Genaro Silva Anaya
Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Genaro Silva Anaya
Actuaciones
- Principal
Mesa "4" Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. -CAUSA ESTADO- Conforme a la certificación que antecede, de la que se observa ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el dispositivo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto a través del cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas a que haya lugar. -ARCHIVO- De conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. -CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA- (.) se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la inciso b), del precepto 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años. Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el arábigo 15 del Acuerdo antes mencionado. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 referido (de los mencionados en el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Notifíquese.
- Principal
Mesa "4" Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. -DESAHOGA PREVENCIÓN- (.) agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso *****, por el cual, desahoga la prevención realizada el doce de abril pasado. Precisado lo anterior, se provee en los siguientes términos: -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO- En términos del precepto 113 de la Ley de Amparo1 este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. (.) Del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del arábigo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance, antes de acudir a la acción constitucional. El invocado numeral 61, en su fracción XVIII2 , contempla el principio de definitividad, según el cual el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En conclusión, el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. (.) Sentado lo anterior y analizado el escrito inicial de demanda, se advierte que el acto que pretende combatir en esta vía indirecta es: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla a otro centro penitenciario. Al respecto, conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de traslados, a saber: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. 1. Los traslados voluntarios previstos por el dispositivo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al diverso 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al precepto 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal6 , notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En este supuesto, la legislación establece que en caso de que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Esto es, contra la determinación de la autoridad penitenciaria la persona privada de su libertad puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa y contra la resolución del juez de ejecución procede el recurso de apelación previsto en el artículo 132 de la citada ley de ejecución, que señala: (.) En ese contexto, se advierte que el quejoso no interpuso tanto la controversia judicial, ni el recurso de apelación que prevén los numerales 51, 52 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que resulta incuestionable que el presente juicio constitucional deviene improcedente. (.) De ahí que tenía la carga de agotar el referido medio de impugnación, el cual tiene por objeto la confirmación, modificación, revocación o cese de la conducta que constituye el acto reclamado, lo que no hizo (.) Aunado a lo anterior, no se está en presencia de algún caso de excepción que contempla la fracción XVIII, del precepto 61, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de: Un acto que importe privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Resulta evidente que tampoco constituye un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o que imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. El promovente no es una persona extraña al procedimiento, por tanto, se encuentra legitimado para promover el recurso respectivo. En consecuencia, por los motivos precisados, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, ello con fundamento en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación implique negar al quejoso su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues por imperativo legal debe cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Mesa "4" En la Ciudad de México, doce de abril de dos mil veintitrés. -RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y otra autoridad, regístrese con el consecutivo *****. Fórmese el expediente electrónico e impreso. -SE PIDE SUSPENSIÓN DE PLANO, PERO NO PROCEDE POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES- No se soslaya que la parte quejosa dentro del capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: (.) En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: (.) Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. (.) -PREVENCIÓN- Es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos mínimos y esenciales que debe contener el escrito inicial de demanda, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, el cuaderno relativo al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los ordinales 112, 114, fracciones II y IV, y 108 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que sea notificado de la presente determinación, realice lo siguiente: 1. De cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Esto es, para que declare expresamente "bajo protesta de decir verdad", los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado; lo anterior, con el fin de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de proveer lo conducente respecto a su demanda de amparo. En el entendido de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la Ley de la Materia; debiendo realizar dicho desahogo de manera particular, atento que "bajo protesta de decir verdad" es un acto personalísimo que debe emitirlo la persona quien le conste los hechos en el caso el directo agraviado, pues de la lectura de la demanda de amparo únicamente se aprecia que el solicitante de amparo realiza diversas manifestaciones sin que previo a ello, lo señale con la leyenda "bajo protesta de decir verdad". (.) En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Estas precisiones se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el precepto 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. -APERCIBIMIENTO- Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada, en los términos precisados para ello, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la solicitud de amparo. (.) -CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS- Con relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través del usuario *****, el cual después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. De igual forma (.) SE AUTORIZAN LAS NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Al USUARIO CITADO, sin perjuicio de lo dispuesto en el diverso 57 del referido acuerdo. (.) -USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS- Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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