Genaro Mendoza Díaz
Expediente 1347/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Genaro Mendoza Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otro lado, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del Vigésimo Primero, fracción II, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Genaro Mendoza Díaz, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que acompaña, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de la fecha la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que rinda el informe justificado que le fue requerido en auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, como se aprecia de la constancia de notificación que obra agregada en autos (foja diez), en virtud de que su período vacacional comprendió del diecinueve de diciembre próximo pasado al nueve de enero del año en curso. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso Genaro Mendoza Díaz, sin que se haya hecho mención respecto a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de subsanar lo anterior; Es aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 226, tomo IX, Marzo de 1992, Octava época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones." Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo respecto de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de garantías que nos ocupa, permite a este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Luego, se tiene que el peticionario del amparo, señala como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de la que reclama lo siguiente "la abstención de la responsable para acordar la promoción de fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis en el juicio laboral número 359/2011, que promoví en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración el Estado de Guerrero, en la que solicite se dictara auto de ejecución, toda vez de que ha quedado firme el laudo de fecha once de octubre de dos mil doce." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El precitado numeral 1°, de la ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías, otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5º: Son parte en el juicio de amparo: (.) Fracción II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omita el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que además de las fracciones anteriores las causas de improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El artículo 1º, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos emitidos por autoridad que vulneren los derechos subjetivos de los individuos. Y el artículo 5º. Fracción II de la Ley de la Ley de Amparo, establece quienes son los que tienen el carácter de autoridad responsable al señalar que son aquellas que dictan, ordenan, ejecutan, o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitan el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, como ya se dijo, se advierte que resulta improcedente la demanda de amparo, respecto de dicha autoridad responsable toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Conforme a los artículos transcritos con antelación, el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, y para efectos del juicio de amparo, es autoridad aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, de acuerdo a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad. En la especie, los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no pueden ser considerados de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que se trata de una dilación procesal que en el caso, debe ser atribuida a una autoridad diversa como rectora del procedimiento laboral y no a la Secretaria aludida, dado que esta, en las determinaciones de celeridad o desarrollo del procedimiento, sólo funge como fedataria sin imperio ni facultad de decisión, al no corresponderle el dictado de los acuerdos relativos. De ahí que la abstención reclamada a la mencionada Secretaria de Acuerdos no tiene la naturaleza de actos de autoridad, ya que la omisión de acordar la promoción de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no le puede ser atribuido a su persona, y por lo mismo, el quejoso no puede alegar en esa instancia constitucional, que con dicha omisión se vulnere sus garantías individuales. Tiene aplicación al caso por las razones que informa la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.2º. J/95, visible a página 185, Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario". En esas condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º. Y 5º. Fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita únicamente por cuanto a la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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