Genaro Tejeda Montes

Expediente 828/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
828/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Genaro Tejeda Montes y Otros.
  • Genaro Tejeda Montes
  • Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión, en contra de la sentencia de fecha seis de diciembre del año en curso dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia en la que no se ampara ni protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.??????????????????? En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección constitucional; es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia????? de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado licenciada Iria Cárdenas Lozano, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 828/2021-VII, promovido por GENARO TEJEDA MONTES, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el mismo día, GENARO TEJEDA MONTES solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 828/2021-VII; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, el acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, dictado en el juicio laboral 2/21/2643, mediante el cual la autoridad del trabajo señaló fecha lejana (siete de enero de dos mil veintidós) para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues no obstante de que al rendir su informe justificado negó la existencia de dicho acto, hace manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Debe debe decirse que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso en su demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es fundado pero inoperante el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en atención a los razonamientos legales que a continuación se exponen. En efecto, el peticionario del amparo aduce, en esencia, que la Junta del conocimiento viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la audiencia de veintiuno de octubre del año en curso, señaló el día siete de enero próximo para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral de origen. El planteamiento que antecede es fundado pero inoperante, pues de la copia certificada enviada por la titular de la Junta responsable, en apoyo a su informe de ley, cuyo valor probatorio, ha quedado establecido en el considerando tercero de esta sentencia, se advierte con meridiana claridad que, efectivamente, se señaló una fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que resulta contrario a lo dispuesto en la ley laboral. Sin embargo, no obstante lo fundado de su argumento, debe declararse inoperante, en virtud de que a nada práctico conduciría otorgar el amparo para que la Junta responsable señalara una fecha más cercana para que tuviera verificativo tal audiencia, ya que el hacerlo de ese modo sería en detrimento para el impetrante de amparo. Ello es así, ya que el efecto para el que, en su caso, se otorgara el amparo impetrado, sería que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo atinente a la fecha señalada para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su lugar fijara otra dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo; empero, teniendo en consideración lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el sentido de que deben transcurrir los diez días que establece el citado ordenamiento legal para que la sentencia cause ejecutoria, una vez que surta efectos la última notificación, y hecho lo anterior debe requerirse el cumplimiento a la responsable, se aprecia que la sentencia protectora quedaría firme en una fecha posterior a la fijada en el acto reclamado para la citada diligencia, trayendo como consecuencia que el cumplimiento a la ejecutoria que diera la responsable quedara sin materia. Siendo así, el objeto de la acción de amparo no se conseguiría y, por las razones expuestas, es preferible que subsista el acto combatido, porque, como se puso de manifiesto, su concesión causaría un perjuicio mayor al impetrante, que está interesado en que se celebre con prontitud la audiencia en comento; de ahí lo inoperante del concepto de violación que se analiza. Sobre el particular, por similitud de razón, es oportuno citar la tesis 2a.CCII/2002, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 726, Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO. Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al solicitante del amparo respecto a las argumentaciones relativas a que la reforma a los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era violatoria de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ellos, además, se imponía una sanción excesiva e inusitada prohibida por el artículo 22 de la propia Ley Fundamental, sería que el quejoso dejara de tributar conforme a ese régimen, por ser ilegal, desproporcional e inequitativo o por contener un tratamiento perjudicial, por lo que quedaría obligado a tributar conforme al régimen general, ya que de esa manera se le estaría restituyendo en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, lo que le irrogaría un perjuicio más que aportarle un beneficio. En consecuencia, si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia." Además, conviene precisar que actualmente la autoridad responsable también se ha visto en la necesidad de reducir sus labores con motivo de la pandemia que nos aqueja, lo que retrasaría aún más el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se estima lo anterior, ya que el alcance de la protección de la justicia federal se delimita en función del acto que reclama, y a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo y si del contenido de la demanda se advierte que el núcleo esencial de su reclamo, lo constituye la circunstancia que la autoridad responsable no señaló la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, y, con ello se había retardado el trámite del juicio, pues omitió aplicar el artículo 878, de la Ley Federal del Trabajo, es por ello que cuando se conceda el amparo los efectos de la concesión, en estos casos, comprenderá únicamente el que la autoridad responsable señalé fecha para la celebración de la audiencia de referencia en los términos del numeral en mención, sin poder hacer extensivos los efectos de la protección constitucional a actos posteriores del procedimiento laboral. Tal y como lo contempla la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no solo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia u exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 75, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En las relatadas condiciones, al haberse desestimado el concepto de violación formulado por el quejoso; procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a GENARO TEJEDA MONTES, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese por lista a las partes; y, por oficio a la autoridad responsable.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, y en atención al contenido del oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se le tiene informando que requirió al Administrador Regional de este edificio para que dentro del término de tres días, remita a ese Tribunal la pieza postal en mención que hay recibido, correspondiente dicho expediente. Por otra parte, se tiene al Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional de Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, promoviendo recurso de revisión adhesiva. Por último, se tiene a la Superioridad informando que con fundamento en el artículo 82 de la Ley de Amparo Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación; así como el acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admitió la revisión adhesiva sin demerito de lo que en su momento resuelva el Pleno de ese Tribunal Colegiado, sobre la procedencia o no de dicho recurso. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, que autoriza y da fe. Doy fe.

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