Genaro Villafuerte Santis
Expediente 1083/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2022
Partes del expediente
- Genaro Villafuerte Santis y Otros.
- Genaro Villafuerte Santis
Actuaciones
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de revisión 15/2022, y devuelve el original del incidente de suspensión. Acúsese recibo de estilo. Tomando en consideración que la Superioridad determinó: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de revisión intentado por el Síndico Municipal en representación del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, términos del considerando último de este fallo. SEGUNDO. Queda firme la interlocutoria recurrida." (Sic) Comuníquese lo anterior a las partes y glósense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Visto lo anterior, tomando en consideración que el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del juicio principal de donde deriva el presente incidente, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un incidente de suspensión en el que por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión solicitada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo indica el diverso numeral 35 del Acuerdo General citado, hágase constar en la carátula del presente expediente la leyenda depurable. Toda vez que, el presente se formó por duplicado y separado; procédase a la destrucción de aquél, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de revisión 157/2022, y devuelve el original del presente juicio de amparo. Acúsese recibo de estilo. Tomando en consideración que la Superioridad determinó: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio promovido contra los actos y por autoridades que se indican en el considerando primero de este fallo, por las razones que se contienen en el considerando cuarto de la sentencia recurrida." (Sic) Comuníquese lo anterior a las partes y glósense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1083/2021-III, promovido por ********************, contra el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, respecto del acto reclamado consistente en discusión, votación, aprobación y promulgación del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y otros actos. En términos de lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, el que podrá rendir al correo electrónico 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, mismo que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Se le hace saber a la autoridad responsable que, con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19, y con base en lo dispuesto por los acuerdos generales citados, en el sentido de que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias; los informes previos y demás oficios dirigidos a este juzgado deberán ser remitidos por vía electrónica, al correo oficial de este órgano judicial, 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, y por el mismo medio se le acusara de recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si se recepciona con posterioridad-. Asimismo, hágasele del conocimiento que deberá rendir dicho informe en original con copia y en oficio diverso al en que rinda su informe con justificación, toda vez que el presente incidente de suspensión se tramita por cuerda separada al principal del cual emana, apercibida que de no rendir su informe previo, se le impondrá un correctivo disciplinario, con fundamento en los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, consistente en multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional). Solicitándose a la autoridad responsable que al momento de rendir su informe previo, remita las constancias que estimen necesarias, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 143, de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, esto es dentro del término de cinco días que señala dicho precepto. En ese sentido, no habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia de la medida suspensiva solicitada, se toma en consideración que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la: "discusión, votación, aprobación y promulgación del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobado mediante acta de Cabildo número 98, punto vigésimo octavo del orden del día, celebrada en sesión ordinaria de veintisiete de agosto de dos mil doce (.)". De conformidad con el artículo 128, de la Ley de Amparo, SE NIEGA la SUSPENSIÓN PROVISIONAL al quejoso ********************; respecto de dicho acto reclamados al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Lo anterior, en virtud que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas y no estás en sí y su inconstitucionalidad, que es lo que podría perjudicar al impetrante de amparo, que sería el análisis del juicio principal y no del incidente de suspensión. Al respecto tiene aplicación la Jurisprudencia, que es del tenor literal: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Así también, es aplicable la Jurisprudencia, bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." De igual forma, es aplicable la diversa jurisprudencia número 600, visible en la página 436, Tomo III, del Apéndice de 1995, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, IMPROCEDENTE. Las leyes que arreglan el patrimonio del Estado o atañen a las funciones esenciales del mismo, así como las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas por la Constitución, o que interesan de un modo directo a la comunidad, no pueden ser materia de suspensión, por lo que toca a sus efectos." Por otra parte, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se NIEGA la suspensión provisional al quejoso ********************, respecto a la boleta de infracción con número de folio ********************, levantada el diez de noviembre dos mil veintiuno; y la retención de la placa de circulación ********************, toda vez que a dichos actos les reviste el carácter de consumado, por lo que no procede conceder la medida solicitada, ya que de hacerlo se le daría efectos restitutorios y estos son propios sólo de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Cobra aplicación, la Jurisprudencia, cuyo texto informa: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otra parte, por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la retención de la placa delantera, resulta pertinente precisar que la suspensión del acto tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que se dicte declare el derecho del promovente, y pueda ser ejecutada, eficaz e íntegramente. Esta suspensión de los actos que adelanta la efectividad aunque sea de manera parcial y provisional, de la sentencia de amparo, se encuentra perfectamente justificada con la preservación de la materia del amparo y el evitar que se causen daños y perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa. Para que se otorgue la suspensión es necesario que se satisfagan los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando: 1. La solicite el quejoso; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En la especie, ambos requisitos se surten, pues la medida cautelar solicitada por el quejoso no sigue en perjuicio del interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse dichas consecuencias derivadas del acto reclamado se les causarían daños y perjuicios de difícil reparación. En ese sentido, con fundamento en los artículos 128, y 150, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE al quejoso ********************, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, esto es, únicamente respecto a la devolución de la placa de circulación ********************, en virtud de que los efectos materiales de dicho acto no son actos consumados para los efectos de la suspensión, y con ello, no implica darle efectos sustitutorios pues no se deja insubsistente el acto reclamado. Para atender el planteamiento del quejoso, se toma en cuenta el principio de apariencia del buen derecho, con base en el que pide que se conceda la suspensión del acto reclamado para los efectos precisados. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido ese conocimiento superficial como un asomo al fondo del acto reclamado, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad. El requisito aludido implica que, para la concesión de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. El principio de apariencia del buen derecho es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse con base en dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En el caso concreto, se examina el acto reclamado con base en la apariencia del buen de derecho a que se ha hecho referencia, cuyo examen objetivo, tal y como lo sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, al resolver la queja 95/2014, y en lo que interesa sostuvieron "...la fundamentación contenida en la boleta de infracción reclamada no es clara ni evidente (por las razones destacadas), que inclusive lleva a pensar que carece de fundamentación.."; de ahí que, atendiendo lo expuesto por la quejosa en la demanda de amparo y lo resuelto por el tribunal de alzada, podemos advertir con mediana claridad que -sin prejuzgar el fondo de la constitucionalidad del acto reclamado-, que la boleta de infracción que hoy se tilda de inconstitucional pueda carecer de algunos de los requisitos legales respectivos. Por lo que, en la especie, se puede actualizar la excepción que permita conceder la suspensión del acto reclamado ante la posibilidad de que sea inconstitucional, pues su examen objetivo o superficial evidencia la probabilidad de que se contraponga al orden constitucional, al menos no en cuanto a los aspectos formales que pueden apreciarse objetivamente. Con independencia de lo anterior, es importante precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita (P./J. 15/96), la apariencia del buen derecho deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para el otorgamiento de la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado; lo cual, como quedó precisado en el presente proveído, no acontece en el presente caso. Además, el estudio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora son instrumentos jurisprudencialmente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que los Juzgadores de amparo cuenten con herramientas que les permitan valorar la posible contravención a disposiciones de orden público o afectación al interés social y de ese modo otorgar la suspensión del acto reclamado. Precisado lo anterior, de la boleta de infracción número ********************, que exhibe el quejoso en la demanda de garantías y mediante el cual se le hizo del conocimiento la retención de la placa de circulación ********************, se advierte que sí acredita su interés jurídico para solicitar la medida cautelar provisional, ya que, en efecto, el acto de autoridad se presume afecta un derecho legítimamente tutelado, por la expedición misma de dicha placa retenida a la quejosa. Por ende, queda satisfecho el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que media la solicitud de la quejosa. Respecto a la fracción II del referido precepto, se advierte en el presente asunto que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público pues, al tratarse de un reglamento de interés público, resulta trascendente que se respeten sus disposiciones, toda vez que no puede quedar al albedrío de los agentes de tránsito, como en la especie aconteció, determinar la sanción que a su parecer le convenga, sin atender a lo estipulado en el ordenamiento respectivo. Asimismo, con la ejecución del acto le causaría daños de difícil reparación al quejoso, toda vez que se vería afectada en su derecho de circular su vehículo por la vía pública hasta que concluya el juicio de amparo, motivo por el cual se satisface lo establecido en la fracción II. En los términos anteriores, al considerarse las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa, y en observancia de la jurisprudencia P/J. 15/96, emitida por el Máximo Tribunal de la Nación y visible en el Tomo VI del Apéndice 1917-2000, Novena Época, página 374, ponderados los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la demora y al estar reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional al quejoso ******************** a fin de que la autoridad responsable ponga a su disposición la placa de circulación ********************,. Lo anterior, independientemente del estudio que posteriormente realice este Juez de Distrito, pues la medida suspensional sólo tiene el carácter de provisional, amén de que no debe influir en el resultado de la sentencia de fondo, toda vez que aquélla se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Por ende, en caso de que al resolver el fondo del amparo determine que debe negarse la protección de la Justicia Federal y estime que es equívoco el análisis realizado por este órgano colegiado sobre el presupuesto de la apariencia del buen derecho, queda en aptitud de determinar que las cosas vuelvan al estado anterior.
- Principal
se ADMITE LA DEMANDA, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1083/2021-III, en el libro de gobierno respectivo. Por duplicado y cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días, al en que reciban el oficio en el que se le solicita; al que deberán acompañar los originales, o en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe o por medios digitales; apercibidas que no hacerlo así, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el dispositivo 75, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, de los Artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, solicítese a las autoridades responsables para que en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexen copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente a Treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $2,688.00 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237, fracción I y 251, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizados en los términos que indica a los profesionistas que señala. De igual manera, como lo solicita, de conformidad con la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Así también, se toma nota de los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que adjunta la parte quejosa en su escrito de cuenta, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, misma que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente.
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