Genny Roxana Nápoles Briñones y Otros.
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Genny Roxana Nápoles Briñones y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, con el cual, en atención a la compensación solicitada, remite la boleta de turno número 20221581020100036, correspondiente al presente sumario. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de marzo de dos mil veintidós. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en representación de ***, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 2. Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 3. Director del Instituto Nacional de Migración dependiente del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 4. Delegado del Instituto Nacional de Migración dependiente del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 292/2022-2. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada", lo cual excluye toda posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es un requisito de procedibilidad en el juicio de amparo, en cuya ausencia no puede iniciarse. En relación con el citado principio, el artículo 6°, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, el diverso numeral 15 establece, en lo que interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De conformidad con los transcritos preceptos, asiste legitimación para instar el juicio de amparo a la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien puede promover la demanda por sí mismo, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En lo que concierne al último supuesto -por conducto de cualquier persona- la Ley de Amparo estatuye que dicha legitimación tendrá lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, etcetera), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, es decir, que no pueda hacerlo por sí mismo por una causa ajena a su voluntad, lo que en todo caso debe advertirse de lo narrado en la demanda. En el particular, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que ***, solicita el amparo en favor de ***, en contra de los siguientes actos reclamados: "4. ACTOS RECLAMADOS a). A todos y cada una de las autoridades señaladas como responsables, les reclamamos: I. La ILEGAL DETENCIÓN, RETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN, que soy objeto, sin juicio previo, sin otorgarme garantía de audiencia, ya que me encuentro recluido sin poder salir de estas instalaciones sin que haya mediado procedimiento legal alguno. II. La inminente DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y/O DESTIERRO del territorio que ocupan los Estados Unidos Mexicanos, sin que haya mediado juicio previo y me hayan otorgado garantía humana de audiencia. III. El impedimento de TRANSITAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO MEXICANO, para llegar a mi destino que son los Estados Unidos de Norteamérica, no de quedarme en el territorio de México. IV. La NEGATIVA MATERIAL de otorgarme SALVOCONDUCTO, para transitar por el territorio mexicano, debido a que las responsables han suspendido trámites para solicitud de salvoconducto. (.)" Como puede apreciarse, la demanda de amparo no es presentada por la directa quejosa, sino por un tercero, quien promueve en su representación, aduciendo que la peticionaria se trata de una persona extranjera (cubana) que se encuentra de paso por territorio nacional con el propósito de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, empero, el siete de marzo de dos mil veintidós fue detenida por la policía en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e ingresada a una Estación Migratoria Temporal del Instituto Nacional de Migración, en donde permanece a la fecha con el temor de ser deportada en cualquier momento. No obstante lo anterior, de lo narrado en el escrito inicial no se desprende que la directa quejosa se encuentre imposibilitada para promover la demanda por sí misma, lo cual resulta necesario para que cualquier persona pueda promover en su nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de realizar su búsqueda a efecto de requerirle que manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor. En efecto, de lo narrado en la demanda se desprende que si bien la directa quejosa se encuentra privada de su libertad al estar alojada en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, no se advierte que dicha condición le impida en forma absoluta defender sus derechos, ya sea por sí misma, por conducto de su apoderado, o bien, a través de su defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal -lo cual no acontece en el caso-, máxime que el alojamiento propio del procedimiento administrativo migratorio no supone en sí mismo un aislamiento total de las demás personas. Ciertamente, el promovente refiere que la directa quejosa se encuentra incomunicada en el lugar de su alojamiento; sin embargo, el conocimiento de la situación migratoria de aquella que demuestra el promovente implica necesariamente que ha mantenido comunicación con la impetrante de amparo y, siendo así, nada impedía a la directa agraviada promover la demanda. Esto es, en observancia al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, correspondía exclusivamente a ***, firmar la demanda al no presentar ningún impedimento para ello, habida cuenta que las diversas manifestaciones vertidas por el promovente así lo denotan, empero, contrario a dicho principio, el ocurso fue suscrito por un tercero, quien no justificó su calidad de apoderado o defensor, y por ende, de representante legal de la quejosa, único facultado para promover en nombre de aquella. De ahí que *** carezca de legitimación para solicitar el amparo en nombre de ***. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al profesionista que autoriza, por tratarse del propio promovente. Por otra parte, no ha lugar a tener el número telefónico y correo electrónico que proporciona para recibir notificaciones, ya que esos medios de comunicación no se encuentran establecidos, ni reconocidos por la Ley de Amparo, para tales efectos. Se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la ley de la materia. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del número telefónico y correo electrónico que proporciona para, en su caso, brindar atención respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. COMPENSACIÓN Finalmente, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de que realice la compensación correspondiente. Notifíquese.
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