Genaro Sanromán Y/O San Gil
Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2022
Partes del expediente
- Genaro Sanromán Y/O San Gil
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por ., por propio derecho, a través del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos de la Secretaria De Seguridad Pública Del Municipio Corregidora, Qro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 949/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora, considerando que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele de los siguientes actos: a) La privación de la libertad fuera de procedimiento. b) La incomunicación y c) la desposesión de bienes que alude de su propiedad, que se verificaron el uno de julio de dos mil veintidós, y que tuvieron su origen en la detención del quejoso realizada en esa fecha por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Corregidora Querétaro. Al respecto, si bien los dos primeros actos [a) La privación de la libertad fuera de procedimiento. b) La incomunicación] están prohibidos por los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y merece tratamiento urgente, lo cierto es que en ocasión a dichos actos se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Lo anterior, porque en ocasión a dichos actos el quejoso narra en su demanda que el día uno de julio de dos mil veintidós, elementos policiales de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Corregidora, los privaron ilegalmente de la libertad al quejoso y sus hermanos, así como a un sobrino de nombres Alejandro Sanromán Gil, Esteban Sanromán Gil y José Gil Velasco, quienes se dedican al comercio en la venta de artesanía mexicana así como zapato de manufactura nacional y extranjero, con local establecido en la ciudad de Querétaro, pues al estar circulando en la fecha señalada sobre la carretera libre a Celaya a la altura de la empresa conocida como Tetra Pack, y toda vez que dicha vialidad se encuentra en reparación, fueron detenidos a bordo de una camioneta marca Dodge Ram, modelo 2010, color vino, Cabina y media, con placas de circulación del estado de Querétaro, por elementos que se acreditaron como policías municipales de Corregidora, estado de Querétaro, ello de manera arbitraria, sin mostrarles orden o documento alguno que justificara su proceder, y posterior a ello al no dar valor a las notas de compra de la mercancía que traíamos con nosotros (zapatos y tenis de diversas marcas y materiales), que trasladaban del estado de León Guanajuato, los remitieron a unas oficinas sin poderlas identificar, desapoderándolos en ese momento de la mercancía que transportaban con un valor aproximado de . (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), así como del vehículo descrito. En la inteligencia que la incomunicación reclamada aconteció en razón de que, durante seis horas fueron privados de la posibilidad de entablar comunicación con algún familiar que los asistiera o bien buscara un abogado para representarlos. Siendo que, una vez pasado un lapso aproximado de seis horas, uno de los elementos captores, que según su dicho no se identificó, les devolvió únicamente el vehículo en el que viajaban así como la mercancía de procedencia nacional, sin devolverles la demás mercancía que traían con ellos. Como se ve, a pesar de que el quejoso reclama una privación fuera de procedimiento e incomunicación, de su demanda se aprecia que la misma se ejecutó el uno de julio de dos mil veintidós, es decir desde el momento de la detención hasta la liberación del quejoso, en la inteligencia que el mismo quejoso señala haber sido incomunicado y privado ilegalmente de su libertad durante seis horas, de modo que el tiempo que duro dicha privación está ejecutado de modo irreparable, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal e incomunicación durante ese lapso, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos como el amparo restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado durante ese día. Ante lo cual, resulta improcedente el juicio de amparo, en ocasión al consabido acto identificado en los incisos a) y b) de este acuerdo, y por ende, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al ser notoriamente improcedente respecto de tal acto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, registro 171537, que señala: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Asimismo, procede desechar la demanda de amparo en ocasión a los actos reclamados identificados en el inciso c) dado que en ocasión a él, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Atendiendo al contenido de ese precepto, es claro que el legislador estableció que el juicio de amparo sería improcedente, si el amparo se promueve fuera de los plazos establecidos en la Ley de Amparo para tal efecto atendiendo al tipo y naturaleza de los actos reclamados, pues si la promoción del juicio de amparo se realiza en forma extemporánea, ello implica que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, precisamente por no haber reclamado su inconstitucionalidad en el plazo que la ley le otorga. En ocasión a los plazos para la presentación de la demanda de amparo y la forma en que deben computarse, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esos numerales establecen como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, conforme a ley que rija el procedimiento del que emana el acto; o bien, 2) Al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) Al día siguiente en que el impetrante de garantías se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ello, salvo que los actos reclamados encuadren en alguna de las hipótesis definidas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17, de la Ley de Amparo, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Hipótesis que en este asunto no se actualizan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda (desposesión de bienes muebles), pues no se está impugnando una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, para determinar si la demanda origen de este asunto, es oportuna, debe atenderse al plazo genérico de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17, de la Ley de Amparo; y el cual debe computarse, conforme a la primera de las hipótesis a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. A fin de determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado, es relevante señalar que atendiendo a la narrativa que realiza la parte quejosa en la demanda de amparo, se aprecia que ésta bajo protesta de decir verdad, confesó que desde el uno de julio de dos mil veintidós, se verificó la desposesión de los bienes que señala de su propiedad. Lo cual implica que, al menos desde esa fecha, es decir, el uno de julio pasado, el quejoso conoció de la existencia de los actos reclamados por virtud de su ejecución, de modo que el plazo del cual disponía el quejoso para promover la demanda de amparo comenzó a computarse el día siguiente, es decir, el cuatro de julio de dos mil veintidós, y feneció el veintidós del mes y año en cita, sin computarse en dicho periodo los días sábados y domingos correspondientes por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si el quejoso no promovió la demanda de amparo dentro del plazo de quince días del cual disponía el quejoso para reclamar en amparo biinstancial la desposesión de los bienes muebles (automotor, y mercancía de artesanías, así como zapato de manufactura nacional y extranjera); dichos actos deben entenderse consentidos para efectos de procedencia del juicio de amparo. Ello, porque la demanda de amparo origen del presente juicio, se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta las veinte horas con cincuenta y nueve minutos del siete de agosto de dos mil veintidós, según se aprecia de la certificación Secretarial de cuenta, por lo cual es claro que su presentación es notoriamente extemporánea. Es aplicable, el criterio contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página setenta y uno, Primera Parte, Volumen 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En consecuencia, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados con los inciso c) de este acuerdo, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Asimismo, considerando que el quejoso no está imposibilitado para firmar la demanda de amparo por sí, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, al no estar privado de su libertad, en ocasión a los actos reclamados identificados con el inciso c) de este acuerdo, este juzgado considera también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, los cuales disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107 fracción I de la Constitución Federal dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que este únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15, de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Puede promover el representante legal o apoderado; 2.- Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 3.- Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Explicado de mejor manera, de conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien, la firma electrónica de conformidad con el ordinal 3o. de la multicitada ley. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime a la promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. En la inteligencia que el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles únicamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es decir, que en los demás casos, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso concreto, los actos señalados por la parte quejosa, como ya se precisó al momento de la presentación de su demanda no está privado de su libertad, por lo no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, tal como se hizo constar líneas arriba, razón por la cual resulta necesario para la tramitación del ocurso que se acuerda la firma electrónica correspondiente a quien promueve. Ahora, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda, haya sido firmado electrónicamente por el accionante de amparo .. Entonces, al no encontrarse la demanda de amparo firmada por la promovente no se encuentra manifiesta la voluntad de ésta y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la multicitada ley. Pues se insiste, es patente que el numeral 3º de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán contar con firma electrónica o autógrafa del quejoso o de su apoderado o representante legal; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma por parte del quejoso o de su representante o apoderado legal, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma de su promovente ., por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo, -los identificados con el inciso c) como ya se dijo en líneas precedentes, no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se precisó. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente del quejoso, o bien de su representante o apoderado legal, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de ., no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo, dado que carece de voluntad del promovente. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, se insiste en atención al principio de instancia de parte agraviada, el cual implica que la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por el quejoso o por quienes legalmente los representen; pues la firma electrónica que establece el Poder Judicial de la Federación, es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del citado Poder de la Unión, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; de ahí, que la firma electrónica surte los mismos efectos que la firma autógrafa. Cabe destacar que en ese mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del ocho de octubre de dos mil dieciocho, por mayoría de ocho votos, la contradicción de tesis 47/2018. Obteniéndose de la misma de manera substancial, que la demanda de amparo que es presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente por parte del autorizado de la quejosa, no se está ante una irregularidad subsanable mediante prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, siendo susceptible de ser desechada de plano, al carecer de voluntad de la persona que figura como promovente. Lo anterior, prevaleciendo el principio constitucional de instancia de parte agraviada contenido en la fracción I del artículo 107 Constitucional. Sin que sea omiso que la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, tiene como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita, simplificando la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales (firma electrónica), con los mimos efectos para el caso de la firma autógrafa, sin que tal innovación presupueste soslayar los principios rectores del juicio de amparo(instancia de parte agraviada). Por ende es de concluirse que la demanda de amparo presentada electrónicamente mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra firmada con la firma electrónica del quejoso, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y directo agraviado. Entonces, si al promover la demanda de amparo, ., mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin que se acompañara la evidencia criptográfica que evidenciara que cuenta con la firma electrónica correspondiente certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), procede entonces desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, en armonía con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XXIII, 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu de la Ley de Amparo, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al presente juicio constitucional. Cobra aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia número 32/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente; (.) Además, es hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la posibilidad de tramitar y obtener la firma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cumpliendo con diversos requisitos que pide el propio sistema sin necesidad de asistir a las instalaciones de manera presencial. Así como también la dirección electrónica, donde se advierte que es factible como usuario la tramitación del juicio en línea. De modo que para acceder a los servimos que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas cuenten con dicha firma electrónica y se registren en el sistema, en donde sólo deberán indicar su nombre, correo electrónico y la clave de registro único de población, para después crear un nombre de usuario, y una contraseña; y vincular su firma electrónica al registro respectivo. De ahí, que si la demanda se presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es requisito indispensable que cumpla con el requisito de la firma electrónica, al ser un mecanismo de identidad de la persona que está promoviendo y sobre todo que da certeza de su voluntad para promover en el juicio. Y si bien, es un hecho notorio la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las medidas sanitarias, no se aprecia en el caso particular que el actor, se encontrara imposibilitada para realizar los trámites para la obtención de la firma electrónica o el registro en el portal aludido, a efecto de presentar la demanda que nos ocupa, es decir, que no contara con las herramientas tecnológicas para tal efecto; aunado a que de conformidad con el artículo 1 del citado Acuerdo General 13/2020, incluso podía firmar electrónicamente el ocurso haciendo uso no sólo de la "FIREL", sino también de la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), pues la "firma electrónica" las comprende a ambas. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Décima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo Materia Común, tesis P./J. 8/2019 (10a.), página 79, del rubro y texto siguientes: (.) Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2679, de rubro y contenido: (.) Así como el criterio III.4o.T. J/5 sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: (.) Asimismo, tiene apoyo en la Tesis Aislada I.1o.A.38 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017553 la cual es del rubro siguiente: (.) Como corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve ., por ser notoriamente improcedente, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracción XIV, XVI, XVIII, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 y 15 (estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo). No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste que en el momento de la detención reclamada, esto es el uno de julio del presente año, los elementos de policía municipal le señalaran que de insistir en sus actividades comerciales en la forma expresada, posiblemente serian de nueva cuenta privados de su libertad así como de la mercancía que tuvieran en posición, dado que dichas manifestaciones se tratan de señalamientos de naturaleza futura e incierta.
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