Genaro Ramírez Hernández

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Genaro Ramírez Hernández
  • Aribeni De la Cruz De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-569/2022-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al Juez con el pedimento registrado bajo el número 10950, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: Se tiene por recibido el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y con el mismo se ordena proveer lo conducente en la etapa correspondiente dentro de la presente audiencia. El secretario da cuenta con las constancias del presente asunto y hace constar que se encuentra debidamente integrado para resolver. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales aportadas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente los formuló la Fiscal Federal. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Fiscal Federal; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Julio César Reyes Calderón, defensor particular del quejoso Genaro Ramírez Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades Responsables: Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; y, Jefe de la Unidad de Causa, de la Región de Morelia, Michoacán del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, ambas con sede en esta ciudad. Acto reclamado: Segundo. Admisión. Por acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se atribuye a la autoridad responsable con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 227/2021, y señalar fecha de inicio del juicio oral. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que en audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez de Control, emitió el auto de apertura a juicio oral, culminando con ello la etapa de inicio o de control. Lo anterior se corrobora con el informe que remitió dicha autoridad, el cual adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, lo expuesto revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de mayo de dos mil veintidós) no existía la omisión de dictar el auto de apertura a juicio dentro de la causa penal 227/2021. Por lo tanto resulta claro que al momento de la presentación del escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, no existía la omisión reclamada. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable referida en la presente resolución, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado señaló que es cierto el acto reclamado, sin embargo, señala que el treinta y uno de mayo del año en curso, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento fijó a partir de las trece horas con treinta minutos, de las dieciséis horas del siete de julio próximo, para el desahogo de la audiencia de juicio oral, dentro de la causa penal 227/2021. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Quinto. Improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, al momento de promover la demanda de amparo (veinticuatro de mayo de dos mil veintidós) se aprecia que existía la omisión reclamada consistente en la falta de dictar el auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 227/2021; sin embargo, por acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento se pronunció sobre la citada omisión. Constancias que la responsable se sirvió remitir en copia certificada y a las cuales se les otorga pleno valor probatorio bajo las luz de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Lo anterior trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues al fijar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de juicio oral, dentro de la causa penal 227/2021, constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados precisados en esta consideración. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero y quinto de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido a favor del quejoso Genaro Ramírez Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisada en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo III-569/2022-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con los oficios registrados con los números 10246 y 10247 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Ténganse por recibidos los oficios 3752/2022 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales en el primero, acusa recibo, del oficio por el que se le rindió el informe de queja interpuesto, y en el segundo acompaña testimonio de la resolución pronunciada el quince del mes y año en curso, e informa que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Acúsese recibo. Dentro del periodo probatorio la secretaria hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a) Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; y, b) Jefe de la unidad de causa, de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. Acto reclamado. La omisión de remitir el auto de apertura a juicio oral al juez de enjuiciamiento de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral, así como la omisión de señalar fecha y hora de inicio de juicio oral en las respectivas causas penales instruidas a los quejosos directos. Segunda. Las autoridades responsables señaladas con anterioridad, al momento de rendir sus informes previos Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 ??A???????????? señalaron que no es cierto el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Sin que sea obstáculo de que la autoridad responsable Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal de la Región de Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad en su informe previo haya aceptado la existencia del mismo, toda vez que de su informe previo señaló que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control dictó auto de apertura y que el treinta y uno de mayo pasado fueron señaladas las trece horas con treinta minutos del siete de julio próximo para la primera jornada de juicio. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla. En ese sentido, se advierte que la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, lo que la hacía susceptible de prueba sin que aportara alguna para desvirtuar tales negativas. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: Único. Se niega a Genaro Ramírez Hernández, la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible realizar la entrega del oficio 11014 dirigido al Administrador de la Sala de la Región Morelia, Michoacán, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, en virtud de que al constituirse la actuaria de la adscripción en las instalaciones que ocupa el Juzgado de Oralidad en el Estado del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, fue informada por un persona de sexo femenino nombre ********************, quien dijo ser auxiliar de atención al público de dicha dependencia, que la referida autoridad no existe por lo cual se negó recibir dicho oficio. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto manifieste lo que a su interés convenga en relación con la inexistencia de la referida autoridad. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se proveerá lo que en derecho proceda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinde el Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, y la Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal, acusatorio y Oral Región Morelia, ambas con sede en esta ciudad. Asimismo, la primera autoridad adjunta pruebas documentales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad responsable. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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