Genaro Ignacio Amaro Terán

Expediente 124/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 1 actuación registrada, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
124/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Genaro Ignacio Amaro Terán

Actuaciones

  1. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibido el oficio 29638/2020, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 532/2020-III de su índice, promovido por ****, contra actos del Director General del CEDES, Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas y otras autoridades. Asimismo, en el citado comunicado obra transcrito el auto emitido el dos de diciembre de dos mil veinte, dentro del citado expediente, por el que se determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados en ese juicio, dado que adujo que los referidos actos tienen ejecución material en esta jurisdicción y, por ende, se consideró que corresponde conocer a un Juez de Distrito en este Estado. Acúsese recibo. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 124/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. No se acepta competencia. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se rehúsa a aceptar la competencia declinada, por las razones que enseguida se expondrán. Como bien lo menciona la autoridad declinante, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, y de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Asimismo, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. En el presente caso, es necesario destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados Federales. Pues bien, el juez declinante argumenta que son competentes los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, a razón de que el acto reclamado tiene ejecución material en este Estado, en virtud de que el quejoso esta interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS", Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango. Al respecto, en términos del artículo 35 de la Ley de amparo, se determina que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de dicho juicio, por razón de territorio, debido a que en el citado acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que interesa, se dispuso lo siguiente: "PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; SEGUNDO.- El artículo 17 constitucional establece, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; TERCERO.- El artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales de los Circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como el número, delimitación territorial y en su caso, especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de Distrito en cada uno de los mencionados Circuitos. Asimismo, que cada uno de los circuitos comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado; CUARTO.- Con motivo de la creación de Órganos Jurisdiccionales y su especialización, la creación de nuevos Distritos Judiciales y su delimitación territorial por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la creación de Centros Regionales Auxiliares, y toda vez que el acuerdo general 11/2011 derogado por el Acuerdo General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ha sido reformado en múltiples ocasiones, se hace evidente la necesidad de emitir uno nuevo que los sustituya y actualice" En consecuencia, con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y legales, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: .VIII..- OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. SEGUNDO.- Cada uno de los circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan: .VIII.- OCTAVO CIRCUITO: 1.- Cinco Tribunales Colegiados Especializados: uno en Materia Civil y del Trabajo y dos en materias Penal y Administrativa, con residencia en Torreón; un Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo y uno en Materias Administrativa y Civil con sede en Saltillo. 2.- Tres Tribunales Unitarios dos con sede en Torreón y uno con sede en Saltillo, Coahuila. 3.- Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza: dos con residencia en Saltillo, uno con sede en Piedras Negras, dos con residencia en Monclova y cuatro en La Laguna, con sede en Torreón. ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: 1.- Dos Tribunales Colegiados con residencia en Durango. 2.- Un Tribunal Unitario con sede en Durango. 3.-Tres Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre" En razón de lo anterior, es evidencia que los Tribunales que tienen jurisdicción territorial en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, son los del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila. En consecuencia, por los motivos expuestos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, NO ACEPTA la competencia declinada. Por lo anterior, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo 532/2020-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma del presente acuerdo y subsecuentes. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese

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