Genaro Torres Alvarez
Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Genaro Torres Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: "R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ".NOT.-
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 374/2020-III, promovido por ************, por propio derecho, contra el acto que reclama al Fiscal General de la República, por considerarlo violatorio del artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, turnado al día siguiente a este juzgado de distrito, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable al C. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (.)" IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalado como responsable, reclamo la falta de contestación a mi solicitud presentada el día 15 de Noviembre de 2019 en sus oficinas." SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El quejoso señaló como derecho fundamental vulnerado en su perjuicio el contenido en el artículo 8°, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda bajo el registro 374/2020-III, se solicitó a la responsable su informe con justificación y se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. CUARTO. REQUERIMIENTO PARA AMPLIAR la DEMANDA. Derivado del informe justificado rendido por la responsable, mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 33 a 34), se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era de su interés ampliar el escrito inicial de demanda y señalar como nueva autoridad responsable al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León, atribuyéndole la omisión de dar respuesta al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve. Dicho proveído fue notificado a la parte quejosa por lista, el trece de agosto del año que transcurre (foja 39), sin que a la fecha en que se resuelve, el gobernado desahogara el citado requerimiento; razón por la que en acta de audiencia se declaró precluído su derecho para ampliar el escrito inicial de demanda respecto de la aludida autoridad y acto. QUINTO. suspensión del trámite del juicio. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación durante la contingencia derivada del virus COVID-19, se determinó suspender la tramitación del sumario constitucional que se resuelve, hasta en tanto, se regularizara el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales; toda vez que al asunto que nos ocupa no le reviste el carácter de urgente en atención a los actos reclamados; aunado al hecho de que no se cumplieron con los requerimientos necesarios para la tramitación del juicio en línea. SEXTO. reanudación del trámite del juicio. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de tres de agosto de dos mil veinte, se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo y, en consecuencia, se fijó nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SÉPTIMO. verificación de la audiencia constitucional. En la fecha que se fijó para la verificación de la audiencia constitucional se inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. competencia. Este Octavo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer, y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, dado que se promueve contra actos atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa cuya residencia se ubica en la jurisdicción de este Órgano Federal. SEGUNDO. fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: La falta de respuesta al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al Fiscal General de la República, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, no obstante la negativa expresa al rendir su informe con justificación (fojas 13 a 30). Lo anterior es así, ya que la parte quejosa exhibió como prueba el escrito que elevó al Fiscal General de la República, del que se desprende el sello de recibido de dicha dependencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve; con independencia de las acciones que haya realizado a fin de que la autoridad competente diera respuesta a los solicitado por el gobernado. Cobra aplicación en el caso la tesis 305, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo VI, página 206, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA FUNDADAS. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Fiscal General de la República señala que respecto de la falta de respuesta al escrito de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. El ordinal en cita, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado consiste en la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, cuya pretensión del gobernado era que se gestionara la denuncia de hechos con posible carácter delictivo en contra de diversa persona, por traición a la patria. Al respecto se tiene que, el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo y éste a su vez en representación de la autoridad responsable Fiscal General de la República, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio DAAR/07/3895/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, documental a la que se confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2º, de la que se desprende lo siguiente: ".a través del oficio UDA/073/2020 signado por el Director de la Unidad de Documentación y Análisis de la Oficina del C. Fiscal General de la República, de fecha veinticinco de febrero de la presente anualidad, se hizo del conocimiento a esta Dirección de Amparo Autoridad Responsable, que su escrito de petición de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se turnó mediante volante de remisión de documentos con folio 12169 a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, para su atención procedente conforme a derecho corresponda y en el que a su vez el citado Subprocurador mediante diverso SCRPPA/DS/7447/2019, remitió el asunto que nos ocupa al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León, para su atención procedente conforme a derecho corresponda. En razón de lo anterior, le informo que dicha petición fue atendida oportunamente por el C. Fiscal General de la República, y quien deberá atender de manera oportuna y dar seguimiento a la materia de su petición será el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León." De lo anterior se desprende que mediante oficio DAAR/07/3895/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, la autoridad señalada como responsable, atendió el escrito presentado por el quejoso el quince de noviembre de dos mil diecinueve; no obstante, dada la naturaleza de la solicitud, la remitió a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, mediante volante de remisión de documentos con folio 12169 de quince de noviembre de dos mil diecinueve, quien a su vez mediante la diversa misiva de SCRPPA/DS/7447/2019 de diecinueve de noviembre siguiente, lo envió al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León, a quien consideró correspondía conocer de la petición. Asimismo, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se desprende la cédula de notificación de cinco de marzo del año en curso, de la que se advierte que el citado oficio DAAR/07/3895/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, fue notificado personalmente a la parte quejosa. De las relatadas constancias este juzgado dio vista y requirió a la parte quejosa mediante proveído de tres de agosto de la presente anualidad, a fin de que manifestara si era de su interés ampliar el escrito inicial de demanda respecto del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León, atribuyéndole la falta de respuesta del escrito de mérito. Lo anterior, fue debidamente notificado al gobernado el trece de agosto de la citada anualidad, sin que a la fecha en que se resuelve realizara manifestación alguna, por lo que, en acta de audiencia se tuvo por precluído su derecho para ampliar la demanda. En ese sentido, si la interpretación del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; lo cierto es que el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino a dar contestación por escrito, en forma congruente y en breve término al peticionario. De ahí que, con la emisión del oficio DAAR/07/3895/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, el cual fue debidamente notificado al quejoso, desaparecieron los efectos del acto impugnado subsanando la violación a la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable la tesis 3a. XXXIV/92, de la Octava Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en abril de mil novecientos noventa y dos, tomo IX, página 81, que señala: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de la omisión reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 74, 77, fracción I, 107, 108, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio y se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio, empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. Finalmente, de autos se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado del Fiscal General de la Republica al cual adjuntó diversas documentales, entre ellas, el oficio DAAR/07/3895/2020 de cuatro de marzo de la presente anualidad, mediante el cual la citada autoridad hace del conocimiento al quejoso que el libelo de petición de quince de noviembre de dos mil diecinueve, fue turnado al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León, por ser la autoridad a quien corresponde conocer la petición formulada; en consecuencia, a efecto de evitar dejar en estado de indefensión al gobernado, con copia del oficio de cuenta, anexos y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si a su interés legal conviene ampliar su demanda de amparo y atribuir la falta de respuesta al escrito de petición al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nuevo León. En el entendido que el escrito de ampliación deberá ajustarlo en términos de lo previsto en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, y precisar los conceptos de violación conducentes, acompañando copias suficientes tanto de su escrito inicial de demanda por cada nueva autoridad que señale como responsable, así como de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes en el juicio, apercibida que en caso de no hacerlo, se tendrá por precluido el derecho para ampliar el escrito inicial de demanda respecto del acto reclamado y autoridad responsable, por lo que se resolverá el juicio teniendo como autoridad y acto los señalados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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