Genoveva Cortés Casillas
Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Genoveva Cortés Casillas
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Titular del Hospital General de Zona Número 11, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 650/2023. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo se admite en sus términos la demanda de derechos fundamentales promovida por ***. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés. Incidente de suspensión Toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa sobre la suspensión de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese por separado un cuaderno correspondiente al incidente de suspensión. Conocimiento a las partes Se hace del conocimiento de las partes lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que prevé que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, se procurará se practiquen mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias (salvo que se estime indispensable la comparecencia física de las partes, testigos, peritos u otros intervinientes o cuando alguna de las partes carezca de herramientas tecnológicas). Intervención ministerio público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informes justificados De conformidad con los artículos 115 y 117, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus informes con justificación, que deberán rendir en un plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que se les notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remitan las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el informe requerido podrá ser enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ya sea por interconexión o mediante el uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que consta evidencia criptográfica y firma electrónica del remitente. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el plazo para ello otorgado, o en su caso, no enviar las constancias aludidas, por alguna de las vías anteriores, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y, como autorizado, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **. Causas de sobreseimiento Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en el apartado que antecede. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por la parte aquí quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana dicho acto; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Dada la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que no existe tercero interesado. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente asunto. Exhortación a partes para trámite de juicio en línea Se exhorta a las partes, para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar las notificaciones personales vía electrónica. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22,cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
- Incidental
En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno del juicio constitucional 650/2023, promovido por ***, contra actos del Titular del Hospital General de Zona Número 11, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, con copia simple del escrito de demanda, tramítese el incidente de suspensión respectivo. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá lugar a las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés. Informes previos Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 136 y 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. En la inteligencia y para estar en condiciones de proveer lo conducente al artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán precisar en su informe previo si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen; igualmente, expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Se les hace saber que la falta de la rendición de su informe harán presumir ciertos los actos reclamados, de conformidad con el último párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Actos reclamados Del estudio íntegro de la demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: I. La omisión del Hospital General de Zona Número 11, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de proporcionarle los servicios médicos que requiere, así como la intervención quirúrgica, terapias y medicamentos que refiere necesita por su condición de salud. Efectos para los cuales se solicita la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se le proporcione de manera oportuna, completa e integral el tratamiento y medicamentos que requiere con motivo del deterioro de su salud. Procedencia o improcedencia de la medida suspensional Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X2 , de la los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, conviene precisar que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial preservar la materia de amparo para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo cual traería como consecuencia que se haga ilusoria para la quejosa la protección de la justicia federal. Además, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ante esa circunstancia, este juzgado de Distrito considera que sí se cumplen con los requisitos señalados en párrafos que anteceden, pues la medida cautelar: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso, ****; y, b) Con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público por los motivos que se expondrán. Ahora bien, respecto a lo reclamado por la parte quejosa, el dispositivo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el aspecto que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 4. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]". La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la salud tutelado por el artículo 4 constitucional, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo; es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del artículo 4 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, lo cierto es que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implica adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. De acuerdo con lo anterior, el derecho a la salud previsto en el numeral 4 constitucional, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico psicológica. Se trata de un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del estado de bienestar. Así, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal y, en consecuencia, para poder llevar una vida digna. La plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables y, sobre todo, evitar una mortalidad prematura. Ahora, es importante señalar que el derecho a la salud se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, a saber: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 12. [.] 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. [.] 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: [.] a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; [.] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; [.] c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; [.] d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.". De lo expuesto, se pone de manifiesto que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Aunado a lo anterior, es importante destacar que conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, en el capítulo IV relativo a "Disposiciones para la Prestación de Servicios de Hospitales", se establecen algunas de las obligaciones de los nosocomios del país, del que resulta importante resaltar los numerales siguientes: "Artículo 69. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por hospital, todo establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación y que tenga como finalidad la atención de usuarios que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Puede también tratar pacientes ambulatorios y efectuar actividades de formación y desarrollo de personal para la salud y de investigación." "Artículo 70. Los hospitales se clasificarán atendiendo a su grado de complejidad y poder de resolución en: I.- HOSPITAL GENERAL: Es el establecimiento de segundo o tercer nivel para la atención de pacientes, en las cuatro especialidades básicas de la medicina: Cirugía General, Gíneco-Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El área de hospitalización contará en los hospitales generales con camas de Cirugía General, Gíneco-Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría, donde se dará atención de las diferentes especialidades de rama. Además deberá realizar, a favor de los usuarios, actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados paliativos, así como de formación y desarrollo de personal para la salud y de investigación científica; II.- HOSPITAL DE ESPECIALIDADES: Es el establecimiento de segundo y tercer nivel para la atención de pacientes, de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas que presta servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización y que deberá realizar, a favor de los usuarios, actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados paliativos, así como de formación y desarrollo de personal para la salud, y de investigación científica, y III.- INSTITUTO: Es el establecimiento de tercer nivel, destinado principalmente a la investigación científica, la formación y el desarrollo de personal para la salud. Podrá prestar servicios de urgencias, consulta externa, de hospitalización y de cuidados paliativos, a personas que tengan una enfermedad específica, afección de un sistema o enfermedades que afecten a un grupo de edad." "Artículo 71. Los establecimientos públicos, sociales y privados que brinden servicios de atención médica para el internamiento de enfermos, están obligados a prestar atención inmediata a todo usuario, en caso de urgencia que ocurra en la cercanía de los mismos." "Artículo 72. Se entiende por urgencia, todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata." "Artículo 73. El responsable del servicio de urgencias del establecimiento, está obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido." "Artículo 74. Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure su tratamiento y que estará obligada a recibirlo." De lo precitado se advierte, medularmente, que existe diversa clasificación de hospitales dependiendo el nivel de atención de pacientes conforme a las especialidades con las que se cuente; sin embargo, todos están obligados a presentar atención inmediata a todo usuario. De ahí que el responsable del servicio de urgencias del establecimiento esté obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y tratamiento completo y cuando sus recursos no permitan la resolución definitiva del problema, se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure su tratamiento y que estará obligada a recibirlo. En el caso, de las manifestaciones expuestas en la demanda bajo protesta de decir verdad -las cuales, hasta este momento procesal deben tenerse por presuntivamente ciertas- se colige que la quejosa acudió al Hospital San Gerardo, en esta ciudad, a efecto de que se le brindara atención médica de urgencia, con motivo de diversos síntomas que presentó, en donde fue internada y atendida, asimismo, se le practicaron estudios con base en los cuales se le diagnosticó que había sufrido un accidente cardiovascular. Con el diagnóstico anterior, acudió al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de darle seguimiento a su padecimiento, en donde se le dio medicamento y se le indicó que se estaba actuando como lo indica la Dirección de Prestaciones Médicas. Posteriormente, en una diversa clínica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue diagnosticada con lo que se conoce comúnmente como "venas tapadas", indicándosele que requería por lo menos implantar unos catéteres para permitir el flujo sanguíneo a fin de que no se comprometiera su salud. Refiere además la quejosa que sus problemas de salud no han mejorado, por lo que volvió al hospital del instituto responsable en esta localidad, en el que se le programó cita para esta propia data; sin embargo, teme por su salud pues considera que no se le han proporcionado los servicios de salud adecuados y a los que tiene derecho, ya que considera que su padecimiento amerita intervención quirúrgica la cual únicamente puede ser referenciada y/o contrareferenciada a las clínicas disponibles en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En atención a lo anterior, se estima que las conductas reclamadas se traducen en la omisión de proveer la atención médica necesaria para el tratamiento de la condición que padece, todo lo cual, desde luego compromete su vida, salud, dignidad e integridad personal; por tanto, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo3 , se le concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: I. La autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, de inmediato deberá abstenerse de realizar cualquier acto que tenga como finalidad o resultado vulnerar o poner en peligro la vida y la salud de la quejosa. II. Para tal efecto, deberá realizar todas las acciones necesarias a efecto de respetar el derecho a la salud que le asiste a la quejosa, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. III. Asimismo, deberá brindar la atención médica especializada y toda la que sea necesaria para salvaguardar la vida, la salud e integridad física de la quejosa, respecto del padecimiento que presenta, proporcionándole los estudios de laboratorio que requiera la quejosa, así como los medicamentos necesarios para su tratamiento, en el entendido que la autoridad responsable Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta población, de ser necesario y no existir impedimento, deberá gestionar a la brevedad la interconsulta en la Unidad médica correspondiente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de brindar a la quejosa la atención médica especializada que requiere. En la inteligencia que las autoridades responsables se encuentran obligadas a emplear todos los recursos que tengan a su disposición para lograr dicho fin, por lo que la atención médica de la quejosa queda bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, en el entendido que si la autoridad responsable considera necesario que la quejosa ****, sea dirigida a diversa institución médica fuera de esta ciudad, para proporcionarle una mejor atención médica y hospitalaria, deberá tomar todas las medidas necesarias para ello, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional. Domicilio y autorizado Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y, como autorizado, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****. Habilitación de días y horas inhábiles Atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente incidente de suspensión. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
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