GENOVEVA GUERRERO ÁLVAREZ y Otros.

Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
442/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • GENOVEVA GUERRERO ÁLVAREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse tenido por no presentada la demanda y carecer de relevancia documental. Incidente de suspensión. Cabe precisar que en el presente asunto no se ordenó formar los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes. En otro aspecto, se comunica a las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante Acuerdos Generales 3/2023 y 4/2023, aprobados en sesión ordinaria de doce de abril de dos mil veintitrés, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del mismo año, determinó la conclusión de funciones del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, así como el cambio de denominación y modificación de competencia del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para dar inicio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, se hace de su conocimiento que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo esta nueva denominación Precisando que este juzgado de distrito conservará su jurisdicción territorial y continuará conociendo de los asuntos turnados, radicados en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de aquellos indicados en el artículo 56 del mismo ordenamiento, conforme a la distribución de causas penales establecida en el Acuerdo General 4/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de doce de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del mismo año. Por otro lado, se autoriza el acceso del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a través del usuario ********************, por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial A para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario.

  2. Principal

    Escrito signado por el quejoso ***. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 442/2023. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Indicado lo anterior debe decirse que, de la lectura y análisis del escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala como autoridades responsables: ". a).- ORDENADORA.- Agente del Ministerio Público Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla. b) EJECUTORA.- Policía Ministerial de Izúcar de Matamoros, Puebla." De los cuales les reclama: "LOS ACTOS DE MOLESTIA INTIMIDATORIOS, realizados por la Policía Ministerial de Izúcar de Matamoros, Puebla, quienes actúan bajo la conducción y mando del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, ignorando bajo protesta de decir verdad, el número de carpeta de investigación en donde se realizan su investigación, debido que no me han querido dar informe, supuestamente porque nada más era testigo." Este Juzgado de Distrito estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa se duele de actos de molestia intimidatorios, realizados tanto por el agente del Ministerio Público, como de la Policía Ministerial de Izúcar de Matamoros, Puebla, que se traducen en que la obliguen a través de los actos de intimidación, citación y amenazas, para que se declare en cierto sentido dentro de la carpeta de investigación iniciada con motivo del homicidio cometido en agravio de quien era su concubino, ignorando el número de carpeta de investigación de donde se realizan indagatorias, en su carácter de testigo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que dicho acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Pues bien, en el caso particular se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo que la quejosa esta siendo obligada para quese declare en cierto sentido dentro de la carpeta de investigación iniciada con motivo del homicidio cometido en agravio de quien era su concubino; lo cual no lesiona sus derechos fundamentales, ya que el acto de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura por el juez de control respectivo. Por tanto, la investigación no causa daño o perjuicio a la quejosa por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación o averiguación previa, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En ese sentido para el caso de que se tramitara una carpeta de investigación instruida en contra de la aquí quejosa, previo a su consignación se integra con una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues se insiste, la petición de captura está supeditada a la determinación que en su caso se hiciera al Juez que conozca del asunto. Atento a lo anterior, tomando en consideración las razones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el proemio de su demanda. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto, los correos electrónicos que menciona en su escrito de demanda, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los demás profesionistas que menciona en su escrito de demanda, por no tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciada en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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