Genoveva López Córdova

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Genoveva López Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo legal a que alude el numeral 98, de la ley de la materia, dentro del cual el quejoso pudo recurrir en queja el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley de la materia, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al no existir cuestión pendiente por acordar, háganse las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro respectivo; y remítase al archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de garantías propuesta. 2. En consecuencia, al ser este expediente destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******, a la Segundo del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y otra autoridad, consistente en: la resolución interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado responsable, en el expediente *******, que resolvió improcedente el recurso de revocación en contra del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, así como su notificación. Apoya lo anterior, por su contenido la tesis de Jurisprudencia I. 13º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el escrito de demanda, y como autorizados con todas las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******; toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública; asimismo, téngase con las limitaciones que señala el artículo antes referido, a ******, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que en el escrito de cuenta no se proporcionaron los respectivos datos. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaria de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio remitido por el Actuario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal en el recurso de queja 191/2020, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo emitido el treinta de mayo de dos mil diecinueve, por este Juzgado de Distrito, en el que se desechó por una parte la demanda de amparo. Sin que sea necesario acusar recibo del oficio de mérito, toda vez que la genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en atención a que el citado Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja, se acata la determinación de la superioridad; se procede a dar trámite a la demanda de amparo promovida por ******, administrador único de la sociedad "******", quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche y otra autoridad, respecto al acto reclamado consistente en *******. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, comuníquese lo anterior a las responsables. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. En vista de lo anterior y toda vez que este juzgador no advierte hasta este momento que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los numerales 108, 110, 115 y 117 de la ley de la materia, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. Seguidamente, se reanuda el procedimiento en el presente expediente, fijándose como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, lo que se da a conocer a todas las partes. Respecto a la suspensión del nuevo acto reclamado, acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo. Intervención del agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, mediante oficio, córrase traslado con copia de la demanda al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Informe Justificado. Por otra parte, con copia simple de la demanda de amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en términos de lo establecido en los artículos 115 y 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciban la notificación relativa, por escrito o en medios magnéticos acompañando copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitir el actos que se les reclaman, en caso de que éste sea cierto. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública4, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese, y personalmente.

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