Genaro Ulises Piñeyro García
Expediente 873/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Genaro Ulises Piñeyro García
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 873/2019-2. En treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos, asimismo, la Secretaria de Juzgado certifica y hace constar que el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que Genaro Ulises Piñeyro García manifestara su inconformidad, si la hubiere, contra la sentencia emitida el seis de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió del once al veinticinco de septiembre de la citada anualidad, en la inteligencia que no se computan sábados y domingos, así como dieciséis de septiembre, por ser días inhábiles, lo que se asienta para los efectos legales que haya lugar. Conste. Secretaria. Reynosa, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L´LIBQ/sags*
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 873/2019-2, promovido por Genaro Ulises Piñeyro García, contra actos y autoridades mencionadas en el considerando segundo de esta resolución.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable informe justificado, que se tomará en consideración al resolver este juicio; téngasele señalando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Genaro Ulises Piñeyro García; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 873/2019-2-2, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Genaro Ulises Piñeyro García, contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con quince minutos del seis de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído, mismos que inclusive podrán ser rendidos utilizando la vía fax que se sirva enviar al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos las constancias relativas al juicio de origen y de ellas se corrobore el domicilio donde pueda ser localizado. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el lugar y personas mencionadas en el escrito de demanda. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos leales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a practicar las diligencias encomendadas en este juicio en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan de Dios de León Sánchez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2662/2019, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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