Génaro Guillermo Ignacio Aquino
Expediente 539/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Génaro Guillermo Ignacio Aquino
Actuaciones
- Principal
MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de mayo de dos mil quince. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio 29721/2015, del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Genaro Guillermo Ignacio Aquino e informa que aceptó la competencia propuesta. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo, fracción I, (cuaderno auxiliar), del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido y como se trata de un cuaderno auxiliar, en términos del punto segundo, fracción XX, del citado acuerdo se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de alguna de las resoluciones dictadas en el expediente haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales, en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Genaro Guillermo Ignacio Aquino, contra actos del juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 539/2015, que le corresponde. Ya que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de garantías promovida por Genaro Guillermo Ignacio Aquino, da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías, este juzgador estima carecer de competencia para conocer la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38: Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De acuerdo con el precepto invocado y ya que el quejoso señala como autoridades responsables ordenadoras, entre otras, a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad; por tanto, al tener este tribunal el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías. Luego, al estar señalados como responsables todos los jueces de distrito en este décimo tercer ciruito, debe acudirse a lo previsto en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, del cual se advierte que los juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en dicha ciudad, son los más inmediatos al Décimo Tercer Circuito. En consecuencia, con fundamento en el invocado 48 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Es aplicable al caso en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice:. "COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia". Remítase la demanda de mérito con las copias respectivas de la demanda al juzgado de Distrito en turno, residente en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en dicha ciudad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor, no ha lugar a dictar providencia alguna en relación a la suspensión provisional solicitada, toda vez, que los actos reclamados no son de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que en el caso el acto reclamado se traduce en una orden de aprehensión o reaprehensión, por tanto, en los casos de notoria incompetencia del juez de distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de distrito que considere competente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señalan. Hágase del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, háganseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria que autoriza y da fe.
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