Genesis Zoe Méndez Hernández y Otros.
Expediente 1300/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Genesis Zoe Méndez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de ...., por el que exhibe copia certificada del poder notarial para pleitos y cobranzas otorgado a su favor por....., ante el Notario Público Número Treinta y ocho del Estado de Oaxaca, a fin de poder recibir también en su nombre el inmueble materia de concesión del amparo en este juicio. En cuanto a su manifestación en el sentido de que cuando se señale nueva fecha y hora para la diligencia de entrega del bien inmueble materia de este juicio, el Actuario adscrito a este Juzgado, practique la misma; al efecto, dígasele que no ha lugar a ello, en virtud de que el lugar donde se practicará se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano de control constitucional, por lo cual, corresponde el auxilio de los juzgados del fuero común para la práctica de la aludida diligencia, de conformidad con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por otro lado, a fin de acordar conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del citado Código Federal, requiérase al Jefe de la Oficina de Correos de México en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este Juzgado la pieza postal correspondiente al oficio 45057, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia en Turno, del Distrito Judicial de Miahuatlán, por conducto de su oficialía de partes común, mismo que quedó registrado bajo el número 63064, depositados en la oficina a su cargo, el veintiocho de julio último. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Shirley Zuleyma Hernández Alvarado, quien se ostenta como representante de sus menores hijos Génesis Zoe y Gael Fabrizio de apellidos Méndez Hernández, contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1300/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que, con independencia de la denominación enfática que le dio la quejosa al acto reclamado, lo que real, objetiva y materialmente impugna de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad, en el acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis dictado en el juicio familiar 408/2011, que admitió a trámite el incidente no especificado de: variación de convenio y revocación de guarda y custodia de los menores Génesis Zoe y Gael Fabrizio Méndez Hernandez, así como su recuperación para integrarlos al hogar materno; en la parte que reservó proveer lo conducente a las medidas provisionales solicitadas por la promovente, una vez que se desahogara la escucha de los niños implicados con el auxilio de un psicólogo, la cual estimó necesaria para salvaguardar su interés superior. Lo anterior, estima la quejosa, ya que la juzgadora responsable omitió efectuar un control de convencionalidad a favor de los menores y efectuar en ese mismo auto el pronunciamiento respecto la procedencia de su solicitud de provisionalmente otorgarle la guarda y custodia de sus menores hijos con motivo en las circunstancias narradas en la demanda incidental; lo cual genera un perjuicio en el procedimiento que debe considerarse de imposible reparación. Como antecedentes de dicho acto, la parte quejosa manifiesta: 1. Que la promovente del amparo Shirley Zuleyma Hernández Alvarado, es actora en el expediente 408/2011, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, relativo a controversias del orden familiar, mismo en el que después de diversas audiencias que realizaron en ese expediente, la referida promovente y el demandado finalizaron esa contienda judicial mediante convenio de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, estableciéndose entre otras cuestiones un régimen de convivencias entre su madre y los quejosos 2. Que el referido convenido se ha cumplido a cuentagotas, pues la conducta contumaz del demandado, dejó de cumplirlo hasta hace más de setenta y siete fines de semana y ocho semanas completas correspondientes a sus convivencias de periodos vacaciones escolares. 3. Razón por la cual la promovente del amparo en representación de los menores de edad intentó incidente no especificado de variación de convenio y revocación de guarda y custodia de los referidos menores para detentarla ella, y reclama también la recuperación y entrega inmediata de los quejosos para reincorporarlos al hogar materno, según escrito de quince de junio, petición a la que recayó el acuerdo reclamado de once de julio de dos mil dieciséis. Expuesto lo anterior, el suscrito juzgador advierte que contra los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El precepto legal transcrito contiene una de las modalidades del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, según la cual éste es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales, conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo los casos que expresamente señala, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo expuesto, resulta notorio que el acto reclamado emana de un tribunal judicial y que el ahora quejoso no se encuentra en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el numeral antes transcrito, pues no se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de aquéllos que afecten la libertad del impetrante, o bien, que sea persona extraña al juicio. Respecto a los puntos consistentes en que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, es de destacar que los numerales 974, 975, 977 y 978 previstos en el Capítulo Único. De las controversias de orden familiar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 1978) Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. (REFORMADO, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) Artículo 977.- Los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijando los puntos sobre que verse, y se citara dentro de ocho días, para audiencia indiferible, en que se reciban, se oigan brevemente las alegaciones y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes, salvo que la Ley disponga otra cosa. (ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 1978) Artículo 978.- En todo lo no previsto, regirán las reglas generales de este Código de Procedimientos Civiles, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título. Por otra parte, los numerales 666 y 667 del código adjetivo invocado establecen: Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. De dichos artículos, se advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta. En el caso, la parte quejosa previamente a la instauración del juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente que, en el caso, lo es el recurso de revocación en términos de lo previsto por el numeral 666 del código adjetivo civil. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia señalada, en virtud de que es incuestionable que el promovente de la acción constitucional, no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que contra el acuerdo reclamado procede el recurso de revocación, y omitió hacerlo valer previamente a acudir a esta instancia constitucional. Sin que en el caso, cobre actualidad la última parte del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, la facultad opcional que tiene el quejoso de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; puesto que, como se vio, de los numerales antes transcritos se advierte que en los asuntos ventilados en la vía de controversias del orden familiar son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en ese código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo, y en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, del citado ordenamiento legal se prevé la procedencia de los recursos de revocación y apelación, estableciéndose específicamente en el numeral 666 los supuestos en los que procede el recurso de revocación. Sin que en el caso sea aplicable lo aducido por la quejosa en relación a que conforme al artículo 962 del Código adjetivo civil, en contra del acto reclamado no procede recurso alguno más que el de responsabilidad, ya que si bien el último párrafo precepto legal invocado establece que "Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad"; lo cierto es que en el auto reclamado no se otorgó ni negó la medida provisional solicitada pues se reservó emitir el pronunciamiento respectivo hasta en tanto se desahogara la escucha de los menores implicados con el auxilio de un psicólogo; por lo que es inconcuso que el acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis dictado en el juicio familiar 408/2011, no se ubica en ese supuesto de irrecurribilidad de referencia. Tampoco es óbice el hecho de que alegue que la postergación del pronunciamiento respecto del otorgamiento a su favor de la guarda y custodia provisional de sus hijos genera un consecuencia de imposible reparación en el procedimiento en perjuicio de los menores, ya que tal circunstancia no genera una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis XXX.2o.6 C (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, consultable en la página 2377, materia Común, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable. De igual manera, se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, tomo XIV, Agosto de 2001, materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación. Por tanto, si la parte quejosa no agotó dicho medio ordinario, se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al existir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia examinado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizadas únicamente para ese efecto, a las personas que menciona, por así solicitarlo. Asimismo, como lo solicita la promovente, se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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