Genesis Yamile Lara Bracamontes

Expediente 604/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
604/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Genesis Yamile Lara Bracamontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dos de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por Benjamín Lara Huela, en representación de la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/6648/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, EL AUTO DE dos de enero de dos mil diecinueve, QUE DICE: "Téngase por recibido el escrito signado por Benjamín Lara Huela, en representación de la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.Notifíquese; y personalmente a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/6648/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 604/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el nueve de julio del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes, por conducto de su padre Benjamín Lara Huela, quien legalmente la representa, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero ACTO RECLAMADO "De los C.C. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, la resolución de fecha 13 de junio del año 2018, en los resolutivos I y IV, que confirma el AUTO DE LIBERTAD por falta de elementos para procesar, de fecha 31 de octubre del año 2017, en sus considerandos II, III y IV, así como los puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, dictado por el JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, en la causa penal número 116/2016-II, a favor de MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de la menor GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES." SEGUNDO.- Por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 604/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del ato reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca penal III-80/2018, que confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar, de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares dentro de la causa penal 116/2016-II. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues al rendir su informe con justificación así lo reconocieron expresamente; certeza que se robustece con las constancias que allegaron con su informe; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Oportunidad. De las constancias que integran el sumario se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de junio del año en curso (foja 322, del tomo I de pruebas); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecinueve de junio al nueve de julio de la presente anualidad, descontándose los días veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como uno, siete y ocho de julio, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el nueve de julio del año en curso, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Los conceptos de violación aun suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan infundados por las razones que a continuación se exponen. En principio es necesario puntualizar que la revisión de las constancias que remitió la Sala responsable ponen de manifiesto los siguientes antecedentes: 1. Mediante pedimento penal 249/2016, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministerio Público del Fuero Común consignó sin detenido la averiguación previa TAB/EDS/04/0393/2016, al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ejercitando acción penal en contra de Mónica Aurora Bracamontes León, por el delito de violencia familiar, en agravio de la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes, la que se radicó bajo el número de causa penal 116/2016-II; así también le solicitó la correspondiente orden de aprehensión, la cual se negó por resolución de cinco de enero de dos mil diecisiete. 2. Inconforme con esa determinación, la parte agraviada promovió recurso de apelación, formándose el toca penal II-133/2017, y por sentencia de cinco de octubre de esa misma anualidad, el Tribunal de Alzada revocó la resolución recurrida y libró la respectiva orden de aprehensión; por lo cual, el veinticinco de ese mes, Mónica Aurora Bracamontes León compareció ante el Juez de la causa, bajo los efectos de la suspensión otorgada en el juicio de amparo 895/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, a rendir su declaración preparatoria y una vez concluido el plazo constitucional, el treinta y uno siguiente, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. 3. Inconforme con esa determinación, el representante social y el denunciante promovieron recurso de apelación que se radicó bajo el número de toca penal III-80/2018, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, celebrada la audiencia de vista, se citó a las partes para resolución, la cual se emitió el trece de junio de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la resolución apelada; auto que constituye el acto reclamado en el juicio que ahora se resuelve. Los integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, resolvieron en el sentido apuntado al considerar esencialmente lo siguiente: "Los motivos de disenso hechos valer, en cuanto a la falta de motivación y fundamentación que sostienen los impetrantes adolece la determinación recurrida, se estima infundada, ponderando que el resolutor acató lo dispuesto en el artículo 19, Constitucional, porque invocó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, tanto los que contienen la descripción típica del ilícito atribuido, como los concernientes a la valoración de las pruebas; expuso las causas y motivos que consideró dables para concluir que el cuerpo del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, no se actualizaba. En apoyo a la consideración precedente, se cita la Jurisprudencia V.2o. J/32, Octava Época, Registro: 219034, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 54, Junio de 1992, Materia (s): Común, Pagina: 49, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Respecto a la interpretación del artículo 4, Constitucional, y los instrumentos que relaciono, en cuanto a los alcances del "interés superior de la menor", es importante señalar que es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses, por lo cual la autoridad judicial tiene el deber de determinar lo mejor para el menor; por tanto la determinación de la veracidad de los hechos es un cuestión de apreciación y valoración que no implica, una afectación al interés superior del niño, ya que una cosa es resolver lo más benéfico para el menor, y otra, establecer cuáles son la premisas fácticas de los casos donde se vean involucradas sus prerrogativas. Al igual, es infundado el desacuerdo relativo a que la pruebas existentes en la causa penal demuestran el cuerpo del ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR y la probable responsabilidad penal de la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, en su comisión, en razón de que acertadamente el juzgado primigenio después de analizar las probanzas ofrecidas en la etapa de preinstrucción, por la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, determinó que la imputación de hechos que realizó en su contra la menor pasivo GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, fue influenciada por el denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, lo que estimo evidenciado al ponderar la experticia y reporte psicológico, suscritos por la perito MARIA AZUCENA GARCÍA LEMUS, adscrita a la Unidad de Atención Jurídica Integral Área de Evaluación y Psicodiagnostico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Lo anterior, en virtud que la pericial en psicología, es el instrumento probatorio conducente para arribar a la convicción de que la afectación emocional que presentó la pasivo, es resultado de la desintegración familiar y demanda de sus progenitores; además de que se encuentra influenciada por su progenitor, para rechazar la figura materna, factor que el juzgador ponderó para resolver atinadamente del modo que lo hizo. Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la menor agraviada GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, resulta necesario entrar al estudio de manera oficiosa de las constancias que obran en la causa penal en revisión, para determinar si se acreditan o no los elementos del cuerpo de delito de VIOLENCIA FAMILIAR, y en su caso, la probable responsabilidad de la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, en su comisión. El cuerpo del delito de VIOLECIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 198, en relación con el 199, del Código Penal, señalan: Artículo 198. Violencia familiar A quien teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física o psicoemocionalmente a un miembro de la familia, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima por el doble del término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él. Artículo 199. Definiciones. Para los efectos del artículo anterior se considera: I. Maltrato físico. Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, elemento o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona; II. Maltrato psicoemocional. Todo acto u omisión, tales como prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, control coactivo del tiempo o de la economía o actitudes devaluatorias de la dignidad humana, que provoquen en quien las recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de las áreas que integran la estructura psíquica, y III. Miembro de la familia. Toda persona que se encuentra unida por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado, o parentesco colateral o afín hasta el cuarto grado, así como parentesco civil. Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz. De donde se obtiene, que los elementos que constituyen la figura jurídica, son: a). Que la sujeto activo tenga un vínculo de consanguinidad en línea descendente (en esta caso su hija), y; b) Maltrate psicoemocionalmente a su hija. Hipótesis que no se colman conforme a lo dispuesto por los artículos 64 , y 67 Bis, del Código de Procedimientos Penales del Estado, como incorrectamente lo aducen los impetrantes, aun cuando que el primer elemento constitutivo del ilícito en comento, consistente en que la activo tenga un vínculo de consanguinidad en línea descendente con la pasivo GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento de la menor pasivo, que corre agregada a foja 30, de la causa penal en revisión, expedida por el Oficial del Registro Civil número 40, de esta ciudad, con número de acta 00498, con fecha de registro de catorce de diciembre de dos mil siete, puesto que de su contenido, se observa que nació el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y es hija de la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, y del denunciante BENJAMÍN LARA HUELA. Documental a la que se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 120 y 124, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, por haber sido expedida por un Oficial del Registro Civil, respecto a la existencia de la constancia en los libros que llevan en dicha institución, de acuerdo a lo previsto por el arábigo 298, fracción IV, del Código Procesal Civil del Estado, y revela que la pasivo es hija de la sujeto activo. Al efecto se estima aplicable la tesis XX. 303 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209484, Tomo XV, Enero de 1995, página 227, que a la letra dice: DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él. Sin embargo, respecto al segundo elemento de la figura típica que nos ocupa, consistente en que la sujeto activo maltrate psicoemocionalmente a la menor pasivo, no se justifica como acertadamente lo determinó el juzgador de primera instancia, con los medios de prueba que aporto el órgano ministerial. La menor agraviada GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, ante el órgano investigador, el dos de mayo de dos mil dieciséis, en lo que interesa expresó que es hija de la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, y del denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, y que desde hace un año vive con su papá, porque su mamá ya no la quiso cuidar, que se siente mejor con su papá, porque su mamá la trataba mal, no le daba de comer, la dejaba encerrada en la casa y tenía muchos novios, que los metía a la casa y que tenía relaciones sexuales enfrente de ella, que le comento a su abuelita y que le respondió que cuando viera entrar hombres, mejor se durmiera, que su mamá no quiere que viva con su papá, le dice que es un bolillero muerto de hambre que no la va a poder mantener y que si no se va con ella entonces se va ir lejos y que nunca la volverá a ver, que se siente mal que su mamá le diga esas cosas, porque no le gusta que la quiera obligar que se regrese a vivir con ella y siempre la amenaza con eso que no la va a volver a ver; que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en la noche, cuando estaba en la casa de su papá en compañía de su hermana CINTHIA, llegó su mamá gritándole a su hermana "pinche Cinthia ábreme la puerta, y ahora te vas conmigo Génesis", respondiéndole a su mamá que no se quería ir con ella y que no le iban a abrir la puerta, contestándole "esa es la educación que te ha enseñado tu padre", posteriormente se retiró; el once de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce hora con treinta minutos, cuando iba saliendo de la escuela, hasta ese lugar llegó su mamá y le empezó a gritar "ahorita te vas conmigo aunque no quieras te voy a llevar a la fuerza", la jalo de los brazos y le quito la mochila, contestándole que no se quería ir con ella, mientras su papá le decía que la dejara y posteriormente le indicó a un vecino que se la llevara y su papá se quedó hablando con su mamá, agregando que no quiere vivir con su mamá. Por su parte, el denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, ante el órgano investigador, el dos de mayo de dos mil dieciséis, en relación a los hechos dijo que es papá de la menor agraviada GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, quien cuenta con nueve años de edad, que la activo siempre lo humillaba diciéndole que no era nadie y no valía nada porque vende bolillos, que para evitar problemas decidió separarse, porque la inculpada comenzó a tener una relación sentimental con otra persona y empezaron a tener problemas, que no dejaba que viera a la menor, posteriormente la activo le demandó la pensión de alimentos y cuando veía la menor le decía que la indiciada tenía muchos novios, metía hombres a la casa, que no le daba de comer y la dejaba encerrada, motivo por el cual habló con la mamá de la activo diciéndole que por favor hablara con su hija, sin embargo las cosas no cambiaron incluso la menor le dijo que su abuela le decía que cuando viera entrar hombres que mejor se durmiera; que hace aproximadamente tres años su menor hija le contó que la inculpada tenía relaciones sexuales frente a ella, circunstancia por las cuales decidió que la menor estaría mejor a su lado, pero no sabía dónde acudir; que el once de mayo de dos mil quince, la activo llevó la menor a su domicilio, manifestándole "me voy a trabajar, ya no la voy a poder cuidar, te la vengo a dejar para que te hagas cargo de ella y si quieres ya no me des pensión, porque ya te vas a quedar con ella", respondiéndole no hay problema, me voy a quedar con mi hija; que en el mes de diciembre de dos mil quince, citó a la inculpada al juzgado para llegar a un acuerdo para que la menor se quedara con él, pero no llegaron a nada, que afuera del juzgado la inculpada le dijo a su hija "si te vas con tu padre, ya no me vas a ver nunca más y te olvidas de mi para siempre, porque me voy al norte", después tramitó la guarda y custodia de su menor hija y cuando la imputada se enteró se molestó; que el cuatro de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho de la noche, le dijo su menor hija CINTHIA NATIVIDIAD LARA RAMÍREZ, que la inculpada había acudido a su domicilio para que le abrieran la puerta, y que le gritaba a su menor hija GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, que la iba a llevar a la fuerza, que si no le abría la puerta le iba a dar sus "putazos", que sus hijas no abrieron, y la activo se retiró, pero el once de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos, cuando su menor hija iba saliendo de la escuela, hasta ese lugar llegó la activo diciéndole que se la iba a llevar, respondiéndole que no, porque la menor no se quería ir con ella, comenzó a jalonearla y le gritaba diciéndole que se fuera con ella, que si no se iba por las buenas, lo haría por las malas, quitándole la mochila, que le pidió de favor a un vecino para que se llevara a su hija y se quedó hablando con la activo y su hermano JORGE LOBARDO BRACAMONTES LEÓN, sin que llegaran a ningún acuerdo, que en el juzgado le dijeron que iniciara una denuncia para que le ayudaran a tener la custodia de su hija. De las declaraciones precedentes, se advierte que entre el denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, y la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, existen problemas en torno a la guarda y custodia de la menor GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, producto de su relación de pareja. Por tanto, el hecho que los padres de la menor tengan controversia por su guarda y custodia, la inculpada no incurre en alguna conducta antisocial, dirigida a maltratarla psicológicamente; por consiguiente, los hechos a los que alude el denunciante y la menor GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, no evidencian una prohibición, coacción, condicionamiento, intimidación, control coactivo del tiempo o de la economía o actitud devaluatoria de la dignidad humana que requiere la norma penal para justificar la figura delictiva de violencia familiar. Asociado a ello, la sujeto activo MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, ante la Representación social, por escrito de catorce de julio de dos mil dieciséis, negó los hechos imputados aseverando que no ha maltratado a su menor hija, que el denunciante ha manipulado a la pasivo para que diga esas cosas, que la puso en su contra porque promovió el juicio de pensión alimenticia; agregando que el veintisiete de noviembre de dos mil quince, el denunciante promovió el juicio de guarda y custodia, bajo el expediente 1404-1/2015, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial. Que ratificó al declarar en preparatoria ante el juez primaria, adicionando que desde que se juntó con el denunciante, siempre trató de mantener una relación en armonía, que lo acepto a pesar que tenía una hija de su primer matrimonio quien contaba con cuatro años de edad, después de la separación tuvo el cuidado de su menor hija, la llevaba a la escuela, independientemente de que no la apoyaba con los gatos de su hija, considerando la salud emocional de la menor, se la prestaba para que conviviera con su media hermana y progenitor, que no le pegaba, así como tampoco se olvidaba de ir por ella a la escuela, que siempre estaba al pendiente de las reuniones en la escuela, no la dejaba sin comer, le daba su desayuno y también para su recreo en la escuela, que en el mes de mayo de dos mil trece, promovió juicio especial de alimentos, porque el denunciante no se hacía responsable de la necesidades de la menor, el juez familiar fijo la cantidad de doscientos cincuenta pesos señales (sic), pero que aquel nunca estuvo de acuerdo y comenzó a manipular a su menor hija, diciéndoles que su separación había sido por su culpa, pero es mentira, que el motivo fue porque el denunciante tuvo un hijo con otra mujer, y porque tomaba mucho, que en relación a lo que manifiesta que lo humillaba es falso que lo único que pretende el denunciante es quedarse con la guarda y custodia de su menor hija, y reitera lo que declaró ante el Ministerio Público, que su menor hija se encuentra manipulada e influenciada por el denunciante. Para sustentar su dicho, exhibió las copias certificadas del expediente 1404-1/2015, relativo al Juicio de Guarda y Custodia, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares; promovido por BENJAMÍN LARA HUELA, por propio derecho y en representación de la menor GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES; al constar el reporte psicológico de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por la perito MARIA AZUCENA GARCÍA LEMUS, adscrita a la unidad de atención jurídica integral área de evaluación y psicodiagnostico, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el que se determinó que no sabe cómo reaccionar ante los problemas y al dolor que la desintegración de su familia le ocasiona, en ella existen conductas de recriminación hacía su progenitora con la esperanza de que su progenitores vuelvan a estar juntos; asimismo, se encuentra influenciada por su progenitor, motivo por el cual rechaza la figura materna, adoptando una actitud de resentimiento, hostilidad y de desvalorización hacía su madre respecto a la conducta que esta exteriorizó cuando convivían; de igual manera se aprecian discursos aprendidos que se ha incorporada a argumentos propios de la menor, lo cual ya forman parte de su forma de pensar y sentir, sin necesidad de que haya una intervención o presión parental presente, esto es para conservar la lealtad hacía su progenitor y así no perder su amor incondicional; muestra negativa a convivir o tener contacto con su madre. Por tanto la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes incursiona por un estado de afectación emocional como resultado de la desintegración de su familiar y a las inconsistencias y demandas de sus progenitores, lo cual genera en la menor de edad sentimientos de tristeza, descontento, inseguridad y retraimiento, esto debido a que la menor desea mantener una familiar unidad donde se encuentren inmersa su hermana Cinthia Navidad Lara Bracamontes, persona muy importante en su vida. Documental pública que se le otorga valor probatorio, de conformidad en lo dispuesto por los artículo 120 y 124, del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, debido a que fue expedida por funcionario en ejercicio de sus actividades que tiene encomendadas. De ahí, es válido sostener que la pericial en psicología, es útil para evidenciar que la afectación emocional que presentó la menor pasivo GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, es resultado del conflicto de sus progenitores por su guarda y custodia. Máxime que los testigos de descargo DAYSY GUADALUPE LUNA VELÁZQUEZ y ALVA SANTIAGO VILLA, ante el juez primario, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en lo que interesa similarmente manifestaron que la activo tiene valores morales porque siempre ha vivido en familia que no ha maltratado a la menor, y el denunciante está manipulando a su menor hija, además que la pasivo tiene derecho a la convivencia, pero él la está dañando psicológicamente. Asimismo, la inculpada exhibió dieciséis fotografías por escrito de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, donde afirma aparece la menor pasivo, conviviendo en compañía de su familiar, cuando tenía su guarda y custodia; de las que se refleja que la menor estaba en armonía con la inculpada y otras personas; medios de prueba que adquieren valor probatorio acorde con el artículo 121, del Código Penal del Estado, pues son indicios que se encuentran adminiculados con las declaraciones de la inculpada y testigos de descargo. Aunado a que, si bien es cierto que en el dictamen en materia de psicología, de trece de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada MARCELA NAVARRETE NAVA, Perito adscrita a la Coordinación General de los Servicios Periciales Dependiente de la Fiscalía General del Estado, estableció que la menor agraviada GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, presentaba un leve daño psicoemocional; la cual es útil para presumir que ese estado se debe por el conflicto que sostienen sus progenitores para obtener su guarda y custodia; tan es así que el denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, señalo que en el juzgado le dijeron que iniciara un denuncia para que le ayudaran a tener la custodia de su hija. Las probanzas referidas, indican que efectivamente no se demuestra el cuerpo del delito de violencia familiar, porque para ellos se requiere la existencia de acto u omisión, tales como prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones, control coactivo del tiempo o de la economía o actitudes devaluatorias de la dignidad humana, que provoquen en quien las recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de las áreas que integran las estructura psíquica, como lo prevé el artículo 199, fracción II, del Código Penal. Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que el núcleo recto del delito de violencia familiar a que alude el artículo 199, fracción II, del Código Penal, se constituye a través del acto de poder u omisión intencional sobre cualquier miembro de la familiar, lo cual no implica que deba considerarse como un delito continuado, ya que el citado núcleo, como unidad de acción cometida, toma en cuenta el desvalor de una pluralidad de conductas penalmente relevantes que se incrementa solamente para la mediación judicial de la penal, sin que ello impida que sea considerado como un solo delito, con la particularidad de que cada acto u omisión destacados configuran por si el tipo legal. En ese sentido, se determina que el tipo penal de referencia requiere para su integración el sometimiento, a través de actos concatenados, que si bien tiene puntos álgidos relevantes, no son esos actos aisladamente considerados los que ocasionan la afectación al bien jurídico tutelado, pues merced a la condición exigida en el tipo, se está en presencia de un delito de los que la doctrina denomina plurisubsistentes, las cuales requieren de diversas conductas relevantes, cuya pluralidad es la que constituye el estado de prohibición, coacción, condicionamiento, intimidación, control coactivo del tiempo o de la economía o actitud devaluatoria, que son la base para la actualización del injusto; circunstancia que en la causa penal a estudio, no acontece. Bajo esas condiciones la inculpada MÓNICA AURORA BRACAMONTES LEÓN, justificó que la afectación emocional que presentó la menor pasivo GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, es resultado de (sic) conflicto que sostiene con el denunciante por la guarda y custodia de la agraviada. Por el sentido que informa, se cita la tesis V.4º. J/3, de la Novena Época, con número de Registro 177945, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Penal, Página: 1105, del texto: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Por otra parte, atentos al principio de exhaustividad resta decir en cuanto hace al dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía, practicada por la perito oficial; que no aporta ningún dato complementario para la comprobación del ilícito de que se trata; solo sirve para evidenciar la existencia del bien inmueble donde según el denunciante se suscitaron los hechos del once de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos, relativo a que la escuela primaria Primer Congreso de Anáhuac, se encuentra ubicado en calle Mártires de Escudero, número 12-18, de la Colonia Morelos, de esta ciudad. De esa guisa, es dable concluir que en el caso, no se acredita el ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR; por ende, resulta innecesario dar respuesta a los motivos de inconformidad planteados por los recurrentes, relativos a la probable responsabilidad penal de la inculpada; atentos al criterio jurídico que reza "donde no hay delito no hay delincuente". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 131, del Código Procesal Penal del Estado, se confirma el auto impugnado. [.]" Contra lo anterior, en vía de conceptos de violación, la parte quejosa aduce que: A. Que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. B. La autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales, dado que no valoró todos los agravios y pedimentos hechos valer por el agente del Ministerio Público, así como aquellos vertidos por la apelante, aquí parte quejosa, afecta sus derechos fundamentales, pues los califica de infundados, lo que derivó en la confirmación del auto de libertad por falta de elementos para procesar por no acreditarse el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad. C. Que la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, agravia sus derechos fundamentales pues la Sala responsable no valoró correctamente las pruebas ofrecidas ante el Juez de la causa, consistentes en la denuncia realizada por Benjamín Lara Huela y la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes, así como el dictamen pericial en materia de psicología, rendido por la experto Marcela Navarrete Marín. Redunda en alegar que la responsable no valoró correctamente las pruebas, pues considera que todo el material probatorio aportado por la inculpada resulta insuficiente en confrontación con las aportadas por el órgano investigador y por consiguiente no debió haber sido considerado por el juez de la causa al resolver la situación jurídica de Mónica Aurora Bracamontes León. D. Insiste en que no valoró debidamente las pruebas consistentes en la comparecencia de la menor agraviada, ni el dictamen en materia de psicología realizado por el personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, del que se advierte que la menor tiene un leve daño emocional, producido por la violencia que ejerce su madre sobre ella, así como tampoco consideró el dictamen en materia de Criminalística de Campo y Fotografía Forense, probanzas con las que se acredita la violencia que la indiciada cometió hacia la menor agraviada Tales planteamientos, como ya se adelantó, resultan infundados, aun suplidos en su deficiencia, en razón de lo siguiente: Este juzgador estima infundado el concepto de violación referente a la forma de estudio que realizó la Sala responsables de los agravios y pedimentos hechos valer por el Agente del Ministerio Público, así como aquellos vertidos por la apelante, pues, contrario a la apreciación de la parte quejosa, en nada influye al sentido de la resolución que el orden en que los integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero estudiaron los conceptos de violación hechos valer por los apelantes, pues éstos constituyen la materia de la que se debe ocupar el tribunal de apelación y la forma de examinar su contenido en mayor beneficio, ya sea uno a uno como fueron expresados o englobándolos en uno solo o en varios, atiende a la garantía de tutela jurisdiccional. Lo anterior aunado al hecho de que, para un mayor entendimiento de la resolución en estudio y así evitar confusión, con base en el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, la sala revisora respondió a sus conceptos de violación con base en la estructura determinada en los respectivos escritos de inconformidad, como puede advertirse del considerando VI, de la resolución impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia 1a./J.24/2012 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 445 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Mayo de 2012, Décima Época, que dice: "AGRAVIOS EN APELACIÓN. EL ORDEN EN QUE ÉSTOS SE EXPONGAN EN EL ESCRITO RESPECTIVO, NO ES OBSTÁCULO PARA ATENDER LA EXPOSICIÓN DE LOS ARGUMENTOS SUSTANCIALES DE INCONFORMIDAD (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece que en el escrito con que se interponga la apelación, el recurrente expondrá los agravios que en su concepto le cause la resolución, los que deben expresarse guardando el orden siguiente: "violaciones procesales", "violaciones sustanciales en el procedimiento" y "violaciones de fondo", esto es, prevé un formato para elaborar el escrito de agravios. Sin embargo, el alcance de tales requisitos formales debe apreciarse a la luz del respeto a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con la cual el legislador no puede supeditar el acceso a los tribunales a condiciones u obstáculos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad; lo que aunado a que de los artículos 383, 396 y 397 del código indicado, se advierte que el legislador local enfatizó que los agravios deben expresarse por separado, señalando el hecho que constituye la infracción, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación, así como que para el análisis de los agravios no se requiere proceder de forma determinada, bastando que el estudio comprenda en su integridad las cuestiones planteadas. Se concluye que se privilegió el contenido de los agravios sobre la forma en la que éstos se hubieren expuesto en el escrito respectivo, por lo que los requisitos de orden deben interpretarse como una formalidad respecto del escrito de expresión de agravios, cuya inobservancia no constituye un obstáculo para atender la exposición de los argumentos sustanciales de inconformidad en la apelación cuando los agravios cumplan con los requisitos de expresarse por separado, señalar el hecho que constituye la infracción, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación." Siguiendo esa guisa, en su concepto de violación, en la parte que fue señalada en los apartados C. y E. en los que esencialmente se duele del estudio y valoración de probanzas, se advierte que la responsable, analizó debidamente las pruebas que obran en la causa penal de origen, de las que concluyó que no se acreditan los elementos que configuran el cuerpo de delito de violencia familiar, previsto por el artículo 198, del Código Penal vigente. Pues si bien en principio se consideró que los medios de prueba recabados en la etapa de indagatoria eran idóneos para acreditar el cuerpo del delito de violencia familiar, así como la probable responsabilidad penal de Mónica Aurora Bracamontes León, ya que incluso concedió la orden de aprehensión, sin embargo, nada impedía que posteriormente se estimaran insuficientes para el dictado de un auto de formal prisión, en términos del artículo 19 de la Constitución Política Mexicana, en su texto anterior, a la reforma de 18 de junio de 2008. Esto en razón de que para poder emitir el auto de formal prisión, (que pretende la parte quejosa), se precisa que la autoridad debe incorporar a una resolución de ese sentido, los siguientes requisitos: Ser emitido por autoridad competente; Que le preceda denuncia o querella: Circunstancias de tiempo modo y lugar; Se refiera a un hecho que la ley señale como delito; Que ese delito sea castigado cuando menos, con pena privativa de la libertad; La existencia datos que acrediten los elementos que integran el cuerpo del delito; Que haya datos que acrediten la probable responsabilidad del indiciado; y, Que todo ello esté fundado y motivado Y si bien, el Juez Penal de origen es la autoridad competente para su emisión, y al presente asunto le precedió la presentación de una querella, en la que se narraron circunstancias de tiempo modo y lugar de la posible constitución de hechos que la ley señala como delito (violencia familiar) tipo penal que en caso de encontrarse probado tiene como pena mínima un año de prisión, empero de autos no se advierten la existencia de datos que acrediten los elementos que integran el cuerpo del delito. Lo anterior, en razón de que si bien en la etapa de indagatoria se obtuvo la declaración del denunciante y de la menor agraviada, se emitieron dictámenes en materia de psicología y de criminalística de campo y fotografía forense; no se pueden soslayar la declaración de la inculpada, quien no solo negó los actos, sino además incorporó aspectos facticos de su relación con el padre de su menor hija, así como hizo del conocimiento a la autoridad judicial de la existencia de controversias del orden familiar entre ella y el denunciante, de igual manera allegó la testimonial de Daysy Guadalupe Luna Velázquez y Alva Santiago Villa, quienes manifestaron sobre la conducta del agresiva del denunciante y del control que ejerce sobre su menor hija, probanzas que adminiculadas con el reporte de convivencia familiar emitido por el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, generaron en la Sala Superior mayor convicción que los datos de prueba obtenidos en la indagatoria y que le llevaron a concluir que en el presente asunto no se acreditan los elementos del tipo penal. Sin que ello, signifique que se hayan inadvertido o dejado de valorar las probanzas del denunciante, sino que de una ponderación entre lo que arrojó la indagatoria y los medios de convicción que ofreció durante el plazo constitucional la acusada en favor de su defensa, se desvirtuó la existencia de elementos que acreditaran el delito de violencia familiar. De lo previamente expuesto, se concluye que no asiste razón a la parte quejosa en cuanto sostiene que no se consideró la comparecencia de la menor agraviada, el dictamen en materia de psicología realizado por el personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el que se determinó que la menor tiene un leve daño emocional, ni el dictamen en materia de Criminalística de Campo y Fotografía Forense, pues al contrario de lo que estima, las mismas fueron estudiadas en concordancia con las allegadas por la inculpada, y desvirtúan la existencia del delito de violencia familiar en agravio de la menor, por lo tanto, el argumento del representante de la quejosa en el sentido de que no se le estudiaron sus pruebas resulta infundado, ya que la responsable lo hizo, pero de su análisis no se generó convicción para acreditar el cuerpo del delito. Esto, pues la responsable confirmó la valoración de probanzas hecha por el juez de origen y respecto del dictamen en el que se determinó que la menor presentaba un leve daño psicoemocional, dicha conclusión quedó superada, en razón de que del reporte psicológico suscrito por la perito María Azucena García Lemus, adscrita a la Unidad de Atención Jurídica del Estado de Guerrero, evidenció que la imputación de hechos que realizó la menor Génesis Yamile Lara Bracamontes en contra de su madre Mónica Aurora Bracamontes León, fue bajo la influencia que el denunciante Benjamín Lara Huela (padre de la menor) había ejercido sobre ella, de ahí que no es dable conceder valor probatorio alguno al dictamen en psicología emitido en la etapa de investigación, tal como acertadamente lo resolvió el juez de origen y confirmó la sala responsable, en los párrafos que al efecto se transcriben: " [.] Aunado a que, si bien es cierto que en el dictamen en materia de psicología, de trece de mayo de dos mil dieciséis, la Licenciada MARCELA NAVARRETE NAVA, Perito adscrita a la Coordinación General de los Servicios Periciales Dependiente de la Fiscalía General del Estado, estableció que la menor agraviada GENESIS YAMILE LARA BRACAMONTES, presentaba un leve daño psicoemocional; la cual es útil para presumir que ese estado se debe por el conflicto que sostienen sus progenitores para obtener su guarda y custodia; tan es así que el denunciante BENJAMÍN LARA HUELA, señalo que en el juzgado le dijeron que iniciara un denuncia para que le ayudaran a tener la custodia de su hija. Las probanzas referidas, indican que efectivamente no se demuestra el cuerpo del delito de violencia familiar, porque para ellos se requiere la existencia de acto u omisión, tales como prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones, control coactivo del tiempo o de la economía o actitudes devaluatorias de la dignidad humana, que provoquen en quien las recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de las áreas que integran las estructura psíquica, como lo prevé el artículo 199, fracción II, del Código Penal. [.]" Ahora bien, conviene recordar que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia se debe respetar tanto en los órganos jurisdiccionales como administrativos; suplencia que debe ser total, y que opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de éstos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad. Atendiendo a dicho principio, contrariamente a lo que afirma la parte quejosa, la sala responsable al resolver el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar, estudió en su conjunto todas las pruebas ofrecidas y desahogadas tanto en la etapa de investigación como en la causa penal; tan es así, que valoró cuestiones que no fueron propuestas por los apelantes, como puede advertirse del considerando VI, de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho. De lo que se deriva que los integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, sí atendieron el principio de la suplencia de la queja deficiente, tan es así, que después del minucioso estudio de los agravios en concatenación con las pruebas desahogadas en el proceso penal, acertadamente establecieron que dichos agravios -aún suplidos- eran insuficientes para revocar el auto recurrido, ya que solo se limitaron a formular afirmaciones unilaterales sobre la eficacia de las pruebas de cargo y no razonamientos lógico-jurídicos que acreditaran la incorrecta valoración de las pruebas aportadas; y, que dicha suplencia pudo haberse actualizado en el supuesto de que las pruebas recabadas durante la fase de investigación permitieran acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad -lo cual no aconteció-, empero, el juez de la causa tasó adecuadamente el valor del material probatorio aportado por las partes; lo que derivó en la confirmación del auto de libertad por falta de elementos para procesar. Por tanto, resulta correcta la determinación de la autoridad, y contrario a lo que sostiene el quejoso, el acto reclamado no resulta incongruente, pues fue emitido atendiendo a las probanzas existentes en autos. A lo anterior, resulta ilustrativa la tesis aislada establecida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y que este órgano jurisdiccional comparte, en la Tesis I.3o.C.665 C, con rubro y texto: "PRUEBAS. EL VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS IMPLICA LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA LEY, MIENTRAS SU ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS QUE DE ELLAS REALIZA EL JUZGADOR EN ATENCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. El análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, atiende a dos momentos: el formal y el de fondo. El aspecto formal atiende a los requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a efecto de que se le pueda otorgar un valor determinado, el cual se encuentra precedido por las etapas de ofrecimiento, admisión, preparación (en caso de que su constitución sea en el proceso) y desahogo del medio de convicción respectivo. Una vez superado el aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a través de las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación con los hechos alegados por su oferente. Asimismo, cada una de las etapas antes descritas obedece a periodos procesales diversos en la conformación de una prueba, esto es, la admisión de una prueba sólo atiende a la manera en que la misma fue ofrecida, pero no puede garantizar su debida preparación, asimismo, esta última circunstancia no presupone que su desahogo sea conforme a derecho y, por último, que de haberse cumplido con todas las etapas formales de la prueba ésta, indefectiblemente, deba causar plena convicción en el juzgador en relación con el hecho a demostrar. De lo anterior se evidencia que aun y cuando en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos conceptos no son equivalentes, ya que, se reitera, mientras que el primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana crítica del juzgador. Ahora, de lo expuesto inciso A, en el que aduce que el acto reclamado no resulta congruente ni se encuentra debidamente fundado y motivado, resulta infundado. Tal como se ha expuesto, en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que el acto reclamado resulta congruente y exhaustivo, además de estar debidamente fundado y motivado, así como contener valoración de las pruebas, de conformidad con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, en virtud de que la responsable si atendió los agravios expuestos por el denunciante, valoró las pruebas existente autos, y justificó porque confirmaba el auto de libertad por falta de elementos para procesar, ya que si bien inicialmente había concedido la orden de aprehensión, en esta etapa, no se actualizaban los supuestos constitucionales necesarios para el dictado del auto de formal prisión, con lo que se advierte que hizo un estudio de los medios de prueba contenidos tanto en la etapa de instrucción como en la causa penal y se ocupó de lo expuesto por las partes en segunda instancia, lo que realizó atendiendo al interés superior del menor, y en suplencia de la queja, como se ha expuesto en líneas anteriores, por lo que se concluye que cumplió con el deber constitucional de fundar y motivar su actuación. Por tanto, las consideraciones que emitieron en la resolución reclamada, resulta legales y de conformidad con el artículo 51 y 131 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, además de que en ella, la responsable incorporó los fundamentos de derecho que consideró aplicables al caso y expuso detalladamente los motivos por lo que consideró el juez de origen emitió debidamente el auto de libertad por falta de elementos para procesar y que ese órgano colegiado confirmó. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". Cabe precisar que el hecho de que no se concediera razón al quejoso, no se traduce en una violación de un derecho fundamental al recurso judicial efectivo, dado que si bien ese derecho se encuentra reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla; por lo tanto, no significa que no tuvo acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis aislada número CXCVIII/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." En razón de lo anterior, y ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Génesis Yamile Lara Bracamontes, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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