Genoveva Gutiérrez Damian
Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Genoveva Gutiérrez Damian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversos legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se sobreseyó la instancia constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 401/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 401/2021, promovido por *** por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa declinación de competencia por parte del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, y el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, puso a la vista de las partes el informe justificado y señaló a la parte tercera interesada. Dicha parte fue emplazada y notificada de la radicación del juicio, la autoridad responsable rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un órgano con sede en el ámbito territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintidós de febrero del año en curso, dictada por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México en el toca 428/2020, que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 1273/2019 del índice del Juzgado Trigésimo Sexto Civil de esta ciudad, y ordenó reponer el procedimiento para emplazar a un litisconsorte pasivo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por la Sala responsable en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural, remitidas en su apoyo; de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente pues el acto reclamado en cita comparte la naturaleza de la determinación primigenia, que no es de imposible reparación, al tratarse de una resolución que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el numeral 107 de la Ley invocada, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley citada. En el caso, el reclamo es la resolución de segunda instancia que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, y ordenó la reposición del procedimiento para emplazar a una litisconsorte pasiva, la cual no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales, en razón de que sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, dado que únicamente trasciende en la integración de las partes en el juicio natural. Para corroborar dicha afirmación, es importante señalar que la reposición del procedimiento fue delimitada de la siguiente forma: "En consecuencia, debe reponerse el procedimiento única y exclusivamente para que se emplace a juicio a ..., para el efecto de que en su calidad de litisconsorte pasivo manifieste lo que a su derecho convenga respecto a los hechos de la demanda, y en su caso, oponga excepciones y defensas y ofrezca las pruebas que considere pertinentes; por lo que debe prevenirse a la actora y a los codemandados para que exhiban copias simples de la demanda y su contestación, así como de los documentos que anexaron a éstas, para correr traslado al litisconsorte pasivo; asimismo debe quedar subsistente todo lo actuado por las partes que intervienen en juicio, con excepción de la citación para sentencia y la sentencia definitiva." Como se advierte, la Sala responsable preservó todo lo actuado en el juicio natural, salvo la citación para dictar sentencia, y repuso el procedimiento para dar oportunidad a que se emplace a una persona para ser integrada a la litis y pueda ser afectada por la sentencia; lo anterior, sin anular el desahogo de pruebas, ni hacer requerimientos bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda. Además, es importante destacar que en el juicio de origen, la parte actora demandó a ..., su sucesión y ..., y en la sentencia definitiva que se dejó insubsistente en el acto reclamado, se había absuelto a la última persona; aspecto que puede calificarse como desfavorable para la quejosa. Al respecto, se cita, en su parte conducente, la tesis III.1o.T.Aux.3 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1379 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, registro 163746, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 593 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, registro 170244, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En ese sentido, la resolución que constituye el acto reclamado, sólo produce efectos de carácter intraprocesal, que no afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa; pues existe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente se dicte en el proceso de origen sea favorable a sus intereses; y en caso contrario, estará en condiciones de hacer valer los recursos y/o medios de defensa que correspondan. No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en este tipo de asuntos, pues lo jurídicamente relevante es que dicho criterio se emitió conforme a la Ley de Amparo anterior, conforme a la cual, era posible equiparar la imposible reparación con actos que fueran de "grado predominante o superior", situación que ya no es así conforme al nuevo texto de la ley; aspecto analizado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), citada en esta resolución. Consecuentemente al actualizarse la improcedencia del juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, debe SOBRESEERSE el presente asunto. Por ello, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, así como las pruebas de la parte quejosa, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por **** por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veinte de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LOS TERCEROS INTERESADOS NO ACUDIERON AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE AGOSTO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 401/2021, promovido por *** por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable mencionada, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa declinación de competencia por parte del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, y el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, puso a la vista de las partes el informe justificado y señaló a la parte tercera interesada. Dicha parte fue emplazada y notificada de la radicación del juicio, la autoridad responsable rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un órgano con sede en el ámbito territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es la resolución de veintidós de febrero del año en curso, dictada por la Segunda Sala Civil de la Ciudad de México en el toca 428/2020, que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 1273/2019 del índice del Juzgado Trigésimo Sexto Civil de esta ciudad, y ordenó reponer el procedimiento para emplazar a un litisconsorte pasivo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por la Sala responsable en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural, remitidas en su apoyo; de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente pues el acto reclamado en cita comparte la naturaleza de la determinación primigenia, que no es de imposible reparación, al tratarse de una resolución que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el numeral 107 de la Ley invocada, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley citada. En el caso, el reclamo es la resolución de segunda instancia que dejó insubsistente la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, y ordenó la reposición del procedimiento para emplazar a una litisconsorte pasiva, la cual no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales, en razón de que sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, dado que únicamente trasciende en la integración de las partes en el juicio natural. Para corroborar dicha afirmación, es importante señalar que la reposición del procedimiento fue delimitada de la siguiente forma: "En consecuencia, debe reponerse el procedimiento única y exclusivamente para que se emplace a juicio a ..., para el efecto de que en su calidad de litisconsorte pasivo manifieste lo que a su derecho convenga respecto a los hechos de la demanda, y en su caso, oponga excepciones y defensas y ofrezca las pruebas que considere pertinentes; por lo que debe prevenirse a la actora y a los codemandados para que exhiban copias simples de la demanda y su contestación, así como de los documentos que anexaron a éstas, para correr traslado al litisconsorte pasivo; asimismo debe quedar subsistente todo lo actuado por las partes que intervienen en juicio, con excepción de la citación para sentencia y la sentencia definitiva." Como se advierte, la Sala responsable preservó todo lo actuado en el juicio natural, salvo la citación para dictar sentencia, y repuso el procedimiento para dar oportunidad a que se emplace a una persona para ser integrada a la litis y pueda ser afectada por la sentencia; lo anterior, sin anular el desahogo de pruebas, ni hacer requerimientos bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda. Además, es importante destacar que en el juicio de origen, la parte actora demandó a ..., su sucesión y ..., y en la sentencia definitiva que se dejó insubsistente en el acto reclamado, se había absuelto a la última persona; aspecto que puede calificarse como desfavorable para la quejosa. Al respecto, se cita, en su parte conducente, la tesis III.1o.T.Aux.3 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1379 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, registro 163746, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 593 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, registro 170244, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En ese sentido, la resolución que constituye el acto reclamado, sólo produce efectos de carácter intraprocesal, que no afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa; pues existe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente se dicte en el proceso de origen sea favorable a sus intereses; y en caso contrario, estará en condiciones de hacer valer los recursos y/o medios de defensa que correspondan. No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en este tipo de asuntos, pues lo jurídicamente relevante es que dicho criterio se emitió conforme a la Ley de Amparo anterior, conforme a la cual, era posible equiparar la imposible reparación con actos que fueran de "grado predominante o superior", situación que ya no es así conforme al nuevo texto de la ley; aspecto analizado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), citada en esta resolución. Consecuentemente al actualizarse la improcedencia del juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, debe SOBRESEERSE el presente asunto. Por ello, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, así como las pruebas de la parte quejosa, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por **** por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.
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