administrativo de separación en el que existieron violaciones procesales, formales o de fondo, como es el caso, no basta ordenar el pago de la indemnización correspondiente, por lo que la responsable deberá, además: Ordenar la ANOTACIÓN en el expediente del quejoso, resguardado tanto en el Registro Nacional como en el Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que este fue separado en forma definitiva, de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII del artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Dicho efecto se obtiene de la resolución listada el ***********, dictada en la revisión principal *********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. De igual manera, se ordena notificar y se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad indicada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P. /J. 54/2014(10ª) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve, Tomo 1, correspondiente al mes de Noviembre de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, que al rubro y texto dicen: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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