Genaro Federico Morales Cervantes
Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Genaro Federico Morales Cervantes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Auto causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción IV, (expedientes de juicios de amparo que se desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa el original de la demanda 732/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo correspondiente y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del referido juicio. Ahora bien, toda vez que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mèxico, no aceptó la competencia declinada en el presente juicio de amparo por este órgano jurisdiccional, al considerar que el acto reclamado carece de ejecución material, ya que consiste en la omisión por parte de la responsable de expedir y registrar la cedula profesional solicitada por el quejoso, por tanto dicho órgano jurisdiccional consideró que constituye una inactividad material. Al respecto, de una nueva reflexión del acto combatido por la parte quejosa, este órgano jurisdiccional no insiste en la incompetencia planteada; por lo tanto, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, se ordena proveer lo conducente sobre de la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. Ahora bien, a efecto de proveer respecto del escrito de demanda, se debe considerar lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura de los artículos antes citados, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En ese tenor, del estudio integral de la demanda de amparo que da origen al presente expediente, se advierte que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión,de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo esto, como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la ley de la materia -quince días- para promover el juicio de amparo, es decir, haber permitido que transcurra el plazo señalado para impugnar el acto reclamado, sin promover el juicio de amparo y que no se encuentre en alguno de los casos de excepción planteados por el numeral 17 de la referida ley. En el caso en concreto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que lo efectivamente reclamado por la parte quejosa a la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, lo es la negativa de la autoridad responsable de expedirle su cédula profesional, así como el título profesional respectivo, contenida en el oficio UANLyR/DARP/0035/2023, de treinta uno de enero de dos mil veintitrés -visible a foja 20 del expediente físico-. No obstante, del capítulo de antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso Genaro Federico Morales Cervantes, especialmente en el punto identificado como "NOVENO" se advierte que destacó que dicho oficio reclamado le fue notificado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés; aspecto que se corrobora de las constancias allegadas por el propio quejoso, pues a foja 22 se advierte la cédula de notificación respectiva, de la que se desprende la misma data en que se enteró la respuesta contenida en el oficio reclamado. Luego, debe decirse que el cómputo para la presentación de la demanda de amparo se evidencia en el recuadro siguiente: Parte procesal Fecha notificación Transcurrió el término: Sin embargo, la demanda de derechos fundamentales fue presentada el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; esto fuera del término de quince días que la Ley de Amparo establece para tal efecto. Por tanto, al ser evidente que a la fecha de presentación de la demanda transcurrió en exceso el plazo de quince días para su promoción, es claro que su presentación es extemporánea y por ende debe desecharse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Demanda de amparo Vista la demanda de amparo promovida por Genaro Federico Morales Cervantes, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 732/2023. Ahora bien, en el caso este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En ese tenor, a fin de proveer sobre su admisión, cabe precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos correspondientes se advierte lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo en su carácter de ordenadora y ejecutora la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS: La expedición y registro de mi cédula profesional escrito presentado con fecha 20 de enero del año 2023 en esa Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública sede en la Ciudad de México" Ahora, se precisa que en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad existen irregularidades en cuanto a las fechas que indica; sin embargo, de los anexos que acompaña se advierte que el veinte de enero de dos mil veintitrés presentó escrito ante la Dirección General de Profesiones en la Ciudad de México, en el que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en casa marcada con el número 220, departamento cinco de la calle Heliópolis, Esquina norte 79-A, Delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México, código postal 02080. En contestación a esa solicitud, la autoridad indicada emitió el oficio UANLyR/DGP/DARP/0035/2023 de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que da respuesta a esa petición en el sentido siguiente: "la sentencia de mérito no obliga a la Dirección General de Profesiones a continuar con el trámite de registro de título y expedición de cédula profesional"; la cual le fue notificada en el citado domicilio en la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, la pretensión del quejoso en su petición es el registro de su título profesional y la emisión de su cédula, lo cual, en su caso, se ejecutará en la jurisdicción de la autoridad responsable. De todo lo anterior se colige que, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere la primera parte del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado. De tal suerte, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; es competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, con sede en la Ciudad de México, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda de amparo, sus anexos y dos copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, y, solicítese al juez que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, informe a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, y acuse el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, así como por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, al haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente pata recibir notificaciones a la persona que señala en su escrito de demanda. Datos de contacto. Téngase al promovente proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente como forma de contacto con este Juzgado en casos necesarios. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente físico y electrónico Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaria de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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