Genaro Raymundo Torres de la Rosa

Expediente 148/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
148/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Genaro Raymundo Torres de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ************; atento su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, pónganse a disposición del promovente los autos en los que se actúa, para que pueda obtener a su costa la reproducción material de las constancias que señala, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia legal. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Expedición de Copias Agréguese a los autos el escrito signado por **********, autorizada en términos amplios del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, pónganse a su disposición los autos en los que se actúa, para que pueda obtener a su costa la reproducción material de la constancia que señala, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia legal. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado el auto mediante el cual se decreto sobreseimiento Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicho auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, ha causado estado. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de abril de dos mil diecinueve. Se hace efectivo el apercibimiento Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede en la que se hace constar que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en auto de uno de abril del año en curso (folios 31 y 32), para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional resolverá el presente asunto con las constancias que obran en autos. __________________________________________________________ Sobreseimiento fuera de audiencia En las constancias que obran en el expediente se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo en cita dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizaran algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Corte al interpretar la causa de improcedencia referida, determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Por su parte, el Pleno de la Corte, en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Finalmente, la Segunda Sala explicó las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Consideró que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Ahora bien, atendiendo a que en este caso el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa ante la autoridad responsable, conviene precisar que la Segunda Sala ha señalado que en los amparos en los que se reclama la omisión de contestar una petición y que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, exhiba la respuesta expresa a la petición, emitida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación y que respecto del contenido de dicha contestación, la parte quejosa puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, al tratarse de un nuevo acto. Por lo que ese actuar actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos. Al respecto, conviene tener presente el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Del precepto constitucional transcrito se advierte que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, cuyos elementos que se deben cumplir son los siguientes: La petición debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; La autoridad debe emitir un acuerdo y/o escrito dando respuesta a la petición; Dicha respuesta debe realizarla en breve término, (entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla); Tiene que ser congruente con la petición; no obstante, no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, Debe notificar dicha respuesta recaída a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, con número de registro 162603, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." Esto es, el derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional, como premisa normativa, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier funcionario o empleado público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el funcionario o empleado público esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un límite de tiempo para que las autoridades den respuesta a las solicitudes que efectúen los gobernados de conformidad con el derecho fundamental previsto en el artículo 8 constitucional. Al respecto, determinó que la contestación de la autoridad a una solicitud del gobernado, debe ser emitida y notificada dentro de un breve término, el cual también ha considerado que si supera los cuatro meses desde que la autoridad recibió la petición escrita, sin que la hubiese contestado, infringe el derecho fundamental de petición. Sin embargo, ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues ha considerado que el "breve término" debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse la petición y elaborar su contestación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 470, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO." En el caso, el quejoso presentó su escrito de solicitud el cinco de febrero de dos mil diecinueve, el cual fue dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con sello de recepción de cinco de febrero de dos mil diecinueve, en el que solicitó: [.] Solicito su valiosa intervención y gire instrucciones a quien corresponda y se me comparezca en el conflicto de titularidad de fecha 2 de octubre del 2015 de la concesión N° ************ toda vez que ha transcurrido el tiempo en demasía y no hay una determinación o resolución en procedimiento administrativo de conflicto de titularidad ************ y para acreditar que soy legítimo concesionario de la placa ************ anexo [.] POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ÚNICO.- ACORDAR DE CONFORMIDAD LO SOLICITADO Y SE ME RECONOSCA (sic) COMO TITULAR DE LA CONCESIÓN ************ Por su parte, mediante oficio de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, remitió el diverso oficio ************ de veinticinco del mismo mes y año (foja 30 del juicio de amparo), mediante el cual dio contestación al escrito del quejoso. El oficio mencionado es del tenor siguiente: ************ [.] En atención a su escrito de fecha cinco de febrero del año en curso, y en cumplimiento al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dar respuesta a su petición en los términos siguientes: Conforme a las constancias que integran el expediente del Procedimiento Administrativo de Conflicto de Titularidad número ************, mismo que dio inicio mediante acuerdo de radicación de fecha dos de octubre de dos mil quince, en el cual usted promovió como apoderado del C. ************, donde solicitó en representación de éste se diera apertura al procedimiento administrativo de conflicto de titularidad de la concesión ************ Ahora bien, en los autos del referido procedimiento administrativo con fecha diez de mayo del dos mil dieciséis, se dictó Acuerdo de Sobreseimiento, tomando en consideración que el promovente C. ************, había fallecido conforme a la prueba superveniente consistente en el acta de defunción que acreditaba tal circunstancia, misma que fue exhibida mediante comparecencia de fecha seis de mayo de del dos mil dieciséis, por la C. ************ en su calidad de contraparte dela titularidad de la concesión en conflicto. El Acuerdo de Sobreseimiento determinó en su resolutivo PRIMERO, lo siguiente: "Con fundamento en lo establecido por el artículo 87, fracción III y demás aplicables al presente asunto contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, se concluye que SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONFLICTO DE TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN ************, toda vez que, no existe elemento jurídico alguno para continuar con la tramitación del mismo." Aunado a que se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Es virtud de lo anterior, es que al resolverse el sobreseimiento del Procedimiento Administrativo del Conflicto de Titularidad número ************, éste se encuentra concluido totalmente, razón por la cual no es vemos imposibilitados para atender sus petición (sic) Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 11 fracción i, 13, 16 fracción XI y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1°, 3° fracción I y II, 7° XI, inciso C y 197 fracción II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Administración Pública de la Ciudad de México. [.] En virtud de lo anterior, por auto de uno de abril del presente año (fojas 31 y 32), este órgano jurisdiccional ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que, de ser su deseo, ampliara la demanda de amparo en contra de la respuesta exhibida por la autoridad responsable, sin que lo hubiera hecho en el plazo que le fue concedido. En consecuencia, la litis en este asunto únicamente versa respecto a la conducta omisiva reclamada en la demanda principal. Por tanto, si en el caso la autoridad responsable ya dio respuesta al escrito que presentó la parte quejosa, la cual es congruente con lo solicitado, toda vez que le explicó al quejoso el sentido de la resolución del procedimiento administrativo de conflicto de titularidad de la concesión ************, tal como se advierte del documento que acompañó la autoridad responsable, el cual fue transcrito en la parte que interesa y que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se puede concluir que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, toda vez que la conducta realizada por la autoridad responsable hizo cesar los efectos de la conducta omisiva impugnada. En efecto, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud de que el motivo que dio origen a este juicio de amparo quedó extinguido, esto es, ya no existe la omisión de dar respuesta al escrito de petición que la parte quejosa elevó ante la autoridad, pues como ya se apuntó, la autoridad responsable ya emitió la respuesta correspondiente a dicha petición, de la cual tuvo conocimiento a través de la vista otorgada por acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional En virtud de lo anterior, y toda vez que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 35), se deja sin efectos la hora y fecha indicadas. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

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