Genaro García Barajas

Expediente 1812/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1812/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
02/01/2017

Partes del expediente

  • Genaro García Barajas
  • Jorge Uriostegui Arcega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. LAC/esm

  2. Incidental

    Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que con esta fecha causó ejecutoria la sentencia emitida en el citado juicio de amparo, en el que se sobreseyó el presente juicio, del que deriva este incidente de suspensión; tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales, se encuentran señalada las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia, con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el incidente de suspensión en que se actúa, por lo que se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia incidental y se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que se declaró sin materia la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de depuración, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe.JAAA/esm

  3. Incidental

    En veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se da cuenta al Encargado del Despacho, con el (los) oficio(s) 37417 antecede(n). Conste. Colima, Colima, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa Primera de Averiguaciones Previas en Tecomán, Colima, mediante el cual informa que la autoridad señalada como responsable Agencia Segunda Investigadora con residencia en Tecomán, dejo de existir; por ende, se tiene como inexistente a la autoridad mencionada, en atención a lo señalado en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido de la secretaria Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Colima, Colima, a las nueve horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1812/2016, promovido por GENARO GARCÍA BARAJAS y JORGE URIOSTEGUI ARCEGA, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. En este mismo acto se da cuenta con el oficio remitido vía electrónica con número de promoción 36895 y con los sobres devueltos por el Administrador Postal de Correos con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Por otra parte, ténganse por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa Primera de Averiguaciones Previas con residencia en Tecomán, Colima, mediante el cual informa que la autoridad señalada como responsable Agencia Segunda Investigadora con residencia en Tecomán, Colima dejo de existir. Son aplicables a lo anterior, las Tesis: I. 1º.A.E.5 K (10ª.) y I. 1º.A.E.4 K (10ª.), sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicadas el treinta de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, PARA CUMPLIR CON LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO LEGAL, CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE LAS PARTES. Si la autoridad responsable exhibe en formato electrónico o digital las constancias en que se apoya el informe justificado, a efecto de cumplir con la carga procesal impuesta por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, no se deja en estado de indefensión a las partes en el juicio, pues si bien es cierto que el derecho humano al debido proceso reconocido en favor de los gobernados en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lleva implícita la necesidad de que todo procedimiento, como es el juicio de amparo, deba regirse por diversos principios establecidos en la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos, como son, entre otros, los de debido proceso legal, contradicción e igualdad de las partes, también lo es que, en primer lugar, siempre se dispondrá de un ejemplar de las constancias exhibidas por la autoridad responsable con la calidad de documento certificado en soporte o formato electrónico y, en segundo, se dará vista a las partes con el contenido del informe justificado y sus anexos, específicamente los consignados en el formato electrónico, para lo cual, el Juez de Distrito deberá requerir a la autoridad responsable la exhibición de los ejemplares en formato electrónico y en versión pública que resulten necesarios e indispensables, a efecto de que las partes tengan pleno conocimiento y se impongan de dicha información y, en su caso, manifiesten lo que a su derecho convenga; por lo que es evidente que no se contrarían los principios mencionados. INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto mencionado dispone que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y establece la obligación para ésta de acompañar a su informe las constancias necesarias para apoyarlo, o sea, los documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones. Por otra parte, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos consignados en medios electrónicos gozan de reconocimiento y validez absoluta. Consecuentemente, la exhibición en formato electrónico o digital de las constancias en que se apoya el informe justificado en el juicio de amparo, al constituir prueba plena, es suficiente para tener por cumplida la carga procesal de la autoridad responsable impuesta por el artículo 117 citado. Por lo anterior, si en un mismo órgano jurisdiccional se tramitan diversos amparos en los que los actos reclamados derivan de un mismo expediente administrativo, basta que la autoridad responsable presente, para uno de los juicios, un ejemplar impreso de las constancias que respalden lo aseverado en su informe justificado y, en formato electrónico o digital para los demás, siempre que se certifique la equivalencia en contenidos por el funcionario correspondiente, quien se responsabiliza de ese aspecto. Asimismo, se ordena agregar al sumario los sobres devueltos por el Administrador Postal de Correos de México, en esta ciudad de Colima, que contienen los oficios 5008 y 5009, dirigidos a las autoridades responsables "Comandante de la Policía Judicial Federal", y "Subdirector de la Policía Judicial Federal", ambos con residencia en Tecomán, Colima, de los que se desprende que no existen tales autoridades En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que se tienen como inexistentes las autoridades citadas con anterioridad. Se abre el periodo de pruebas: en esta etapa, el (la) Secretario(a) hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, por lo que se concluye la misma. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: se da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita en su pedimento correspondiente, mismos que podrán ser tomados en consideración en su oportunidad. En las relatadas condiciones y con pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, GENARO GARCÍA BARAJAS y JORGE URIOSTEGUI ARCEGA, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1812/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de los quejosos, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de presentación decretada contra los quejosos, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. La totalidad de las autoridades señaladas como responsables negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre los quejosos la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que los quejoso hayan allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por GENARO GARCÍA BARAJAS y JORGE URIOSTEGUI ARCEGA. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe.

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