GENARO JORGE CERVANTES MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- GENARO JORGE CERVANTES MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable el testimonio que remitió como apoyo a su informe justificado (anexo I). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al que adjunta el testimonio deducido del expediente penal 18/2018 de su índice; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmese el cuaderno auxiliar I, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. Ahora, de autos aparece que: La parte quejosa ..... reclamó del juez responsable el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 18/2018. La responsable aceptó la existencia del acto reclamado, pues indicó que efectivamente el trece de enero de dos mil diecinueve, al resolver la situación jurídica del impetrante, en la referida causa penal dictó auto de formal prisión en su contra, por el ilícito de FRAUDE ESPECÍFICO. Establecido lo anterior, contra el referido acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia establecido en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Es importante mencionar que el legislador al establecer el plazo de impugnación de actos que impliquen ataques a la libertad personal determinó que cuando éstos tengan lugar fuera de procedimiento, el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo; por tanto, una interpretación en sentido negativo implica que la excepción en el plazo general de quince días aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento porque de lo contrario debe regir la regla general (quince días). Lo anterior significa que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento (sea este penal, civil, laboral o administrativo), el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días, que se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el -auto de formal prisión de trece de enero de dos mil diecinueve- (fojas 253 a 267, anexo I), dictado en el expediente penal 18/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo, ya que se emitió dentro de un procedimiento y el quejoso es parte en dicho asunto. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. De las constancias remitidas con el informe justificado, las cuales, como se adelantó, alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento público por estar certificada por funcionario en ejercicio de sus facultades, se advierte que: El Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el trece de enero de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, en la causa penal 18/2018, por lo que en su contra dictó auto de formal prisión por el delito de fraude especifico. La resolución de mérito le fue notificada el trece de enero de dos mil diecinueve al inculpado aquí quejoso.... , y al defensor público el catorce siguiente. De los antecedentes narrados, queda en evidencia que el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 18/2018, le fue notificado al promovente del juicio de amparo y a su defensor particular el trece y catorce de enero de dos mil diecinueve, respectivamente. Luego, si el quejoso señaló como acto controvertido el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 18/2018, es evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente hábil al en que le fue notificada dicha determinación, esto es, desde el quince de enero de dos mil diecinueve, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales, que establece que todos los términos que señala ese código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del quince de enero al seis de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero, así como dos y tres de febrero, por ser sábados y domingos, ni el cuatro y cinco de febrero por ser días inhábiles, éste último de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo, tal y como se ilustra a continuación: ENERO DE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 NOTIFICACIÓN AL PROCESADO 13 NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR PÚBLICO 14 INCIO DE PLAZO PARA DEMANDA DE AMPARO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRERO DE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 INHÁBIL 4 INHÁBIL 5 CONCLUYE PLAZO PARA DEMANDA DE AMPARO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 En tales condiciones, al presentarse la demanda de amparo el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada ese mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el plazo legal de quince días con el que la defensa del quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. Por último, cabe señalar que en el caso, no obstante que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 10/2014, editada en la página 487 del libro 3, febrero de 2014 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.", precisó que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Lo que quiere decir, que el derecho humano de acceso a la justicia, que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, no se encuentra anulado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica; que no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas; de ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los plazos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso signado por ....., visto su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, téngasele en su carácter de parte tercera interesada, por apersonada en este juicio, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el de cuenta, así como por autorizadas para recibirlas, a las personas que menciona, en términos de la parte final del párrafo segundo del numeral 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. En cuanto al uso de medios electrónicos que pide; se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Por otro lado, glósese el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; atento a su contenido, de conformidad con lo que dispone el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio en su carácter de tercera interesada. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que precisa. En términos del artículo 124, párrafo primero, de la ley de la materia, se le tiene realizando las manifestaciones que de su escrito se desprende en vía de alegatos, sin perjuicio de que se haga relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ....., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 247/2019. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Sin que se tramite el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con cincuenta y un minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, para la audiencia constitucional. Solicítese a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciba el oficio, para ello, acompañará en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole de su conocimiento que no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23870, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. De igual manera, en términos del artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento del Juez de la causa, que en el supuesto que declare cerrada la instrucción, antes de que se resuelva este juicio, deberá suspender el procedimiento penal instruido contra la referida parte demandante del amparo del cual deriva el acto reclamado. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la citada Ley. En otro sentido, se tiene en cuenta que el agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de la que proviene el acto reclamado no fue señalado como autoridad responsable, por lo que conforme a los preceptos 5º, fracción III, inciso e) y 116 de la Ley de Amparo, emplácesele en su carácter de tercero interesado, por ello mediante oficio remítasele una copia simple del libelo constitucional. Asimismo, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, también téngase a ....con el carácter de tercero interesado en este juicio; para ello, con fundamento en los normativos 26, fracción I, inciso b), y 116 de la citada ley, se instruye al actuario adscrito para que con copia autorizada, notifique personalmente este proveído a la citada persona, con domicilio en Avenida Independencia, número 601, Centro, de esta ciudad; lo emplace a juicio constitucional con copia simple de la demanda de amparo; y en términos del precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que le notifique este auto, señale domicilio en esta población o en la zona conurbada de la misma, para recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el que se indica en el escrito de demanda y a ...., por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la restante persona, únicamente para oír y recibir las notificaciones, por así solicitarlo. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Genaro Guillermo Ignacio Aquino y Otros.283/2016
- Genaro Guillermo Ignacio Aquino y Otros.1538/2016
- Genaro Guillermo Ignacio Aquino758/2017
- GENARO HUMBERTO RUÍZ ORTIZ y Otros.952/2017
- GENARO HUMBERTO RUIZ ORTIZ y Otros.970/2017
- Genaro Jarquín Garrido y Otros.1997/2015
- GENARO JORGE CERVANTES MARTÍNEZ y Otros.70/2019
- Genaro Jorge Cervantes Martínez y Otros.1372/2016
- GENARO JORGE CERVANTES MARTÍNEZ y Otros.993/2017
- GENARO JUAREZ SANTANA y Otros.435/2021
- GENARO LÒPEZ SANTIAGO y Otros.1196/2022
- GENARO OGARRIO PACHECO y Otros.398/2018