Geney Beltran Felix

Expediente 529/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
529/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Geney Beltran Felix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad de México; a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Causa estado ejecutoria cumplida. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el proveído a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, por lo que permanecerá en este órgano jurisdiccional un período de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y posteriormente será transferido al centro archivístico que corresponda. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y a la tercera interesada.

  2. Principal

    Ciudad de México; ocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito presentado por la parte quejosa por medio del cual, respecto a lo ordenado mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, manifiesta su entera conformidad respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veintinueve, pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a declarar si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla con base en los elementos existentes en el expediente. Estudio de Cumplimiento de Sentencia Ahora bien, conviene tener presente algunas de las consideraciones esenciales de la sentencia de amparo, en la cual se consideró: "(.) En el caso, la sala responsable al momento de resolver el toca de apelación 387/2019 fundó su argumento en la diligencia de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 90-92 del tomo III de pruebas que obran por separado) relativa a la entrevista sustentada por la autoridad judicial y el menor Carlos Osvaldo Beltrán Lecona, arguyendo que el menor estaría mejor bajo el cuidado de su progenitora por así haberlo expresado aquél en dicha diligencia; además, porque no se había acreditado en autos que sufriera de maltrato o violencia por parte de su madre. Empero, se estima que esa apreciación es subjetiva, pues para arribar a esa conclusión, debió allegarse de otras probanzas, tales como, periciales en trabajo social o psicológicas, entre otras, para poder constatar de manera objetiva cuál es el entorno más benéfico y adecuado para el desarrollo integral y vida digna del menor mencionado, así como evaluar las posibles repercusiones que se pudieran dar en contra de éste. Esto es, debió desmenuzar los pros y contras de otorgar la guarda y custodia a uno de los padres, es decir, con el desahogo de las pruebas que se proponen o inclusive con aquellas que estimara la sala conducentes, llegar a la convicción objetiva de lo mejor para el infante, es decir, si era mejor quedarse con su padre en la Ciudad de México o bien mudarse con su progenitora a la ciudad de Puebla, y al no haberlo hecho transgredió el interés superior del niño. Se estima lo anterior, pues todas las autoridades deben asegurar y garantizar en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre un infante, el pleno disfrute y goce de sus derechos humanos, especialmente aquellos que tengan que ver con el desarrollo óptimo, los que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas, como alimentación, salud física y emocional, vivienda y el vivir en familia con lazos afectivos, educación y sano esparcimiento. Esto quiere decir que las autoridades deben implementar medidas reforzadas para garantizar estos derechos, ya que sus intereses deben protegerse con una mayor intensidad dada su vulnerabilidad. Así, en el caso concreto, al tratarse de una controversia donde se dirime la guarda y custodia de dicho menor, se debe velar en todo momento por establecer de la forma más objetiva y exhaustiva, lo que sería más benéfico para su desarrollo psicológico, espiritual, escolar, sexual, entre otros, y no solo basarse en la entrevista que se le pueda realizar ante autoridad judicial, máxime que al ser menor es muy susceptible a ser influenciado por alguno de los padres. Esto se corrobora, porque en la diligencia comentada (foja 91, del tomo III de pruebas que obra por separado), en uso de la palabra el representante social adscrito al juzgado de origen, tuvo a bien solicitar al juez que se practicaran periciales en materia psicológica a los padres y al menor para determinar cuál era el mejor entorno del infante, sin que el juez de origen haya proveído algo al respecto, ni la sala responsable, pues se insiste al tratarse de algo tan delicado como la guarda de un menor, lo cual repercutirá en el futuro respecto a su salud emocional, social y toma de decisiones, entre otras, debió acordar favorablemente la petición del representante social y agotar todas las posibilidades probatorias inclusive de oficio, con el fin de allegarse de mayor información y resolver quién de los padres debía quedarse con la guarda y custodia de su hijo. Sirve de apoyo la Tesis Aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro y texto siguiente: MENORES. SU CAMBIO DE DOMICILIO NO PUEDE SER DETERMINADO UNILATERALMENTE POR EL PROGENITOR TITULAR DE LA GUARDA Y CUSTODIA, SI AMBOS PADRES CONSERVAN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. De la interpretación armónica de los artículos 164, 168, 413, 414, 416, 418 y 422 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que la patria potestad se ejerce por los padres sobre la persona y los bienes de los hijos, y en caso de la separación de los progenitores, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes, quedando el menor bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos (custodia), mientras que el otro tendrá la obligación de contribuir con el que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia, si no fue privado de la patria potestad. Por consiguiente, el progenitor que detenta la guarda y custodia sobre el menor, no puede cambiar unilateralmente el domicilio de éste, ya que la titularidad de esos derechos no implica un poder omnímodo y exclusivo para determinar el lugar en que debe vivir el infante, porque tratándose de esa decisión tan importante debe intervenir también el otro progenitor, ya que al estar en pleno ejercicio de la patria potestad, conserva el derecho de convivir con su hijo e, incluso, la obligación de velar por la formación física, espiritual y moral de él, así como atender a la preparación para una profesión o actividad determinada, que le represente utilidad, lo que no podría llevar a cabo si éste es trasladado a un lugar distante sin su consentimiento o sin que se fijen previamente las bases de la convivencia y visitas entre ambos, por lo que es inconcuso que los dos padres deben resolver de común acuerdo ese cambio y en defecto de convenio, debe ser el Juez competente el que determine todo lo conducente a la formación y educación del menor, entre lo que destaca lo relativo al lugar y ambiente en que ha de desenvolverse, pues no es posible que sin una debida justificación se distancie a los hijos de sus padres, en tanto esto puede implicar una separación fundamental, ya que de cambiar el domicilio a un lugar muy lejano, sea dentro o fuera del país, es patente que el progenitor que no tiene la guarda y custodia no podrá disfrutar de la convivencia con su menor hijo en la forma en que lo venía haciendo, toda vez que no es lo mismo visitarlo en la propia ciudad a tener que salir incluso del país para lograr esa convivencia, lo que evidentemente acarrea notorios perjuicios no solamente para el progenitor sino inclusive para el menor, pues ya no se fomentarían con la misma intensidad y frecuencia los lazos afectivos entre ellos; de ahí que sea significativo valorar la conveniencia de que el menor cambie su residencia o, en su caso, fijar las condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo ese cambio, en virtud de que esta facultad y correlativa obligación es una cuestión inherente al ejercicio de la patria potestad y coetánea de la vigencia del derecho de visita y convivencia con el menor. Por lo tanto, la sala responsable, en uso de sus facultades de conformidad con los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles, de esta Ciudad, deberá suplir la deficiencia de las partes, en este caso, del menor Carlos Osvaldo Beltrán Lecona, a efecto de llevar a cabo el análisis exhaustivo de los elementos de prueba, incluso los de oficio que estime necesarios en el caso concreto y los ofrecidos por las partes, siempre en atención al interés superior del menor. Sin que este órgano jurisdiccional pueda subsanar la irregularidad anterior, pues de hacerlo se sustituiría ilegalmente en la función de la autoridad responsable, lo cual no está permitido, ya que el juicio de amparo no constituye otra instancia en el procedimiento natural, sino una extraordinaria para realizar el control de constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS. No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías." (.)" Ahora bien, los efectos de la concesión de amparo en la sentencia ejecutoriada fueron los siguientes: "1) La sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar dictará otra en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y con efectos vinculatorios analizará nuevamente la problemática sometida a su consideración y resolverá lo que proceda en derecho." En cumplimiento a lo establecido en el párrafo que antecede, la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, dentro del toca 387/2019, dictó nueva sentencia el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, con los siguientes razonamientos: "., esta ad quem llega a la convicción de que el cambio de guarda y custodia reclamado por el C. GENEY BELTRÁN FELIX, respecto de su hijo C.O.B.L. (de identidad reservada), resulta fundado; al quedar evidenciado en caso concreto, lo más conveniente para el hijo de las partes, es continuar viviendo con su progenitor, quien lo procura, atiende, cuida, quiere y valora cumpliendo con sus obligaciones de crianza, lo cual se encuentra robustecido con los dictámenes psicológicos realizados a todos los involucrados en esta controversia, de tal forma que el adolescente se siente mejor viviendo con su progenitor, con quien tiene un lazo más estrecho y le resulta benéfico, de ahí que a ningún fin práctico nos conduciría el hecho de desprender a C.O.B.L. (de identidad reservada) de la custodia de su progenitor; evento que de concederse, a consideración de esta instancia, entonces sí traería consecuencias quizá irreparables derivada de la modificación del entorno en que se desenvuelve. En virtud de los razonamientos expuestos, esta alzada estima que resulta procedente confirma la sentencia combatida por encontrarse ajustada a derecho. (.)" Ahora bien, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia que la Sala responsable, con base a lo plasmado en el fallo protector dictado por este juzgado federal y con libertad de jurisdiccional observó las consideraciones expuestas y con efectos vinculatorios analizó nuevamente la problemática sometida a su consideración, resolviendo: "PRIMERO. En acatamiento a la resolución pronunciada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 529/2019, promovido por GENEY BELTRÁN FÉLIX por propio derecho, en contra de la resolución emitida por esta alzada el día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el toca en donde se actúa, referente al recurso de apelación instaurado por PATRICIA RAQUEL LECONA LÓPEZ, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dictada por el C. Juez Interino Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el Incidente de Cambio de Guarda y Custodia, derivado del juicio de Controversia del Orden Familiar, Cancelación de Pensión Alimenticia Definitiva, promovido por el señor BELTRÁN FÉLIX GENEY en contra de PATRICIA RAQUEL LECONA LÓPEZ, expediente 1255/2017, y : SEGUNDO. Siguiendo los lineamientos vertidos por la Autoridad Federal, esta Alzada procede a dictar nueva resolución y para tal efecto se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve. 'PRIMERO. Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, por el C. Juez Interino Primero de lo Familiar en la Ciudad de México, en el Incidente de Cambio de Guarda y Custodia, derivado del juicio Controversia del Orden Familiar, Cancelación de la Pensión Alimenticia Definitiva, promovido por el señor BELTRÁN FÉLIX GENEY en contra de PATRICIA RAQUEL LECONA LÓPEZ, expediente 1255/2017. SEGUNDO. No se hace especial condena de costas. TERCERO. Notifíquese y remítase testimonio de la presente sentencia al juzgado de origen, y en oportunidad archívese el toca. ASÍ, por unanimidad de votos, TERCERO. (.) (.)" Una vez analizado lo anterior, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos el núcleo esencial de la sentencia en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto ya que la Sala responsable proveyó con plenitud de jurisdicción y restituyó al quejoso en el goce de su derecho violado. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo, así como la Jurisprudencia P./J. 87/2010, con número de registro163808, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO". ARCHIVO DEL ASUNTO Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente respecto al archivo del presente asunto. DEMÁS PROVIDENCIAS En otro orden de ideas, vista la razón actuarial de cuenta signada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de cuyo contenido se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por los motivos que se exponen; en consecuencia con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa, el presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o proporcione los datos correspondientes para realizarlas de manera electrónica. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído y por medio de lista a la tercera interesada.

  3. Principal

    Ciudad de México; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo certificado, signado por la Secretaria Auxiliar der Acuerdos adscrita a la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, por medio del cual informa acerca del cumplimiento que da a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En atención a lo anterior, con copia del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos las notificaciones que se les haga del presente proveído, manifiesten su conformidad o inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad oficiante; en el entendido de que una vez transcurrido el plazo en cita, con o sin dicho desahogo este juzgado federal se pronunciará respecto del cumplimiento de que se trata. Fundamento: Artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de lista a la tercera interesada.

  4. Principal

    Ciudad de México; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios con anexos, signados por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, remite copia certificada de diversos proveídos dictados en el toca 387/2019, en los que informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento. Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgado federal que en anexos certificados se hace referencia que la Subdirectora de Trabajo Social del referido Tribunal, informa que se practicó el peritaje ordenado en autos, el cual se encuentra en proceso de elaboración y a la brevedad será remitido el resultado del mismo; de igual manera, la Subdirectora de Evaluación Psicológica, remitió en un sobre cerrado los resultados de diversas evaluaciones psicológicas practicadas a Patricia Raquel Lecona López y a su hijo de iniciales C. B. O. L., las cuales fueron ordenadas mediante acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mi diecinueve, información que será tomada en consideración cuando se dicte la sentencia que cumplimente el fallo protector decretado en autos. Ahora bien, respecto a la solicitud de ampliación del término otorgado para dictar la sentencia que cumplimente la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado federal, debido a las consideraciones vertidas, se acuerda favorablemente su petición y con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga un plazo de diez días para dictar el cumplimiento respectivo. Invitación juicio en línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: mario.gonzalez.ramirez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.

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