Genoveva Amador Amaro
Expediente 1227/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Genoveva Amador Amaro
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Existencia de documentos (no originales). No se omite señalar que las documentales que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como no originales; no obstante, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y seis minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado, *************, se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Tlaxcala, rendido con motivo de la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa. Lo anterior, tomando en consideración que dicha ampliación de demanda le fue notificada al referido tercero interesado el trece de diciembre del año en curso. En tales condiciones y a fin de dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con seis minutos del tres de enero de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
SE LISTA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos de la Responsable de la Unidad Estatal del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros en Tlaxcala (UESICAMM TLAXCALA) y otra autoridad. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1227/2021. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. PRECISIÓN TRÁMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: El contenido del Oficio UESSICAMM/209/2021 y/o DRL/1588/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se le comunica que no procede su participación en el Proceso de Selección para la Promoción de Director, por no cumplir con el perfil académico, por lo que quedará sin efectos su asignación, y que deberá incorporarse a la función educativa que venía desempeñando a partir del uno de enero de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 612, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I3, y 54, fracción II, de la Ley de Amparo, y 1035, fracción I, de la Constitución Federal. Del artículo 5º, fracción II de la Ley de la materia, se desprende que para efectos de los juicios de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. En tal sentido, el Máximo Tribunal del país interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquéllos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desestimó la necesidad de emplear "el uso de la fuerza pública" como elemento integrante del acto autoritario, aceptando la posibilidad de que organismos descentralizados, como las Universidades, puedan emitir actos de autoridad susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otro tipo de actos que no resultan ser impugnables en juicio constitucional; por ello, ha sido ampliado dicho criterio y también se tiene con tal carácter a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. A partir de tal conclusión, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supra a subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que se tiene que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes respectivas para dirimir las controversias que se susciten, por ejemplo, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Robustece lo anterior, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, para el caso, se considera que los actos que reclama la parte quejosa no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador patrón equiparado; es decir, derivan de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de suprasubordinación con el mismo, por lo cual, al emitir u omitir dictar los actos reclamados las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituyen actos en su calidad de patrón equiparado de la ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten u omitan adoptar las autoridades adscritas a la dependencia señalada como responsable, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta o pretende que se ejecute, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, los actos de que se duele no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Asimismo, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la el contenido del Oficio UESSICAMM/209/2021 y/o DRL/1588/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se le comunica que no procede su participación en el Proceso de Selección para la Promoción de Director, por no cumplir con el perfil académico, por lo que quedará sin efectos su asignación, y que deberá incorporarse a la función educativa que venía desempeñando a partir del uno de enero de dos mil veintidós, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante los órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las autoridades que señala como responsables. Se cita por ser aplicable al caso, la tesis I.6o.T.J/28 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, abril de 2016, página 1956, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De igual forma, la tesis III.4o.T. J/3 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Marzo de 2016, página 1639, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Lo anterior, aunado a que la quejosa manifestó que labora como Maestra de grupo de primeria con nombramiento definitivo, siendo electa para ocupar la función de Directora Técnica de la Escuela Ricardo Carvajal, Turno Matutino, con clave 29DPR0205V, ubicada en Ocotoxco, Municipio de Yauhquemecan, Tlaxcala, con orden de adscripción de seis de octubre de dos mil veintiuno; y mediante oficio UESICAMM/209/2021 y/o DRL/1588/2021 de veinticinco de noviembre del año en curso, la autoridad responsable le hizo de su conocimiento que no procedía su participación en el concurso de promoción vertical a la categoría de Director. De lo que se aprecia que el quejoso tiene un puesto cuya función no tiene relación directa con la investigación y persecución de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, razón por la cual no está sujeto al régimen de excepción previsto en el diverso 123, apartado B, fracción XIII Constitucional, por lo que, los actos reclamados derivan de las relaciones laborales entre particulares que se ubican en un mismo plano (patrón-trabajador). En mérito de lo expuesto, este Juzgado determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, párrafo primero, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, analizados en su conjunto con el diverso 113 de la citada legislación, permiten concluir que debe desecharse de plano la demanda de amparo origen de este asunto. De esta manera, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Lo anterior se determina así, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el quejoso en su demanda de amparo haya manifestado que no existe ningún procedimiento administrativo en su contra, pues de la lectura íntegra de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso, como se indicó, de lo que se duele es de la injustificada e infundada suspensión sin goce de salario, que lo separa de sus funciones como servidor público del Plantel 01 Tlaxcala del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, sin el pago de salarios ni prestaciones que como trabajador le corresponde; así como el acuerdo emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones subsecuentes, incluso las personales, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Engelbert Rodríguez Martínez, por así haberlo solicitado. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ***
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Genaro García Robles673/2015
- Genaro López Sánchez99/2018
- Genaro Meza Pérez1181/2021
- Genaro Sánchez Domínguez566/2022
- Genaro Vázquez Molina94/2017
- Geneautry Duran Rojas918/2018
- Genoveva Blanca Rosales Hernández50/2020
- Genoveva Meléndez Rosete551/2022
- Genoveva Zamora Flores507/2020
- Genoveva Zamora Flores719/2022
- Georgette Alejandra Pointelin González497/2016
- Geovanni Cebada Gutiérrez817/2023