Genaro Pérez Fraga
Expediente 1531/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Genaro Pérez Fraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito firmado electrónicamente por la asesora jurídica federal ***, quien funge como representante especial de la menor M.P.O., en el presente juicio de amparo, del que en esencia solicita no se conceda el amparo al progenitor de la menor, debido a que refiere que de autos se desprende que pudiera ponerse en peligro a la adolescente en caso de que conviviera con su padre. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el escrito de cuenta. En ese tenor, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, por hechas sus manifestaciones y por fijada su postura como representante de la menor de edad, las cuales serán relacionadas en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito suscrito por el quejoso, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la resolución incidental de ocho de noviembre de este año, en la que se negó la suspensión definitiva de los actos que reclama. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese el escrito de cuenta. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, inciso a), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer la parte quejosa; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, dentro de los tres días siguientes infórmese lo correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, enviándose al efecto el escrito con firma autógrafa para la substanciación del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J. 116/2004, página 306, Tomo XX, septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del recurso de revisión en comento, a efecto de que se impongan de su contenido y en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que el presente asunto, se encuentra integrado de conformidad con lo establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós; por lo que en términos del diverso 113 del precitado Acuerdo; infórmese al Ad quem, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos: I.- El pedimento con firma electrónica de la asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal, quien en el presente juicio de amparo es representante de la adolescente menor de edad de iniciales M.P.O., adscrita a este Juzgado, mediante el cual hace diversas manifestaciones en forma de alegatos, entre las que destacan que debe negarse el amparo debido a que el padre de la menor en comento represente un peligro para esta; sin embargo, también refiere que el acto reclamado carece de fundamentación, motivación y que no se evidencia que se haya emitido atendiendo al interés superior de la menor. II.- Que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el escrito de cuenta. Respecto al punto l, relativo a las manifestaciones que vierte la representante de la menor de edad, en el sentido de que debe negarse el amparo debido a que el padre de la menor en comento represente un peligro para esta; así como que el acto reclamado carece de fundamentación, motivación y que no se evidencia que se haya emitido atendiendo al interés superior de la menor. Reitérese a la ocursante que subsiste el apercibimiento que se le efectuó en auto de diecisiete de noviembre de este año, en el sentido de que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como a los Principios de Integralidad, Igualdad y no discriminación, Interés superior de la niñez, de Participación y derecho a ser oído, debe aclarar su postura respecto a la convivencia que pide el padre de la menor de edad en comento, así como imponerse de las constancias que integran el presente asunto para tales efectos. Lo anterior, debido a que en sus alegatos, si bien por una parte refiere que debe negarse el amparo, por otra aduce que la resolución reclamada no fue analizada a la luz del interés superior de la menor de edad. Por lo que hace al punto ll, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y ELECTRÓNICAMENTE A LA REPRESENTANTE DE LA MENOR DE EDAD. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por ***, representante especial de la menor M.P.O., por medio del cual: Señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Nombra como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Jorge Alejandro Coronel Gordillo, Pamela Johana Ascencio Sánchez, y para oír y recibir notificaciones a Germán Gustavo Vera Vera, Luis Felipe de Jesús Sánchez Torres, y Clara María de la Cruz Franco. Solicita se autorice el acceso al expediente electrónico, para tal efecto proporciona los usuarios "mongavi", "jcoronel" "Lsanchez30", "PamAs" y "gvera11"; asimismo autoriza que las notificaciones correspondientes al presente expediente se realicen de forma electrónica, para lo cual también proporciona el correo electrónico oficial Monserrat.garcia.villarreal@correo.cjf.gob.mx. De igual forma solicita el uso de cámaras fotográficas o lectores ópticos (scanner), para la reproducción de constancias. Realiza manifestaciones a título de alegatos. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, en cuanto al punto 1), téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, dos mil seiscientos cuarenta y uno, planta baja del edificio "C", del Palacio de Justicia Federal, colonia Las Palmas, en esta ciudad. Por otra parte, tocante al punto 2), se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Jorge Alejandro Coronel Gordillo, Pamela Johana Ascencio Sánchez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y como autorizados en términos del numeral antes invocado, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a las demás personas que menciona en el escrito de cuenta, por así solicitarlo. Respecto al punto 3), en la parte relativa a la solicitud de acceso al expediente electrónico dígase a la referida promovente que se esté a lo ordenado en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés. En cuanto al correo electrónico que proporciona para mantener contacto en relación al presente juicio; y, considerando que se trata de correo electrónico oficial, se toma nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257,1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, tocante a su solicitud de notificaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario mongavi, por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Por otra parte, en lo relativo al punto 4), se autoriza el uso de medios electrónicos para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En lo concerniente al punto 5) relativo a las manifestaciones que vierte, en el sentido de que la autoridad responsable debe acreditar las medidas necesarias para reparar o fortalecer los lazos de afecto con sus progenitores, y dar cumplimiento al mandato de protección a la familia previsto en el artículo 4° Constitucional. Ahora, de autos se desprende que el presente asunto fue promovido por Genaro Pérez Fraga, por propio derecho y en representación de su menor hija M.P.O., contra el acto que hace consistir en el oficio número 0089-A-2023, de trece de enero de dos mil veintidós, en el que se determina que no conviva con su menor hija, asimismo, no se lleven a cabo las medidas que el juez de primera instancia adoptó para fortalecer los lazos materno filiales entre ellas, y también para efectos de que se le conceda la convivencia con su hija, en virtud de que aduce que la menor tiene alienación parental, lo que trae como consecuencia que se niegue a verlo. También se cuenta con copia certificada del acta de entrevista de treinta de marzo de dos mil veintidós, llevada a cabo en el registro de atención 0378-101-0010-2022, del índice de la Fiscalía de la Mujer, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, en esta ciudad, la menor de edad manifestó que: "mi papá Genaro Pérez Fraga me agredió física y verbalmente el día veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, eran aproximadamente las veintiún horas, yo me encontraba ese día en la casa de mi papá. ese día mi papá me agredió porque mi mamá no había llegado por mí a la casa de mi papá, la que llegó por mí fue mi hermana Josca Adayah, yo iba a salir porque en la esquina mi hermana me estaba esperando, pero mi papá me dijo quiero ver que vengan por ti acá en la puerta, y yo le dije a mi papá que no se podía porque tenían una orden de restricción donde tanto mi mamá como mi hermana no se podían acercar a su casa, mi papá me dijo que no me iba a dejar salir, ya que yo no era ninguna prostituta para que me recogieran en la esquina, y pues yo le dije pero papá déjame salir, está en la esquina y siempre me han recogido en la esquina y me dijo que yo no iba a salir me jaló mis cosas, me quito la maleta que traía y cerró la puerta con llave, yo le dije papá por favor déjame salir, déjame salir, y fue ahí donde me pegó en la cabeza a puño cerrado y en la cara me pegó con su mano extendida, cuando mi papá me golpeó no me dijo nada, solo me golpeó, se hizo un escándalo que hasta los vecinos también escucharon, yo ese día me encontraba en la casa de mi papá porque como había pasado el veinticinco de diciembre yo seguía en su casa, de hecho yo me quise quedar más tiempo con mi papá, le mande mensaje a mi mamá si me podía quedar más tiempo con mi papá a lo que mi mamá acepto y por eso hasta el día veintisiete de diciembre seguía en la casa de mi papá, después que mi papá no me dejaba salir yo le marque a mi mamá para que fuera por mí..antes de lo sucedido la relación con mi papá era bonita nos llevábamos bien, de repente peleábamos pero era pleito sin importancia, por mi papá siento decepción, amor, tristeza y enojo, ya que no se disculpó conmigo, me habló como si nada hubiera pasado, siento decepción porque no creí que mi mamá fuera capaz de haber hecho eso, ahorita me siento triste porque ya quiero que acabe todo esto, yo quiero ver a mi papá y quiero estar con él pero quiero que se disculpe conmigo, con esta denuncia quiero que mi papá se tiente el corazón, que ya no pelee, que cambie, que ya no se pelee, que no sea agresivo, que ya no pelee conmigo.si mi papá se disculpara, si me gustaría estar con él pero acompañada, no me gustaría estar sola porque si se enoja tengo miedo así va a resolver sus problemas." Así como de la comparecencia privada de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, llevada a cabo ante la presencia de la Jueza de Primera Instancia Titular del Juzgado Tercero en Materia Familiar, asistida de la Secretaria de Acuerdo adscrita, en los autos del expediente 53/2021, la menor manifestó "yo no quiero ver a mi papá, porque es muy agresivo, hace un año me pegó, ahorita no quiero verlo..." Por otra parte, de las constancias que integran el incidente de suspensión que deriva de este expediente, el que se invoca como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, en especifico del informe de la convivencia familiar supervisada, remitido por la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en esta ciudad, se aprecia que el catorce de octubre de este año, fecha que en atención a la suspensión provisional emitida en dicho asunto fijó el juzgado de primera instancia para la convivencia supervisada entre Genaro Pérez Fraga y la adolescente menor de edad de iniciales M.P.O., la menor en comento expresó su negativa de convivir con su progenitor, aduciendo que: "no, no quiero, ya lo conozco, ya sé cómo es y cómo actúa, él sabe dónde vivo, dónde estudio y no me busca, hace tiempo estamos así y ni siquiera una disculpa desde lo que pasó, y no es así"; asimismo, se advierte que la psicopedagoga le hizo del conocimiento a la menor, que su padre se encontraba presente y le llevaba un regalo; sin embargo, subsistió la negativa de verlo, por lo que no se pudo concretar la convivencia supervisada asistida. Ahora, ante la posibilidad que exista una situación de inseguridad jurídica que ponga en riesgo la integridad emocional de la menor quejosa, derivado de las convivencias que aquí se reclaman, esta Juzgadora, en cualquier fase del procedimiento, debe velar y proteger el interés superior del menor. Para entender el alcance de dicha institución jurídica se alude a la interpretación que de ella ha realizado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas números CXXI/2012, CXXII/2012 y CXIII/2012, con números de registro electrónicos números 2000989, 2000988 y 2000987, consultables en las páginas números 259 a 261 del Libro IX del mes de Junio de 2012, tomo del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció, respecto dicho concepto: a) Su Naturaleza: La dignidad del ser humano, específicamente de menores. b) Su finalidad: Garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de los infantes, propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades c) Sus funciones: c.1.- Como principio jurídico garantista, y c.2.- Como medio de interpretación para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores d) Como principio jurídico garantista implica: d.1.- Una obligación para las autoridades estatales a fin de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores para lograr la protección integral de los mismos. d.2.- Analizar caso por caso las situaciones conflictivas en las que se enfrentan los intereses de los menores con los intereses (que no tienen rango de derechos) y las prerrogativas, ambos de terceros, sopesando las circunstancias particulares en cada asunto. d.3.- Reconocer un "núcleo duro de derechos", siendo estos los que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; d.4.- Priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos. e) Como medio de interpretación para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores conlleva: e.1.- Resolver las situaciones en las que se hagan incompatibles dos o más derechos de un mismo niño, a través de la relativización de ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el "núcleo duro" dentro del sistema normativo, con el fin de obtener el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran parte de aquél y con ello otorgar una protección integral al menor. Tales criterios son del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. El interés invocado tiene la dimensión de ser una pauta interpretativa, aplicable para resolver aquellos contextos en los que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos para un mismo niño. En estos casos, es el interés superior del menor, utilizado como pauta interpretativa, el que permite relativizar ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el denominado "núcleo duro", para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran forman parte de ese núcleo dentro del sistema normativo, y con ello otorgar una protección integral al menor." Conforme al anterior marco teoríco-jurídico se concluye que el interés superior del menor no consiste en hacer lo que el menor (o algún tercero) cree que es mejor para él, o sobreponer a éste los intereses o derechos de los terceros involucrados con ellos; sino que corresponde a las autoridades estatales en el ámbito de sus competencias el analizar el asunto concreto y de las circunstancias que lo rodean, sopesar los diferentes derechos que integran la esfera jurídica del menor, contrastarla con los las pretensiones y/o derechos de los terceros con los que están en pugna, analizarlos a la luz de los procedimientos legales y del interés público, para establecer en cada caso cuál y cómo se debe aplicar el interés superior del menor. Luego, de todo lo antes expuesto se concluye que por regla general el interés superior del menor se traduce en que las autoridades que conocen de asuntos en los que se ven involucrados menores deben actuar en "pro" de una protección integral de los infantes, entre lo cual se encuentra su bienestar físico-psicológico y emocional, lo que en el caso se debe procurar, en cualquier etapa del procedimiento jurisdiccional. Cabe señalar que en cualquier procedimiento en los que se debe dar intervención al menor, los rectores de aquél deberán velar porque ésta sea mínima, tal como lo establece el artículo 12, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que debe ser interpretado en el sentido de que se tomen las medidas necesarias en el marco del procedimiento para facilitar su adecuada intervención, expresando sus opiniones de modo que puedan tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; pero, debe ser vigilada con especial cuidado por el juzgador, a efecto de que esa intervención no coloque en un estado mayor de vulnerabilidad que lo lleve a revictimizarlo por participar en un juicio del orden familiar. Atendiendo a lo expuesto, y tomando en consideración que Monserrat del Carmen García Villarreal, asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal, es represente en el presente juicio de amparo de la adolescente menor de edad de iniciales M.P.O., atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como a los Principios de Integralidad, Igualdad y no discriminación, Interés superior de la niñez, de Participación y derecho a ser oído, se le requiere para que dentro del término de tres días aclare su postura respecto a la convivencia que el padre de la menor de edad en comento solicita se fijen. Lo anterior, derivado de que, en sus manifestaciones solicita que la autoridad responsable adopte las medidas necesarias para reparar o fortalecer los lazos de afecto con sus progenitores, y dar cumplimiento al mandato de protección a la familia previsto en el artículo 4° Constitucional; sin embargo, tal como se desprende de los párrafos que anteceden, su representada menor de edad, en diversas ocasiones ha manifestado que no quiere convivir con su progenitor porque es "agresivo" y "violento". Por lo que a juicio de esta juzgadora y tomando en consideración que la presente determinación, así como la que adopte la representante en cita, se debe inclinar por el mayor beneficio para el interés superior de la menor, es necesario conocer la postura legal concerniente al acto reclamado que tiene ella como represente de la adolescente menor de edad, a fin de contar con los elementos suficientes al momento de resolver el presente juicio y garantizar el derecho a ser escuchado de la adolescente. Apercibida que de no hacerlo así, esta juzgadora podrá imponer alguna de las medidas de apremio que contempla el artículo 237, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, para hacer cumplir sus determinaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y ELECTRÓNICAMENTE A LA REPRESENTANTE DE LA ADOLESCENTE MENOR DE EDAD. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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