Genaro García Palma

Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
327/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Genaro García Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diez de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Devuélvase al Juez Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, un tomo de pruebas correspondiente a la causa penal 01/2017 su índice, solicitándole el acuse de recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, diez de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, deducido del amparo directo penal 188/2018, de su índice, del que se advierte que dicho Tribunal determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Genaro García Palma, en calidad de agraviado; al cual adjunta copia del escrito inicial de demanda y copia simple de la constancia de notificación; y el informe justificado de la autoridad responsable Juez Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, con un tomo de pruebas consistentes en la causa penal 01/2017. Por lo voluminoso de las constancias que se reciben, guárdense por cuerda separada, formando un tomo de pruebas, el que deberá tenerse a la vista al momento de resolver este asunto, en la inteligencia de que éste, en su oportunidad, se devolverá a la oficiante. Acúsese recibo, hágase saber que este juzgado federal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 327/2018 que le corresponde. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado estima que la misma, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes Ello es así, toda vez que el quejoso en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclama de la autoridad que señala como responsable lo siguiente: "Se reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora, la resolución emitida en fecha treinta y uno de Octubre de dos mil diecisiete, en los autos del Expediente Penal número 01/2018; Formado con motivo de la requisitoria enviada de fecha 28 de septiembre del 2017, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, en cumplimiento al auto dictado el 28 de Septiembre de 2017, en su segundo punto resolutivo que se declara incompetente para conocer del delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, en agravio de GENARO GARCÍA PALMA, LA FE PÚBLICA Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA lo que se reclama es el auto que niega la orden de aprehensión a favor de LEONIDES CHORA HERNÁNDEZ solicitada por el Órgano Investigador que es dictado el treinta y uno de Octubre del dos mil diecisiete, por el Juez Mixto de Paz Municipal de la población de TECOANAPA, del Distrito Judicial de Allende, Estado de Guerrero, en la que decretó PRIMERO.- Con ésta fecha se niega la orden de aprehensión a favor de LEONIDES CHORA HERNÁNDEZ, por el delito FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, cometido en agravio de GENARO GARCÍA PALMA, LA FE PÚBLICA Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- SEGUNDO.- Hágase saber a las partes que ésta resolución NO ES APELABLE en términos del artículo 131 del Código Procesal Penal en vigor en relación con el numeral 508 de la norma Procesal Civil aplicado Supletoriamente a la Ley de la Materia.- TERCERO.- Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de atención y apoyo a la víctima u ofendido del delito en el Estado, así como en los artículos 14 y 20 apartado B de la Ley Suprema del País, 27 y 37 segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido tendrán la garantía de ser informado de los derechos que en su favor establece la Ley de atención y apoyo a la víctima y al ofendido del delito sobre el Desarrollo del Procedimiento, que se le reciban todas las pruebas con las que cuente para acreditar la procedencia y monto de la reparación del daño, por lo tanto en acatamiento a dicho normativo de oficio se ordena a la secretaria actuante se constituya al domicilio señalado en autos y notifique la presente resolución al agraviado de mérito, para que esté informado de los actos procesales que surjan dentro de la Causa Penal en que se actúa.- Como está previsto y sancionado por el artículo 257 del Código Penal del Estado, 54, 58 Tercer Párrafo del Código de Procedimientos Penales en la Entidad, misma aplicación se omitió hacerlo dentro de la secuela de la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa motivo de ésta inconformidad, al igual que, ante el órgano Jurisdiccional en el momento de analizar los medios de pruebas integrados por la autoridad investigadora en los términos del artículo 74, 76 segundo párrafo, 82 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que fortuitamente asentó la base el Juez del conocimiento para la negativa de la orden de aprehensión por la falta de legitimación para querellarse y la justificación de la consumación del delito, pero, por la falta de estudio, análisis y valoración de cada uno de los elementos sustanciales para acreditar los hechos motivo del delito, por esa circunstancia no fue posible que la autoridad responsable ordenadora obsequiara el libramiento de la orden de aprehensión solicitada.- CUARTO.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.- - - - Así mismo, el Tercer Párrafo del artículo 58 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, textualmente dice; - - - Iniciada la Averiguación previa, el Ministerio Público adoptara todas las medidas legales conducentes a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de las personas contra quienes se dirijan las denuncias o querella, la salvaguarda de los legítimos intereses del ofendido, el aseguramiento de personas o cosas relacionadas con los hechos y las demás medidas tendientes al Desarrollo de la Averiguación, según las finalidades de ésta.- Por lo tanto, la falta de fundamentación y motivación en la resolución que se hace referencia, se insiste en que el ahora quejoso en su calidad de agraviado u víctima del delito en lo principal del juicio natural motivo de ésta impugnación por la vía Constitucional se duele de tales razonamientos infundados, carente de legalidad y seguridad jurídica, por medio de violaciones a las garantías Constitucionales invocadas en ésta demanda, razón por la cual se me han violado mis derechos sustanciales como víctima o agraviado en los términos del artículo 10 de la Ley de atención y apoyo a la víctima u ofendido del delito en el Estado, para quedarme en completo estado de indefensión como víctima u ofendido del delito, por haberse incurrido en diversas irregularidades en el Desarrollo de las constancias practicadas para la integración de la Averiguación previa y como consecuencia la resolución negativa de la orden de captura solicitada, violándose en mi agravio los artículos 14, 16, 17, 21 y 102-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pido humildemente ante éste Órgano de Control Constitucional el Amparo y Protección de la Justicia Federal para no seguir siendo víctima de atropellos injustos y arbitrarios en mis derechos Constitucionales cometido en mi agravio." Los artículos 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, señalan lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrá para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ello hubiera surtido sus efectos la notificación respectiva. Por otra parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los preceptos legales transcritos, se advierte que a partir del tres de abril de dos mil trece, que entró en vigor la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mismo mes y año, se modificaron los plazos para la promoción del juicio de amparo, esto es, como regla general el juicio constitucional, deberá presentarse en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 de la ley de la materia, ya transcrito; el plazo antes señalado se contará por días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada ley. Con las excepciones contenidas en las fracciones de la uno a la cuatro del artículo 17, que se refieren a los plazos para promoción del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, que será de treinta días, (fracción I); cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión será de ocho años (fracción II); cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal que será de siete años (fracción III) y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo, caso este último en que la demanda de amparo podrá de conformidad con el artículo 20, de la ley en comento por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora. Como se puede observar, en la Ley de Amparo, vigente a partir de tres de abril de dos mil trece, para la promoción del juicio de amparo rige la regla general establecida en el artículo 17 en comento, esto es, de quince días, luego si de las constancias de autos se advierte que el quejoso se notificó el diez de noviembre de dos mil diecisiete, ya que así se advierte de la notificación misma que obra en el proceso penal 1/2017, y se corrobora con la certificación que hizo la secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del municipio de Tecoanapa, Guerrero, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, respecto que en dicha data le fue notificada al promovente del amparo la negativa de la orden de comparecencia que dictó la Juez Mixto de Paz, con residencia en Tecoanapa, Guerrero, a Leonides Chora Hernández, por el delito de falsedad ante autoridad, en agravio de Genaro García Palma, en la causa penal 01/2017, lo que implica que se surta la hipótesis a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, y de acuerdo a lo expuesto, la demanda de amparo que se analiza, debieron presentarla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame, esto es, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del catorce de noviembre al cinco de diciembre de dos mil diecisiete, con excepción de los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre y dos y tres de diciembre, todos del año antes citado, por ser inhábiles de conformidad en lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de la materia. Por ende, si la demanda que dio origen al asunto en que se actúa, el impetrante la presentó hasta el seis de marzo de dos mil dieciocho, ante el Juez Mixto de Paz del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, es evidente que su presentación se realizó de manera extemporánea, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber sido presentada después que surtió efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclama, es decir, la no promoción del juicio de amparo en los términos establecidos en el artículo 17 de la citada ley, de ello se sigue que no es verdad como lo sostiene el impetrante en su demanda en el sentido de que la resolución motivo del acto reclamado le fue notificada en el interior de la oficina que ocupa la autoridad ordenadora el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pues como ya se indicó en líneas que anteceden de la certificación que hizo la secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del municipio de Tecoanapa, Guerrero, el nueve de marzo del año en curso, aparece que el acto reclamado se le notificó el diez de noviembre de dos mil diecisiete. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia, visible en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Consecuentemente, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Genaro García Palma. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cirilo Pérez Mendoza y José Roque García; respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Asimismo, dígase a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autoriza la expedición de copias, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, haciéndoles saber que pueden acudir para el fotocopiado y recepción de ellas en cualquier día hábil y hora hábil, previa firma de recibido que se deje en autos para constancia, en el entendido que cuando las requieran, deberán acudir con el servidor público encargado del expediente a fin de solicitarlas. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

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