Genaro de la Cruz Gómez
Expediente 1131/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/06/2017
Partes del expediente
- Genaro de la Cruz Gómez
- Reyna Guadalupe León Hernández y Otros.
- Reyna Guadalupe León Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 3. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte lo siguiente: 1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante ejecutoria de diecisiete de marzo del año en curso, revocó la sentencia recurrida en autos, ordenando reponer el procedimiento para efecto de que se notificara en forma personal a la parte quejosa, el acuerdo en que se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos tanto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, como de la Unidad Especializada en Investigación, de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; además, expresamente se le requiriera para que manifestara si deseaba o no ampliar su demanda de amparo, respecto del Agente del Ministerio Público Federal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que hubiere tenido conocimiento de la Averiguación Previa *****. 2. En proveído de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 160 y 161), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la responsable antes citada. 3. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el siete de abril del año en curso (fojas 173 a 175), dio cumplimiento a lo requerido en el auto citado en el párrafo que antecede, por lo que en proveído de diecinueve de abril del año en curso (fojas187 y 188), se acordó tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México. 4. El diecisiete de mayo del año en curso (foja 236), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo que antecede. Ahora, de autos se advierte que mediante oficio ***** de cuatro de mayo del año en curso, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado anexó como apoyo al mismo copia certificada de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, de la que se advierte que el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en autos de la misma (fojas 228 a 232), resolvió el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos. Asimismo, de dichas actuaciones se advierte que la citada responsable notificó la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, al autorizado de los quejosos (fojas 232 y 233). En ese sentido, con motivo a la resolución del incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, los quejosos se duelen de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, de resolver el incidente el incidente no especificado de devolución de bienes que promovieron. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, a las cuales se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que en autos de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante la misma, el cual fue notificado al autorizado de los quejosos (fojas 228 a 233). En esas circunstancias, al ser resuelto el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante dicha responsable y notificado al autorizado de los quejosos, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra parte, por lo que respecta a las autoridades responsables Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación negaron los actos que se les atribuyen, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de las funciones que desempeñan dichas responsables, no está la de integrar averiguación previa alguna, en esas condiciones, se actualiza la causal de sobreseimiento que prevé el ordinal 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duelen los solicitantes de amparo consiste en la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes que promovieron, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, este juzgador estima que al reclamarse por los quejosos la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes, éste resulta ser inexistente por lo que hace a las responsables Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, toda vez que tal como lo expresaron las responsables, al rendir su informe con justificación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de las funciones que desempeñan dichas responsables, no está la de integrar averiguación previa alguna, circunstancia que es clara y evidente de que no existe acto reclamado a las responsables en comentó, pues dicho incidente fue instado en autos de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, ante la diversa responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, surtiéndose por ende la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte lo siguiente: 1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante ejecutoria de diecisiete de marzo del año en curso, revocó la sentencia recurrida en autos, ordenando reponer el procedimiento para efecto de que se notificara en forma personal a la parte quejosa, el acuerdo en que se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos tanto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, como de la Unidad Especializada en Investigación, de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; además, expresamente se le requiriera para que manifestara si deseaba o no ampliar su demanda de amparo, respecto del Agente del Ministerio Público Federal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que hubiere tenido conocimiento de la Averiguación Previa *****. 2. En proveído de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 160 y 161), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la responsable antes citada. 3. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el siete de abril del año en curso (fojas 173 a 175), dio cumplimiento a lo requerido en el auto citado en el párrafo que antecede, por lo que en proveído de diecinueve de abril del año en curso (fojas187 y 188), se acordó tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México. 4. El diecisiete de mayo del año en curso (foja 236), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo que antecede. Ahora, de autos se advierte que mediante oficio ***** de cuatro de mayo del año en curso, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado anexó como apoyo al mismo copia certificada de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, de la que se advierte que el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en autos de la misma (fojas 228 a 232), resolvió el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos. Asimismo, de dichas actuaciones se advierte que la citada responsable notificó la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, al autorizado de los quejosos (fojas 232 y 233). En ese sentido, con motivo a la resolución del incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, se actualiza una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, los quejosos se duelen de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, de resolver el incidente el incidente no especificado de devolución de bienes que promovieron. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, a las cuales se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que en autos de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se resolvió el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante la misma, el cual fue notificado al autorizado de los quejosos (fojas 228 a 233). En esas circunstancias, al ser resuelto el incidente no especificado de devolución de bienes promovido por los aquí quejosos ante dicha responsable y notificado al autorizado de los quejosos, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra parte, por lo que respecta a las autoridades responsables Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación negaron los actos que se les atribuyen, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de las funciones que desempeñan dichas responsables, no está la de integrar averiguación previa alguna, en esas condiciones, se actualiza la causal de sobreseimiento que prevé el ordinal 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duelen los solicitantes de amparo consiste en la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes que promovieron, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, este juzgador estima que al reclamarse por los quejosos la omisión de resolver el incidente no especificado de devolución de bienes, éste resulta ser inexistente por lo que hace a las responsables Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, toda vez que tal como lo expresaron las responsables, al rendir su informe con justificación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dentro de las funciones que desempeñan dichas responsables, no está la de integrar averiguación previa alguna, circunstancia que es clara y evidente de que no existe acto reclamado a las responsables en comentó, pues dicho incidente fue instado en autos de la averiguación previa AP ***** triplicado abierto de la AP *****, ante la diversa responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México, surtiéndose por ende la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, residente en la Ciudad de México. Atento a lo dispuesto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
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