Genaro Reyes Garibay
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Genaro Reyes Garibay
- M. T. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de octubre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, habiendo manifestación al respecto únicamente por parte del quejoso Genaro Reyes Garibay. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede hacer análisis correspondiente. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a)Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Luego, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: ? Dejara insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil veinte dictada en el toca penal 305/2020. a) En el entendido de que deberían quedarán intocados los tópicos que no fueron materia de concesión del presente juicio de amparo. b) Al analizar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Estado de Hidalgo, es decir, el tema relativo a la prescripción de la acción penal debería tomar en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito, conforme lo expuesto en la ejecutoria. Se hizo la aclaración de que determinación emitida no prejuzgaba respecto de si está o no prescrita la acción penal respecto del delito de violación equiparada cometido en agravio de M.T.R., pues ese tópico correspondería analizarlo, con libertad de jurisdicción y atendiendo a la litis plateada, a la sala responsable. Tampoco se emitió pronunciamiento respecto si son fundados o no los argumentos del quejoso en el sentido de que el cómputo para la prescripción del ilícito deberá iniciar a partir de que se cometió el hecho; pues ese tema es una cuestión que debería dilucidar la autoridad responsable, tomando en consideración a la litis propuesta por los apelantes. En efecto, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, pues no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable. El argumento toral que esta juzgadora consideró para otorgar la protección constitucional, consistió en que al resolver el tema de prescripción de la acción penal del delito de violación equiparada en agravio de M.T.R., la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo estableció que la acción penal aún no estaba prescrita, tomando en consideración que la fecha de nacimiento de la víctima es el tres de mayo de mil novecientos noventa pues, conforme el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, vigente al momento de ocurridos los hechos, en los delitos que hubiesen sido cometidos contra una persona menor de dieciocho años de edad, se deben observar las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas en ese capítulo, pero el inicio del cómputo de los plazos comenzaría a partir del día en que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, se estimó que esa determinación era violatoria de los principios de seguridad jurídica y legalidad; pues, los hechos imputados al quejoso ocurrieron el diez de octubre de dos mil siete, es decir, antes de que esa porción normativa entrara en vigor. En esa data se encontraba vigente el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que no establecía la hipótesis jurídica invocada por la autoridad responsable, pues dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, hasta el uno de abril de dos mil trece. Así, se indicó que la autoridad responsable aplicó una disposición legal de forma retroactiva en perjuicio del aquí quejoso; pues, la porción normativa que sirvió de base para emitir su decisión no estaba vigente en la data en que ocurrieron los hechos, pues la disposición que establecía que el cómputo de la prescripción de la acción penal de los delitos de carácter sexual cometidos contra una persona menor de dieciocho años comenzaría a partir del día en que la víctima cumpliera la mayoría de edad, comenzó su vigencia al día siguiente en que fue publicada, es decir, el dos de abril de dos mil trece. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo remitió copia certificada de la nueva determinación emitida en el toca penal 305/2020, el dieciséis de julio del año en curso. De dicha determinación, se advierte que la responsable dejó insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal de referencia. Dejó intocado el auto de formal prisión dictado al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de M.T.R. Luego, al analizar los agravios formulados por el Ministerio Público, respecto de la prescripción de la acción penal del delito de violación equiparada, dejó de considerar que el inició del cómputo correspondiente debe iniciar a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad. Analizó ese tópico conforme a la legislación vigente al momento de los hechos. Estimó que el ilícito de violación equiparada no se encuentra prescrito. Por otra parte, no pasan inadvertidas las manifestaciones efectuadas por el quejoso Genaro Reyes Garibay, derivado de la vista que se le dio con el cumplimiento a la ejecutoria en las que en esencia refiere que ocurrió con exceso, tomando en cuenta que en los efectos de la concesión de la protección constitucional se indicó que la responsable debería dejar intocados los tópicos que no fueron materia de la concesión del amparo, así como que al analizar el recurso de apelación del agente del Ministerio Público, en lo relativo a la prescripción de la acción penal, debería de tomar en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito. A efecto de evidenciar que los magistrados de la sala responsable no dejaron intocados los tópicos que no fueron materia de la concesión del amparo, insertó una tabla comparativa entre la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) y la diversa de dieciséis de julio del año en curso (emitida en cumplimiento a la ejecutoria), ambas emitidas en el toca penal 305/2020 del registro de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. De dicha tabla, el quejoso destaca que, en la primera de las determinaciones en cita, la sala en comento no consideró para el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal la última actuación para la investigación del delito de violación equiparada, lo que sí hizo en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, el accionante estima que la responsable cambió totalmente su criterio de manera notoria y en su perjuicio ya que se trata del mismo asunto y no se puede cambiar tales criterios sin justificación, no obstante, de existir libertad de jurisdicción. No asiste razón al quejoso, pues se estima que la autoridad responsable colmó los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional y, si bien, como lo refiere en su escrito, la sala determinó que no se encontraba prescrita la acción penal ello se debe a que analizó ese tópico conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos; es decir, decidió sobre el tema conforme fue establecido en la ejecutoria de amparo, sin que la suscrita prejuzgue si es correcta o no la determinación a la que arribó, pues como también lo refiere el amparista, sobre el tópico de la prescripción penal se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, quien debía dejar de aplicar en perjuicio del impetrante la porción normativa que no se encontraba vigente en la data en que ocurrieron los hechos. En efecto, al dictar el fallo protector se estableció que la autoridad debía analizar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, con libertad de jurisdicción, por lo que debía resolver conforme a la litis planteada por los apelantes, tomando en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito; tema que debería dilucidar la sala, tomando en consideración que en la ejecutoria también se precisó que esta autoridad federal no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable. En efecto, la finalidad del auto contemplado en el numeral 196 de la Ley de Amparo, es verificar si han quedado satisfechos los lineamientos precisados en la sentencia concesora, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes para interponer los medios de defensa que estime pertinentes. Por las razones que la sustentan, se cita la tesis aislada VII.3o.P.T.27 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2862, Novena Época, registro digital 165239, de rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate. Por lo anterior, procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el duplicado del toca penal 305/2020, y al Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el duplicado de la causa penal 51/2019, que remitieron en apoyo a su informe justificado; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, ya que basta con la constancia que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión son depurables. Mientras que, con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a), del aludido acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es destruible.-. M-I
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 07 de OCTUBRE de 2021, en el/la que se determinó:......Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de octubre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, habiendo manifestación al respecto únicamente por parte del quejoso Genaro Reyes Garibay. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede hacer análisis correspondiente. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a)Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Luego, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: ? Dejara insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil veinte dictada en el toca penal 305/2020. a) En el entendido de que deberían quedarán intocados los tópicos que no fueron materia de concesión del presente juicio de amparo. b) Al analizar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Estado de Hidalgo, es decir, el tema relativo a la prescripción de la acción penal debería tomar en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito, conforme lo expuesto en la ejecutoria. Se hizo la aclaración de que determinación emitida no prejuzgaba respecto de si está o no prescrita la acción penal respecto del delito de violación equiparada cometido en agravio de M.T.R., pues ese tópico correspondería analizarlo, con libertad de jurisdicción y atendiendo a la litis plateada, a la sala responsable. Tampoco se emitió pronunciamiento respecto si son fundados o no los argumentos del quejoso en el sentido de que el cómputo para la prescripción del ilícito deberá iniciar a partir de que se cometió el hecho; pues ese tema es una cuestión que debería dilucidar la autoridad responsable, tomando en consideración a la litis propuesta por los apelantes. En efecto, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, pues no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable. El argumento toral que esta juzgadora consideró para otorgar la protección constitucional, consistió en que al resolver el tema de prescripción de la acción penal del delito de violación equiparada en agravio de M.T.R., la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo estableció que la acción penal aún no estaba prescrita, tomando en consideración que la fecha de nacimiento de la víctima es el tres de mayo de mil novecientos noventa pues, conforme el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, vigente al momento de ocurridos los hechos, en los delitos que hubiesen sido cometidos contra una persona menor de dieciocho años de edad, se deben observar las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas en ese capítulo, pero el inicio del cómputo de los plazos comenzaría a partir del día en que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, se estimó que esa determinación era violatoria de los principios de seguridad jurídica y legalidad; pues, los hechos imputados al quejoso ocurrieron el diez de octubre de dos mil siete, es decir, antes de que esa porción normativa entrara en vigor. En esa data se encontraba vigente el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que no establecía la hipótesis jurídica invocada por la autoridad responsable, pues dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, hasta el uno de abril de dos mil trece. Así, se indicó que la autoridad responsable aplicó una disposición legal de forma retroactiva en perjuicio del aquí quejoso; pues, la porción normativa que sirvió de base para emitir su decisión no estaba vigente en la data en que ocurrieron los hechos, pues la disposición que establecía que el cómputo de la prescripción de la acción penal de los delitos de carácter sexual cometidos contra una persona menor de dieciocho años comenzaría a partir del día en que la víctima cumpliera la mayoría de edad, comenzó su vigencia al día siguiente en que fue publicada, es decir, el dos de abril de dos mil trece. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo remitió copia certificada de la nueva determinación emitida en el toca penal 305/2020, el dieciséis de julio del año en curso. De dicha determinación, se advierte que la responsable dejó insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal de referencia. Dejó intocado el auto de formal prisión dictado al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de M.T.R. Luego, al analizar los agravios formulados por el Ministerio Público, respecto de la prescripción de la acción penal del delito de violación equiparada, dejó de considerar que el inició del cómputo correspondiente debe iniciar a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad. Analizó ese tópico conforme a la legislación vigente al momento de los hechos. Estimó que el ilícito de violación equiparada no se encuentra prescrito. Por otra parte, no pasan inadvertidas las manifestaciones efectuadas por el quejoso Genaro Reyes Garibay, derivado de la vista que se le dio con el cumplimiento a la ejecutoria en las que en esencia refiere que ocurrió con exceso, tomando en cuenta que en los efectos de la concesión de la protección constitucional se indicó que la responsable debería dejar intocados los tópicos que no fueron materia de la concesión del amparo, así como que al analizar el recurso de apelación del agente del Ministerio Público, en lo relativo a la prescripción de la acción penal, debería de tomar en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito. A efecto de evidenciar que los magistrados de la sala responsable no dejaron intocados los tópicos que no fueron materia de la concesión del amparo, insertó una tabla comparativa entre la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) y la diversa de dieciséis de julio del año en curso (emitida en cumplimiento a la ejecutoria), ambas emitidas en el toca penal 305/2020 del registro de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. De dicha tabla, el quejoso destaca que, en la primera de las determinaciones en cita, la sala en comento no consideró para el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal la última actuación para la investigación del delito de violación equiparada, lo que sí hizo en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, el accionante estima que la responsable cambió totalmente su criterio de manera notoria y en su perjuicio ya que se trata del mismo asunto y no se puede cambiar tales criterios sin justificación, no obstante, de existir libertad de jurisdicción. No asiste razón al quejoso, pues se estima que la autoridad responsable colmó los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional y, si bien, como lo refiere en su escrito, la sala determinó que no se encontraba prescrita la acción penal ello se debe a que analizó ese tópico conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos; es decir, decidió sobre el tema conforme fue establecido en la ejecutoria de amparo, sin que la suscrita prejuzgue si es correcta o no la determinación a la que arribó, pues como también lo refiere el amparista, sobre el tópico de la prescripción penal se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, quien debía dejar de aplicar en perjuicio del impetrante la porción normativa que no se encontraba vigente en la data en que ocurrieron los hechos. En efecto, al dictar el fallo protector se estableció que la autoridad debía analizar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, con libertad de jurisdicción, por lo que debía resolver conforme a la litis planteada por los apelantes, tomando en consideración las disposiciones vigentes en la data en que se cometió el delito; tema que debería dilucidar la sala, tomando en consideración que en la ejecutoria también se precisó que esta autoridad federal no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable. En efecto, la finalidad del auto contemplado en el numeral 196 de la Ley de Amparo, es verificar si han quedado satisfechos los lineamientos precisados en la sentencia concesora, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes para interponer los medios de defensa que estime pertinentes. Por las razones que la sustentan, se cita la tesis aislada VII.3o.P.T.27 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2862, Novena Época, registro digital 165239, de rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate. Por lo anterior, procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el duplicado del toca penal 305/2020, y al Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el duplicado de la causa penal 51/2019, que remitieron en apoyo a su informe justificado; sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, ya que basta con la constancia que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión son depurables. Mientras que, con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a), del aludido acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es destruible...M-I
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MANIFESTACIONES CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. Agréguese el escrito de cuenta. Se tiene al quejoso Genaro Reyes Garibay desahogando la vista otorgada en auto de veintiuno de julio del año en curso, con motivo del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Las manifestaciones formuladas serán tomadas en consideración al momento de analizar si el fallo protector fue cumplido..M-I
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VISTA CUMPLIMIENTO. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Se tiene a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, remitiendo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada de la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, emitida en toca penal 305/2020. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Bajo el apercibimiento de que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsabl..M-I
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