Genaro Gilberto Palomares Peña
Expediente 2118/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2019
Partes del expediente
- Genaro Gilberto Palomares Peña
Actuaciones
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, por el que remitió la ejecutoria emitida dentro del cuaderno auxiliar 684/2019, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, derivado del amparo en revisión 381/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se aprecia que el pleno de ese tribunal CONFIRMÓ la sentencia dictada en la se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Consecuentemente, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Finalmente, sin que haya lugar a proveer sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó en el caso concreto. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias que obran en el presente expediente, en particular, el oficio y documental presentados por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, en la oficialía de partes de este juzgado el trece de agosto del presente año (fojas 59-61), a través del cual se indicó, que se señalaron las once horas del treinta de agosto de la presente anualidad, para resolver el incidente de personalidad dentro del juicio laboral 372/2018 del índice del referido tribunal laboral, sin que a la fecha se haya informado lo conducente. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que reciba el oficio de notificación respectivo, informe que se determinó en el incidente de personalidad antes citado, debiendo remitir las constancias con las que acredite su dicho; asimismo, respecto de las actuaciones posteriores tendentes a dar cumplimiento al fallo protector concedido en autos. Apercibido que de no dar cumplimiento sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia aplicable, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis). Por otro lado, téngase por recibido el libelo de cuenta signado por Raúl Arellano Guzmán, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera al tribunal responsable en cuestión, a efecto de que remita copia certificada de la audiencia incidental de treinta de agosto del presente año emitida en el sumario laboral de origen 372/2018; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, en los que de determinó lo conducente en torno su petición. NOTIFÍQUESE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 67 a 69), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 70), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $10,481.88 (diez mil cuatrocientos ochenta y un pesos 88/100 moneda nacional), menos tres pesos de comisión bancaria, asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/2943/2019 de diecinueve de agosto de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el veinte de agosto siguiente (fojas 67 a 69), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó que el quince de agosto del año actual, realizó la entrega del cheque generado a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de $10,501.24 (diez mil quinientos un pesos 24/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, menos tres pesos de comisión bancaria, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Entonces, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y el ocho de agosto del año actual, se realizó la devolución favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho a abril de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre del año pasado entre el índice para el mes de abril de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de junio de la presente anualidad fue de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00213. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $23.00 (veintitrés pesos 00/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
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