Genaro Gerardo Mota

Expediente 1858/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1858/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Genaro Gerardo Mota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VII.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra el auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo). En el entendido que en el cuaderno principal no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En ese sentido, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de dicho artículo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término efecto significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues en el presente juicio se tuvo como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral J.2/53/2017, sobreviniendo una cesación del acto reclamado, pues de las constancias remitidas en el informe de cuenta se evidencia que el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó el laudo en el expediente J.2/53/2017, y lo notificó al quejoso el once de diciembre de la presente anualidad, quedando de esta forma sin efectos el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Por tanto, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917637, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, como la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Tomo Vl, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, con número de registro 917949, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la tesis P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 71, del Tomo Vl, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197367, que establece: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales circunstancias, encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del dos de enero de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta de la que se desprenden los motivos por los cuales el actuario de la adscripción no pudo llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada Servicios Externos de Apoyo Empresarial S. A. de C. V. Atento a lo anterior, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione algún otro domicilio en el cual sea posible localizar y emplazar al tercero interesado en mención, apercibido que en caso de ser omiso se procederá en términos del numeral 27, fracción III, de la legislación invocada en último término. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VII.- Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario Judicial del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, por medio del cual solicita se le sean remitidas copias certificadas del amparo indirecto 947/2016, a costa de Aralia Martínez Vargas. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales que haya lugar. En atención a lo anterior, se solicita atentamente a la autoridad antes mencionada, que informe a este juzgado, el fundamento legal para pedir constancias del juicio de amparo 947/2016, a costa de Aralia Martínez Vargas. Notifíquese por oficio.

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