Genoveva Guzmán Marcial

Expediente 239/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 49 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
239/2016
Año
2016
Actuaciones
49
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Genoveva Guzmán Marcial
  • Juez de Garantía, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que la parte quejosa Genoveva Guzmán Marcial; agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y tercero interesado Rigoberto Esteban Hernández, no se inconformaron en contra del proveído dictado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 562 a 567), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor en relación con el 201, fracción I, y 202 del citado ordenamiento legal, se tiene por consentido; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General citado; sin embargo, deberán conservarse la demanda y sentencia respectiva. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 239/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de trece de mayo de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36), se concedió la suspensión provisional, y por interlocutoria de dieciocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 100-103), se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que deberá conservarse el mencionado auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 32-34), en el que se concedió la suspensión provisional, y la interlocutoria de dieciocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 100-103), en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese el oficio CJ/SJPA/JCJZ/01928/2018-J, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y anexo que acompaña, con el cual devuelve diligenciado el despacho 400/2018 con número de orden 1067/2018, deducido de este juicio de amparo, que se remitió para notificar al tercero interesado Rigoberto Esteban Hernández, lo anterior para que surtan sus efectos legales consiguientes. Por consiguiente, dése de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio CJ/SJPA/JCJZ/1774/2018-J, signado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y anexo que acompaña, con el cual devuelve diligenciado el despacho 372/2018 con número de orden 971/2018, deducido de este juicio de amparo, que se remitió para notificar al tercero interesado Rigoberto Esteban Hernández, el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Por consiguiente, dése de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 533 y 534), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho importara respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoria, por parte del Juez de Control, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, sin exceso, ni defecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, materia común, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JUSRISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En el caso, por sentencia engrosada y confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Genoveva Guzmán Marcial, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la víctima Genoveva Guzmán Marcial, en contra del auto de ocho de ese propio mes y año, dictado dentro de la causa penal 475/2015, del índice del juzgado de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, (en ese entonces Juzgado de Garantía). 2. En su lugar, y previo a hacer del conocimiento que haga de la víctima los derechos que en su favor establece la Constitución, dicte una nueva resolución, donde deberá dejar sin efecto el auto recurrido, y como consecuencia, reconocerle a la aquí quejosa el carácter de coadyuvante dentro del proceso penal 475/2015, para que ésta proceda a ejercer sus derechos, de considerarlo pertinente. En el entendido, que al quedar sin efecto el recurso de revocación, como consecuencia, deberán quedar sin efecto las actuaciones subsecuentes, puesto que la concesión del amparo y protección de la justicia federal se otorga, para que la aquí quejosa tenga oportunidad de ejercer sus derechos dentro de la causa penal en la que actúa como agraviada." Así, el quince de agosto del año en curso (fojas 504 a 506), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este expediente, y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que diera cumplimiento. Por oficio CJ/SJPA/JCZJ/1648/2018-J, el Juez de Control, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, remitió copia certificada del proveído de veintidós de agosto del año en curso, dictado en la causa penal 475/2015, de su índice, donde determinó lo siguiente: "En la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a veintidós de agosto del dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Cumplimiento de Ejecutoria de Amparo, en la causa penal 475/2015, en la que se resolvió lo que al efecto se transcribe. En atención a la ejecutoria de amparo decretada en el juicio de amparo número 239/2016, promovido ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por Genoveva Guzmán Marcial, contra actos de esta Autoridad, en cuya sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, la cual fue confirmada en el recurso de revisión por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por lo que en el plazo concedido, se procede a resolver en los siguientes términos: Siguiendo los lineamientos esgrimidos por el Tribunal de Amparo, en primer lugar, se deja Insubsistente la resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso interpuesto por la víctima Genoveva Guzmán Marcial, en contra del auto del ocho de ese propio mes y año, dictado en el presente asunto. En virtud de lo anterior, al dejarse sin efecto la resolución relativa al recurso de revocación, como consecuencia, quedan sin efectos las actuaciones subsecuentes a la fecha de emisión de dicha resolución [.] CONSIDERANDO: PRIMERO: Este juzgador resulta competente para resolver el recurso revocación hecho valer, en términos del artículo 430 del Código Procesal Penal vigente en la región. Dicho precepto establece: "...El recurso de revocación procederá contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso y en los casos expresamente previstos en este código, a fin de que el mismo juzgador que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda...". SEGUNDO. Dicho recurso se encuentra interpuesto, en tiempo y en forma, conforme al artículo 431 del Código Procesal Penal; esto es que por una parte, se hace valer dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación, pues la notificación del acuerdo del que emana su inconformidad fue realizada el nueve de abril de dos mil dieciséis, por lo que su plazo transcurrió del once al trece del mismo mes y año; haciéndose valer precisamente el trece de abril de dos mil dieciséis; por otra parte, dicho recurso es hecho valer mediante escrito. TERCERO. Debe considerarse que la petición de la víctima, en su escrito de fecha veintiuno de marzo de 2016 para actuar como coadyuvante del Ministerio Público, fue extemporánea, porque la presentó el día veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, esto es, once días antes del señalado para la celebración de la audiencia intermedia (doce de abril de dos mil dieciséis), esto es fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, el cual precisa que presentada la acusación por parte de la representación social y hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia intermedia, la víctima podrá señalar los vicios materiales, formales del escrito de acusación y requerir su corrección, así como constituirse como parte coadyuvante, entre otros. Sin embargo, debe reconocerse que la víctima, es una de las partes actoras dentro del proceso, quien de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracciones I, II y V, párrafo segundo, parte última, tiene derecho a recibir asesoría jurídica durante el desarrollo del mismo; y que ésta aún no contaba con un asesor jurídico, en la fecha en que fue notificada de la acusación del Ministerio Público (ocho de marzo de 2016), para estar en condiciones de ejercer el derecho establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal; y que dicho apartado, relativo a los derechos de la víctima u ofendido, establece que se le deben informar .los derechos que otorga la Constitución en relación al proceso en el que actúa y proporcionase la información que solicite en relación al estado de la causa en la que tiene el carácter de víctima, lo que no se efectuó. En ese mismo sentido, es de apreciarse que la víctima en su escrito de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, hizo saber la inconsistencia que advirtió en el escrito de acusación del agente del Ministerio Público, lo cual hizo en tiempo, es decir, antes de que comenzaran a transcurrir los quince días, para la celebración de la audiencia intermedia (fijada para el doce de abril de dos mil dieciséis), partiendo de la idea que la víctima no tenía conocimiento del procedimiento a seguir en dicho caso, por no contar con un asesor jurídico, lo que transcendió de tal forma su derecho, que posterior a ello, la petición de la ocursante resultó extemporánea, y con ello, sin la oportunidad de actuar como coadyuvante del Ministerio Público, y presentar su acusación complementaria, no obstante que la víctima al momento de solicitar ser coadyuvante del Ministerio Público (veintiocho de marzo de dos mil dieciséis), haya señalado que nombraba un asesor jurídico, pues con ello no es factible subsanar tal omisión.[.] SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente el recurso de revocación hecho valer por la víctima Genoveva Guzmán Marcial; por lo que se revoca el acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis y se le reconoce el carácter de coadyuvante de Ministerio Público. SEGUNDO. Al dejarse sin efecto la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación y con ello también las actuaciones subsecuentes a la fecha de la emisión de dicha resolución, a fin de que la víctima pueda ejercer los derechos establecidos en el artículo 295 del Código Procesal Penal vigente en la región, desde este momento se señalan las nueve horas del veintiséis de septiembre del presente año, a fin de que se lleve a cabo la Audiencia Intermedia en este asunto. (.)" (fojas 528-530) Atendiendo a la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable Juez de Control, con residencia en Juchitán de Zaragoza, ha cumplido en los términos requeridos la sentencia ejecutoria dictada en este expediente. Lo anterior es así, ya que la protección de la Justicia Federal concedida a la quejosa Genoveva Guzmán Marcial, fue para el efecto de que el juez responsable, dejara sin efecto la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la víctima en contra del auto de ocho de abril de año mención, dictada en la causa penal 475/2013, de su índice y previo a dictar resolución hiciera del conocimiento de la víctima, los derechos que a su favor establece la constitución, hecho lo anterior, emitiera una nueva resolución, donde dejará sin efecto el auto recurrido; y como consecuencia, le reconociera a la aquí quejosa el carácter de coadyuvante dentro del proceso penal 475/2015, para que ésta procediera a ejercer sus derechos, de considerarlo pertinente. Así, puesto que la responsable en resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dejó sin efecto la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 475/2015, de su índice, le hizo del conocimiento a la víctima los derechos que a su favor consagra el apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal y en relación a ello, lo hizo del siguiente modo: "Por otra parte, deberá hacerse del conocimiento de la víctima los derechos que a su favor consagra el apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal, y en relación a ello, precisamente dicho apartado establece lo siguiente: "Apartado C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y, motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio de juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación, del daño". (foja 528-529). En seguida, la autoridad responsable resuelve el recurso de revocación en el que revoca el auto de ocho de abril de dos mil dieciséis y reconoce a la víctima el carácter de coadyuvante; dejando sin efecto las actuaciones subsecuentes. Por lo cual, es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido, sin excesos ni defectos, el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; por ende, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Ahora bien, toda vez que el tercero interesado Rigoberto Esteban Hernández, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, número nueve, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho vía correo electrónico al Juez de Control con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de ese Juzgado con sujeción a las disposiciones que para tal efecto se establecen en la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro de Reinserción Social número nueve, con residencia en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde se encuentra recluido el tercero interesado, a fin que le notifique el presente proveído, que en copia certificada se anexa. Asimismo, solicítese a dicho Juez de Control, que una vez que desahogue la diligencia encomendada lo haga del conocimiento de este Juzgado vía fax al número telefónico 9717142296, o bien, al correo electrónico 6jdo13cto@correo.cjf.gob.mx., remitiendo las constancias que justifiquen tal circunstancia con independencia que la devolución la realice vía postal.

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