Genaro Salvador Rosario

Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
942/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Genaro Salvador Rosario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 942/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete con residencia en la ciudad de Puebla, y otras autoridades; y, ...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 942/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en relación con los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de la misma. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, quien responde el oficio 17433/2023, dirigido al Representante Comisionada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Puebla -autoridad señalada como responsable- a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes junto con la constancia que se acompaña a la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en los oficios de cuenta y por señalado el domicilio que indican en los mismos para recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe con el ocurso de cuenta. Relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de uno veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se tuvo por recibido vía electrónica el oficio de******************** en representación de la sociedades denominadas ********************sociedad anónima de capital variable, ******************** sociedad anónima y ********************, sociedad anónima de capital variable, por el cual, interpuso recurso de queja y formula agravios en contra del auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés; y, que el plazo de tres días concedido a las partes para efecto de que señalaran las constancias que deben remitirse a la superioridad, ha transcurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b; 98, inciso a, 99 y 101, de la Ley de Amparo, y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta ******************** de tres de abril de dos mil veintitrés remítase el informe materia de la queja y los oficios de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Finalmente se le hace del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno que corresponda conocer del citado medio de impugnación, que mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, y se ordenó dejar insubsistente el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable declaró improcedente el otorgamiento de las concesiones mineras de explotación respeto de los lotes denominados ********************; ********************; y, ******************** y ordenó al Registro Público de Minería llevara a cabo la cancelación de las inscripciones de libros de los títulos de las concesiones mineras de explotación números ********************, ******************** y, ********************, así como a la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, respecto de la actualización correspondiente a la cartografía minera. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgaron a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria antes mencionada; por consiguiente, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Décima Época Registro digital: 2008029 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Tipo: Aislada Página: 3040 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible". De igual forma, tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro digital: 170577 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Tipo: Aislada Página: 1823 SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad". Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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