Genny Leticia González Montalvo

Expediente 1260/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1260/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado
  • Genny Leticia González Montalvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA I. Mérida, Yucatán, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Fiscal en Jefe en Turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Kanasín, Yucatán, mediante el cual realiza manifestaciones en relación a su informe de suspensión de plano rendido en autos, el cual se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que por acuerdo de veintisiete de enero de esta anualidad, se archivó este juicio como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente expediente y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo, se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Finalmente, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, para que cause estado el acuerdo por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a las partes, con excepción de las autoridades responsables dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. De conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente acuerdo. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve; constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita e informes justificados los cuales obran agregados en autos. Abierto el período de pruebas la secretaria da cuenta con la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como las constancias remitidas por el Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en el párrafo que antecede, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaria hace constar que no hay escrito alguno de las partes; con lo anterior se cierra el señalado período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver el presente juicio de amparo 1819/2019-I promovido por el Ejido de Texan, municipio de Mérida, Yucatán, contra los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1º, 2, 8, 14, 16 y 17 constitucionales, y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el Ejido de Texan, municipio de Mérida, Yucatán, por conducto de su Comisariado Ejidal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Delegado en Yucatán, Registrador Integral de la Delegación en el Estado y del Director General del Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, que se hizo consistir en: La falta de contestación a la solicitud de trámite número SIMCR 31190005690, presentada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve. La falta de calificación registral y conclusión del trámite relativo a la solicitud antes citada. Segundo. Admisión de demanda. En proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebra conforme al acta que antecede, y C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Federal es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque en el caso se reclaman actos omisivos, cuya ejecución material de realizarse tendría lugar dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En el caso en estudio, la parte quejosa reclama: La falta de contestación a la solicitud de trámite número SIMCR 31190005690, presentada el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, y la falta de calificación registral y conclusión del trámite relativo a dicha solicitud. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir sus informes justificados el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, promoviendo por el Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, al rendir sus correspondientes informes justificados negó expresamente el acto que se les atribuyó. En tal virtud, ante la negativa de los actos atribuidos a las nombradas responsables, y la falta de pruebas que desvirtúen tal negativa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados atribuidos a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia número 310, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. Por otra parte, el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que se tiene por existente. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que la parte quejosa expresó y están contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CONLOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte solicitante del amparo, en esencia, aduce como concepto de violación que se vulneraron sus derechos humanos de administración de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 8º Constitucional, debido que la autoridad responsable no ha contestado su solicitud y ha transcurrido ventajosamente el término para que lo hiciera. Es fundado este motivo de inconformidad en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b) de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. - - - A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la transcripción que antecede se advierte que esos preceptos consagran el derecho de seguridad jurídica y administración de justicia, establecida en favor de los gobernados, es decir, consigna como derecho de todo individuo, el de acudir a la jurisdicción del Estado a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales u órganos con facultades materialmente y formalmente administrativas, como un servicio público en un plazo razonable, en función de necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de las actuaciones administrativas y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de las funciones administrativas realicen las actividades que les correspondan. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, se aprecia que realiza diversas manifestaciones en el sentido de que los trámites ingresados ante esa autoridad se atienden en orden de prelación, y que solo se ha realizado la validación y revisión física de la solicitud 31190005690, sin que a la presente fecha se advierta que se haya dado trámite a la petición realizada por la parte quejosa mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, presentada ante su potestad en esa misma fecha, ni que se hubiera emitido la calificación registral y en su caso, realizado la inscripción definitiva. En virtud de lo anterior, se concluye que no se ha cumplido cabalmente con los derechos de seguridad jurídica y administración de justicia pronta y expedita previstas en los artículos 8 y 17 constitucionales, por lo que el proceder de la responsable conculca los derechos humanos de la aquí parte quejosa. Ello, porque su proceder se traduce en el retardo de la administración de la justicia en los términos de ley, en virtud de la falta indefinida de dictar el acuerdo correspondiente y comunicar en breve término la contestación respectiva a la ahí parte interesada conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Situación que denota una falta en las funciones administrativas que realizan los órganos encargados de ello, por tanto, su acto infringe los derechos contenidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, dado que atentan contra seguridad jurídica, prontitud y expeditez en la administración jurídica tutelada. Sustenta lo anterior, la tesis 1a.CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ejido de Texan, municipio de Mérida, Yucatán. Sexto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita para el efecto de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán: Realice las gestiones necesarias en respuesta a la solicitud de la parte quejosa formulada por escrito de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, presentada en esa misma fecha, que generó la solicitud número SIMCR 31190005690, en la que se pidió la inscripción del acta de asamblea ejidal celebrada el veintisiete de enero de dos mil diecinueve; asimismo, se emita la calificación registral correspondiente y, en su caso, de resultar positiva, se realice la inscripción definitiva. Para el caso de que sea emitida calificación negativa, deberá hacerse del conocimiento de la parte quejosa. En todo caso, deberá acreditarse a este Juzgado la realización de dichos trámites y la entrega de las constancias respectivas a la parte quejosa. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Director en Jefe, y al General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, en términos del considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege al Ejido de Texan, municipio de Mérida, Yucatán, contra los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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