Genovel Dominguez Sanchez

Expediente 1224/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1224/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Genovel Dominguez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VII CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SINTESIS DEL AUTO DE ESA PROPIA FECHA:Vista la demanda de amparo formulada por Genovel Domínguez Sánchez, contra actos del Director General de Justicia Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1224/2018-VII-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: -La resolución contenida en el oficio SGB-V-49014, de diez de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la cual el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, declaró procedente el retiro definitivo del aquí quejoso Genovel Domínguez Sánchez, como cabo de infantería, en el 15° Batallón de Infantería. Determinación que, según lo manifestado por el aquí quejoso bajo protesta de decir verdad, fue emitida en el recurso de inconformidad que hizo valer en contra de la declaratoria de retiro provisional emitida en su contra por el aludido Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, mismos que establecen:. De los preceptos anteriores se colige, a contrario sensu, se colige que el amparo indirecto no es procedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean la resolución definitiva, ya sea por violaciones en la misma o durante el procedimiento si en este último caso dejaron indefenso al quejoso, trascendiendo ello al resultado del fallo, o actos en el procedimiento que no sean de imposible. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, el juicio de amparo es procedente cuando se promueva contra actos emitidos en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decide en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en el mismo juicio de amparo deben hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento. Sin embargo, a través del juicio constitucional también es dable impugnar a través del juicio de garantías actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, dictadas dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si éstas tienen sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, lo que no acontece cuando solamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el disconforme, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo se desprenden como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: a) Que el dieciocho de junio de dos mil dos, el aquí quejoso causó alta como soldado en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con matrícula ***, prestando sus servicios actualmente en el 15 Batallón de Infantería. b) En fecha dieciséis de mayo de dos mil quince, le fue expedido en certificado médico en el que se indicó que el ahora disconforme se encontraba incapacitado para prestar el servicio activo de las armas, por padecer miocardiopatía por enfermedad de changas; enfermada comprendida en la fracción XXXV, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. c) En vista de lo anterior, el diecinueve de junio de dos mil quince, el General Secretario de la Defensa Nacional ordenó al Director General de Justicia Militar que iniciara el correspondiente procedimiento administrativo; lo que este último así hizo, y mediante oficio SGB-V-17264, de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, deducido en dicho procedimiento, se emitió en perjuicio del aquí quejoso la declaración provisional de retiro, por incapacidad. d) Informe con dicha determinación, el ahora quejoso interpuso en su contra recurso de inconformidad, el cual fue resuelto mediante oficio SGB-V-49014, de diez de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual el aludido Director General de Justicia Militar emitió en su perjuicio la declaración definitiva de retiro. -Siendo esta última determinación, la que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el quejoso reclama la declaratoria de retiro definitivo que emitida en su perjuicio en el recurso de inconformidad que interpuso en el procedimiento administrativo instaurado en su contra por la autoridad responsable, con motivo del padecimiento que le fue diagnosticado; sin embargo, dicho acto no constituye la resolución definitiva dictada en ese procedimiento, ni puede considerarse que se trate de un acto de imposible reparación, en atención a lo que más adelante se expondrá. En principio, debe tenerse presente el contenido de los artículos 4, fracción IX, 21, 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que disponen:... Del contenido de los numerales citados, importa destacar los siguientes aspectos: a) La declaración de procedencia de retiro es el documento que la Secretaría de origen emite para el trámite de retiro de un militar, a fin de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio económico de retiro. b) El retiro es la facultad que el Estado ejerce, por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en la ley. c) La situación de retiro es en la que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley, al ejercer el Estado la facultad de retiro. d) En caso de retiro forzoso las dependencias encargadas del manejo del personal militar en la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, informarán a la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro, proporcionando la documentación comprobatoria. e) La Secretaría respectiva ordenará el cómputo de servicios del militar, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. f) La Secretaría de que se trate con las pruebas recabadas, declarará la procedencia del retiro, al estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. g) La declaratoria de procedencia de retiro se notificará al militar, dándole a conocer el cómputo de sus servicios y el grado con el que será retirado, para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad o formule su inconformidad, que sólo podrá referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado y al cómputo de sus servicios. h) En el mismo escrito de inconformidad, el militar podrá ofrecer pruebas, que se recibirán en un plazo de quince días siguientes al fenecer el plazo anterior. i) La Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros formulará, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la inconformidad, la declaración definitiva resolviendo las objeciones, aceptándolas o rechazándolas; dicha resolución será notificada a los interesados. j) Cuando se reconozca la procedencia del retiro del militar se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. k) El citado Instituto realizará el estudio de antecedentes y formulará un dictamen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, sobre la procedencia del beneficio económico de retiro, su naturaleza y monto. l) Visto el dictamen, la Junta Directiva del Instituto dictará resolución en un plazo igual al anterior, concediendo o negando el beneficio económico de retiro. m) La Junta Directiva, en su resolución, acatará la declaración definitiva de retiro de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto a la personalidad militar, las jerarquías en el activo y la causa o causas de retiro. n) La resolución de la Junta Directiva tendrá el carácter de provisional y podrá ser recurrida en reconsideración, en el plazo de quince días siguientes a su notificación, pudiéndose ofrecer pruebas. o) El recurso de reconsideración será rechazado de plano, cuando se refiera a lo resuelto por la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros. p) Interpuesto el recurso de reconsideración, la Junta Directiva dictará resolución definitiva en la que ratificará, modificará o revocará la provisional. q) Agotado el procedimiento, el Instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o compensaciones, para su sanción y para que puedan ser ejecutados. r) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificará de inmediato al Instituto, la aprobación (sanción) o denegación del beneficio económico de retiro. s) A su vez, el Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, así como al militar o familiares del militar, la resolución definitiva de la Junta Directiva y la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. t) La Secretaría de origen girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro, una vez que reciba la notificación del Instituto, y cuando así proceda. De lo relatado deriva que el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar, se conforma de cuatro etapas, a saber: 1. Declaración de procedencia de retiro, 2. Otorgamiento del beneficio económico de retiro, 3. Sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y 4. Orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. Siendo esa última etapa con la cual se concluye el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar, debido a que a partir de ese momento estará en situación de retiro y gozara de los beneficios económicos respectivos; esto es, con dicha orden de baja en el activo y alta en situación de retiro se decide, en definitiva, su situación jurídica en las fuerzas armadas mexicanas. En otras palabras, el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar, permite concluir que inicia con la declaración de procedencia de retiro y culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, en la que, de manera definitiva, el militar se coloca en situación de retiro con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley. En ese orden de ideas, la resolución reclamada que dirime un recurso de inconformidad en el que el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia del retiro del aquí quejoso no tienen la característica de ser definitiva, porque a través de dicha resolución únicamente se agota la primera etapa del procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro, denominada declaración de procedencia de retiro, que esencialmente tiene como finalidad principal determinar si el militar en activo se ubica en alguna causa de retiro, de las previstas en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. De ahí que, como se adelantó, dicho acto reclamado no encuadre en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se instauró en contra del aquí quejoso. Aunado a lo anterior, se tiene que dicha determinación tampoco puede ser considerada como de imposible reparación, debido a que, por su naturaleza, la misma sólo tiene el efecto de dar por concluida la primera etapa del procedimiento, pero no implica que con motivo de la misma se otorgue la baja del servicio activo al aquí quejoso, ni que se le suspendan las prestaciones que percibe por ello, pues, el mismo sigue estando activo hasta en tanto no se emita la orden en el activo y alta en situación de retiro; tan es así que el propio disconforme reconoció que a la fecha continúa prestando sus servicios. Máxime, que las violaciones procesales en las que, según aduce el quejoso, incurrió la responsable durante la substanciación del aludido recurso de inconformidad en el que se emitió la declaratoria definitiva de retiro, podrán hacerse valer al momento de reclamarse la resolución definitiva en dicho procedimiento, pues de esa manera lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, ya que será hasta ese momento en el que podrá apreciarse con toda claridad si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del aquí quejoso y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado del fallo. Por tanto, la demanda que se provee resulta notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Genovel Domínguez Sánchez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tienen los estrados de este juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, en virtud de que no señaló alguno en su demanda de amparo; lo anterior, hasta en tanto el quejoso proporcione algún domicilio para tales efectos, dentro de la zona conurbada en la que reside este órgano jruisdiccional. Asimismo, se tiene como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alejandro Flores González, Julio Cuevas Ocampo, Beatriz Peralta Vargas, Erasmo Salyano Alvarado, Felipe Olvera Montes, y Juan Luis Ruíz Zarate, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que cita el promovente en su demanda, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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