GENESIS VIRIDIANA RAMIREZ VICENCIO y Otros.
Expediente 299/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- GENESIS VIRIDIANA RAMIREZ VICENCIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
...Se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo para inconformarse contra el proveído de veintidós de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de queja previsto por el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), del ordenamiento en cita, en contra de dicha determinación. Por tanto con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento en cita, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
...La demanda de amparo promovida por Génesis Viridiana *********, por propio derecho y en representación del menor de identidad resguardada con iniciales ********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en sede en esta ciudad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 2992020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Bajo ese contexto, se determina que en el presente asunto, la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral en cita establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Lo anterior conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando un gobernado requiera interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. No obstante, el legislador consideró que cuando estén en peligro ciertos derechos sustantivos que son necesarios y legítimos de proteger, los gobernados tendrán la opción de promover, el medio extraordinario de defensa, sin agotar los recursos ordinarios. Sin embargo, estas excepciones al principio de definitividad en el caso de los actos de autoridad, no sólo se encuentran contenidas en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, sino también en otras excepciones establecidas jurisprudencialmente, como por ejemplo cuando el quejoso no tiene que cumplir con el principio en cita cuando el recurso esté previsto en un reglamento y no en una ley, o bien cuando se trate de un medio de defensa que no suspende la ejecución del acto reclamado, cuando se trate de menores y el medio de defensa no suspenda el acto reclamado; en el entendido que la irreparabilidad del acto no constituye por sí mismo una excepción1 Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350, de rubro y texto "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO. En ese contexto, es válido afirmar que la quejosa Génesis Viridiana ¨********** incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio que se atiende. En efecto, como quedó precisado la solicitante de la protección constitucional reclama al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 689/2018, en el que, entre otras cosas, se le impuso una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Ahora bien, en el caso se determina que el juicio de amparo deviene improcedente, porque la quejosa omitió agotar el principio de definitividad con el recurso idóneo que lo es el de apelación, que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Lo anterior es así, porque conforme a la interpretación del invocado numeral, se advierte que son apelables, entre otros, los autos que causan daño AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." irreparable en la sentencia, es decir, cuando la afectación que producen no puede ser reparada, por su propia naturaleza, en la sentencia definitiva del juicio. Bajo ese contexto, es evidente que la multa que le fue decretada a la quejosa en el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, era recurrible a través del recurso de apelación, precisamente porque se erige como un gravamen pecuniario de naturaleza irreparable, pues por regla general, ni siquiera el dictado de una sentencia podría tener el alcance de resarcir la imposición de la multa, dado que en ella no se reexaminan las medidas de apremio decretadas durante el trámite del procedimiento. Incluso, cabe establecer que la multa por sí misma, produce un gravamen irreparable a quien se impone, porque la afectación patrimonial derivada de esa sanción es definitiva; ya que no se puede extinguir o invalidar con el resultado de alguna actuación posterior, pues cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalecerá la multa y la obligatoriedad de su pago. De lo que se sigue que, el acuerdo que decreta tal sanción pecuniaria, causa un gravamen irreparable, y al ser así, es susceptible de ser apelado. Sustenta esta consideración, por su sentido y en lo conducente, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 321, y con número de registro digital 231402, que a la letra dice: "GRAVAMEN IRREPARABLE, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN (IMPOSICIÓN DE MULTAS). El gravamen irreparable a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en la afectación real que se ocasiona a la parte que perjudica, cuyos efectos no se pueden subsanar o invalidar por el Juez que emitió el acto procesal de que se trate, en la secuela misma del procedimiento, ni siquiera mediante las consecuencias que produzca la sentencia definitiva. Este concepto conduce a determinar que la imposición de una multa a las partes en un auto del juicio, produce un gravamen irreparable a las mismas, por cuanto a que la afectación en el patrimonio de ellas con esa sanción es definitiva, porque la obligación que allí se impone o la responsabilidad que se finca ya no se puede extinguir y menos invalidar con el resultado de ninguna actuación posterior, incluyendo a la sentencia definitiva, puesto que cualquiera que sea el sentido de ésta, prevalecerá la imposición de la multa y la obligatoriedad de su pago a cargo de la persona sancionada con ella. Por tanto, la resolución que se emita en esos términos, sí reúne tal requisito requerido para ser impugnable mediante el recurso de apelación." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el auto de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, que por esta vía se reclama, es apelable, en términos del artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, transcrito en párrafos precedentes, pues se insiste, se trata de un auto que causa daño irreparable en la sentencia, dado que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la resolución que ponga fin al procedimiento civil, en virtud de que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así, ninguna resolución subsecuente del juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa y, por ende, la quejosa seguiría sufriendo un menoscabo y perjuicio en su patrimonio. En ese orden de ideas, al no haberse agotado dicho medio de impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es claro que la quejosa inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y, por tanto, es factible tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Junio de 2018, Materia Común, página 8 y con número de registro digital 2017117, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902 y con número de registro digital 187016, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el entendido que no se está en los casos de excepción a que alude el precepto legal que contempla la causa de improcedencia en comento, dado que en, principio, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la procedencia del recurso de apelación antes aludido no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por el artículo a los que se hizo referencia. En mérito de lo expuesto, se afirma la actualización de forma notoria de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y en esas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113 del ordenamiento en cita. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Estrada Méndez por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, en términos del artículo 21, del citado acuerdo general 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las trece horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. Asimismo, en ese micrositio, deberá gestionar su ingreso a este órgano jurisdiccional, para el caso de asistir a la audiencia constitucional al efecto programada. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 23/10/2020, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... La demanda de amparo promovida por Génesis Viridiana *********, por propio derecho y en representación del menor de identidad resguardada con iniciales ********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en sede en esta ciudad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 2992020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Bajo ese contexto, se determina que en el presente asunto, la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral en cita establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Lo anterior conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando un gobernado requiera interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. No obstante, el legislador consideró que cuando estén en peligro ciertos derechos sustantivos que son necesarios y legítimos de proteger, los gobernados tendrán la opción de promover, el medio extraordinario de defensa, sin agotar los recursos ordinarios. Sin embargo, estas excepciones al principio de definitividad en el caso de los actos de autoridad, no sólo se encuentran contenidas en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, sino también en otras excepciones establecidas jurisprudencialmente, como por ejemplo cuando el quejoso no tiene que cumplir con el principio en cita cuando el recurso esté previsto en un reglamento y no en una ley, o bien cuando se trate de un medio de defensa que no suspende la ejecución del acto reclamado, cuando se trate de menores y el medio de defensa no suspenda el acto reclamado; en el entendido que la irreparabilidad del acto no constituye por sí mismo una excepción1 Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350, de rubro y texto "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO. En ese contexto, es válido afirmar que la quejosa Génesis Viridiana ¨********** incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio que se atiende. En efecto, como quedó precisado la solicitante de la protección constitucional reclama al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 689/2018, en el que, entre otras cosas, se le impuso una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Ahora bien, en el caso se determina que el juicio de amparo deviene improcedente, porque la quejosa omitió agotar el principio de definitividad con el recurso idóneo que lo es el de apelación, que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Lo anterior es así, porque conforme a la interpretación del invocado numeral, se advierte que son apelables, entre otros, los autos que causan daño AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." irreparable en la sentencia, es decir, cuando la afectación que producen no puede ser reparada, por su propia naturaleza, en la sentencia definitiva del juicio. Bajo ese contexto, es evidente que la multa que le fue decretada a la quejosa en el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, era recurrible a través del recurso de apelación, precisamente porque se erige como un gravamen pecuniario de naturaleza irreparable, pues por regla general, ni siquiera el dictado de una sentencia podría tener el alcance de resarcir la imposición de la multa, dado que en ella no se reexaminan las medidas de apremio decretadas durante el trámite del procedimiento. Incluso, cabe establecer que la multa por sí misma, produce un gravamen irreparable a quien se impone, porque la afectación patrimonial derivada de esa sanción es definitiva; ya que no se puede extinguir o invalidar con el resultado de alguna actuación posterior, pues cualquiera que sea el curso del procedimiento, prevalecerá la multa y la obligatoriedad de su pago. De lo que se sigue que, el acuerdo que decreta tal sanción pecuniaria, causa un gravamen irreparable, y al ser así, es susceptible de ser apelado. Sustenta esta consideración, por su sentido y en lo conducente, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 321, y con número de registro digital 231402, que a la letra dice: "GRAVAMEN IRREPARABLE, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN (IMPOSICIÓN DE MULTAS). El gravamen irreparable a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en la afectación real que se ocasiona a la parte que perjudica, cuyos efectos no se pueden subsanar o invalidar por el Juez que emitió el acto procesal de que se trate, en la secuela misma del procedimiento, ni siquiera mediante las consecuencias que produzca la sentencia definitiva. Este concepto conduce a determinar que la imposición de una multa a las partes en un auto del juicio, produce un gravamen irreparable a las mismas, por cuanto a que la afectación en el patrimonio de ellas con esa sanción es definitiva, porque la obligación que allí se impone o la responsabilidad que se finca ya no se puede extinguir y menos invalidar con el resultado de ninguna actuación posterior, incluyendo a la sentencia definitiva, puesto que cualquiera que sea el sentido de ésta, prevalecerá la imposición de la multa y la obligatoriedad de su pago a cargo de la persona sancionada con ella. Por tanto, la resolución que se emita en esos términos, sí reúne tal requisito requerido para ser impugnable mediante el recurso de apelación." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el auto de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, que por esta vía se reclama, es apelable, en términos del artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, transcrito en párrafos precedentes, pues se insiste, se trata de un auto que causa daño irreparable en la sentencia, dado que el tema a dilucidar es la imposición de una multa por desacato judicial, la cual no podrá subsanarse en la resolución que ponga fin al procedimiento civil, en virtud de que en ella no se reexaminarán los medios de apremio impuestos a las partes. Así, ninguna resolución subsecuente del juez sancionador podría extinguir o invalidar la multa y, por ende, la quejosa seguiría sufriendo un menoscabo y perjuicio en su patrimonio. En ese orden de ideas, al no haberse agotado dicho medio de impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es claro que la quejosa inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y, por tanto, es factible tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Junio de 2018, Materia Común, página 8 y con número de registro digital 2017117, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902 y con número de registro digital 187016, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el entendido que no se está en los casos de excepción a que alude el precepto legal que contempla la causa de improcedencia en comento, dado que en, principio, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, la procedencia del recurso de apelación antes aludido no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentra regulado por el artículo a los que se hizo referencia. En mérito de lo expuesto, se afirma la actualización de forma notoria de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y en esas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113 del ordenamiento en cita. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Estrada Méndez por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, en términos del artículo 21, del citado acuerdo general 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, instrúyase al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las trece horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. Asimismo, en ese micrositio, deberá gestionar su ingreso a este órgano jurisdiccional, para el caso de asistir a la audiencia constitucional al efecto programada. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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