Genaro Castillo Bolio

Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1208/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Ivan Campos Aguero
  • Genaro Castillo Bolio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, ********************, a las diez horas con diecisiete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1208/2023-VIII, promovido por ********************y********************, por su propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de ********************, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, en ausencia de la Encargada del Despacho de la Delegación, con sede en esta ciudad; Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, y el Director Jurídico de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación de la Registradora Integral adscrita a la Dirección General de Registro y Control Documental de dicha dependencia, los dos últimos con sede en la Ciudad de México, los cuales obran agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; de igual forma, con las remitidas por las responsables que adjuntaron a sus informes justificados. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta que la parte quejosa no los formuló y con el alegato ministerial 292/2023, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, por lo que, la Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de la parte quejosa para realizar alegatos y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la representante social, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1208/2023-VIII, promovido por ********************y********************, por su propio derecho, contra los actos que reclama de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ******************** y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ********************y********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ******************** y otras autoridades. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito recibido el seis de octubre de dos mil veintitrés, en atención a la vista otorgada en proveído de veintiocho de septiembre del presente año, la parte quejosa amplió su demanda inicial, señalando como nuevo acto reclamado, la determinación de veintisiete de junio del presente año, emitida por el Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México, que emitió en contestación a su solicitud primigenia. En auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda instada; por lo que se requirió a la responsable su informe de ley; finalmente, previa regularización se fijó fecha de audiencia, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida inicialmente contra una omisión y la demanda se presentó en esta ciudad donde esta Juzgadora ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La omisión de las autoridades responsables de pronunciarse respecto a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que pidió la adopción de dominio pleno, respecto de la parcela colectiva ********************, ubicada en el ejido y municipio de ********************, en esta Entidad, así como la entrega de los títulos de propiedad de origen parcelario que se registró con el número de solicitud ********************; y, b) La determinación de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México, en contestación a su solicitud primigenia. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura de los informes justificados que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, en ausencia de la Encargada del Despacho de la Delegación, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado, marcado en el inciso a), bajo el argumento de que la calificación registral y la liberación de la clave electrónica corresponde a la Dirección General de Registro y Control Documental, por lo que su actuación queda supeditada a las facultades de estas últimas, motivo por el cual no puede realizar la emisión de los títulos de propiedad respectivos; así como, de que ha cumplido con integrar y remitir a la citada dirección la solicitud ********************. Por su parte, el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, con sede en la Ciudad de México, expresó no ser cierto el acto reclamado marcado en el inciso a), ya que el veintisiete de junio del presente año, le recayó calificación negativa a la referida solicitud, con lo que se dio contestación. Al respecto, dichas manifestaciones evidencian la existencia de la omisión de dar contestación a la solicitud ********************, pues lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda, dicha calificación negativa que recayó a la solicitud del quejoso, no se había hecho del conocimiento del mismo, siendo que con motivo de la vista otorgada en auto de veintiocho de septiembre del presente año, es que tuvo conocimiento de su existencia; por lo cual debe tenerse por desvirtuada dicha negativa Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Ahora, el Director Jurídico de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación de la Registradora Integral adscrita a la Dirección General de Registro y Control Documental de dicha dependencia, con sede en la Ciudad de México, manifestó que es cierto el reclamado marcado con el inciso b), pues el veintisiete de junio del año en curso, a la solicitud de referencia le recayó calificación negativa, lo que se evidencia con las constancias que remitió junto con su informe justificado. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, respecto al acto reclamado, precisado en el inciso a) del segundo considerando de esta resolución, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales, tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el caso, se estima actualizada dicha causal, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo que antecede, correspondiente a la omisión de las autoridades responsables de pronunciarse respecto a la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, al cual le recayó la solicitud ********************, que se atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad de Mérida, así como al Director en Jefe y al Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Es así, pues de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que por resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de julio del presente año), se emitió la calificación que recayó a la solicitud de la parte quejosa, en sentido negativo. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo y, por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la respuesta a la petición que elevó, ya fue emitida, calificándose como negativa. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo relativo al indicado acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. QUINTO. Estudio de fondo. No existiendo causa de improcedencia diversa que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al estudio del acto reclamado destacado en el inciso b) del considerando segundo que antecede, relativo a la determinación de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México; por lo que se analizarán los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora Federal obligada a la transcripción de los mismos. Ahora, en su escrito de ampliación de demanda de amparo, la parte quejosa refiere que la resolución del Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México, vulnera el derecho humano de legalidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, esta Juzgadora Federal considera esencialmente fundado los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, toda vez que, como bien señala, para la expedición del título de propiedad de origen parcelario, es innecesario que se lleve a cabo o se tome en cuenta un dictamen u opinión con objeto de verificar si en la parcela existen bosques o selvas. En efecto, en la circular 3/2017, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estableció que ese dictamen es necesario cuando el trámite a realizarse tenga por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas; lo que excluye la necesidad de contar con ese dictamen cuando se solicite la expedición del título de propiedad de origen parcelario. La citada normativa es del tenor literal siguiente: "CIRCULAR NÚMERO 03/2017, RELATIVA A LOS TRÁMITES QUE REQUIEREN DICTAMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y SUELOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). Froylán R. Hernández Lara, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4° y 27 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 12, 16, 23, fracciones VIII y X; 56, 59, 148 y 154 de la Ley Agraria; y 8, 11, 13, 14, fracción VII, 22, fracción III, inciso c) y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y considerando que: a) Prohibición para asignar parcelas en bosques o selvas tropicales y para destinar a áreas parceladas, tierras en las que se ubiquen bosques o selvas tropicales. EI artículo 59 de la Ley Agraria (LA) establece que será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. Esta asignación de parcelas o, en otros términos, esta asignación de derechos parcelarios sobre una parcela es, conforme al primer párrafo del artículo 56 de esa ley, una facultad de la asamblea de ejidatarios, resultado de una acción de parcelamiento, de un reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho o, finalmente, de la regularización de la tenencia de los posesionarios. Las tres acciones anteriores se efectúan sobre áreas previamente destinadas por la asamblea a áreas parceladas, quien las destina, precisamente, para asignar los derechos a los sujetos agrarios que tienen un parcelamiento económico o, de hecho, a los que tienen una posesión, o a los que no teniendo parcelamiento económico o de hecho o posesión alguna, determine asignarle tales derechos y otorgarle la calidad de ejidatario o de posesionario. En cualquier caso, destinar tierras del ejido a área parcelada solo puede tener como propósito asignar derechos parcelarios a los sujetos agrarios, razón por la cual y conforme a una interpretación sistemática de la ley, la prohibición para asignar parcelas en bosques o selvas tropicales conlleva también la prohibición para destinar tierras, en las que se ubiquen bosques o selvas tropicales, a áreas parceladas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano a un ambiente sano, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 1 º de dicha Constitución Federal en el sentido de que todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de su competencia, a respetar, promover y garantizar los derechos humanos, así como en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la que prohíbe la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, es necesario que el Registro Agrario Nacional consulte a la autoridad competente para ello, la existencia de bosques o selvas en los trámites registrales que tengan por objeto la constitución del área parcelada de los ejidos. AI respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la autoridad competente para determinar la existencia de bosques o selvas en tierras ejidales, de acuerdo con el artículo 32 bis, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que a dicha dependencia le corresponde fomentar la protección, restauración, conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano. Particularmente, con base en lo dispuesto por los artículos 2, fracción XXIV, 19 fracciones III y XX, así como 32, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias o instancias gubernamentales, así como dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por la superioridad, en materia forestal de suelos. En el ámbito del Registro Agrario Nacional, de conformidad con el artículo 17, fracción II inciso a) de su Reglamento Interior, corresponde a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica la atribución de emitir un dictamen técnico en los trámites de cambio de destino de tierras ejidales y comunales, como otro de los elementos que el registrador debe considerar para calificar el cambio de destino. Por otra parte, y en atención a las características particulares de las denominadas áreas de infraestructura (que son áreas de uso común) no se requerirá para su cambio de destino, opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. b) Redestino de tierras de uso común. La asamblea de ejidatarios tiene la atribución para asignar derechos parcelarios sobre las tierras del ejido destinadas a parcelas. AI respecto se efectúan las siguientes consideraciones. Un primer aspecto a tener en cuenta es que la voluntad de la asamblea general de ejidatarios no está por encima de la ley y de los fallos de los tribunales, porque sus decisiones no son absolutas, ya que están sujetas a la legislación aplicable y a la Constitución General de la República, así como a la resolución de las controversias jurisdiccionales que se dirimen ante los Tribunales Agrarios y ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, como órganos terminales de legalidad y constitucionalidad en nuestro sistema jurídico. Conforme al artículo 56 de la LA (sic), la asamblea de ejidatarios podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas. Determinado el destino, la asamblea tiene la facultad para asignar derechos sobre dichas tierras, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 57 y 58 de la LA (sic) y una vez asignadas, solo a los ejidatarios les corresponderán los beneficios sobre el uso y usufructo de las mismas (art. 62 de la LA) y, en su caso, enajenar sus derechos parcelarios (art. 80 de la LA) y, una vez obtenida la autorización para adoptar el dominio pleno, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas (art. 82 de la LA). Por otra parte, ni en el artículo 23 (relativo a la competencia de la asamblea) ni en ningún otro de la LA (sic), se faculta a la asamblea para cambiar el destino de las tierras formalmente parceladas, lo que sí acontece con las tierras de uso común, según lo dispuesto en el artículo 23, fracción X. Con base en lo anterior, la asamblea de ejidatarios solo está facultada para cambiar el destino de las tierras de uso común a tierras parceladas o a área de asentamientos humanos, por lo que no deberá admitirse ningún trámite por el que se solicite cambiar el destino de tierras parceladas. De acuerdo con las anteriores consideraciones y fundamentos, en los trámites de cambio de destino de tierras de uso común se deberá observar lo siguiente: Primero. Los trámites que tengan por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, requerirán para su calificación registral el dictamen u opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Segundo. EI dictamen técnico catastral que emita el Registro Agrario Nacional, por conducto de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica deberá considerar la opinión o dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y será negativo en los casos y para las superficies o parcelas que, conforme a dicha opinión o dictamen, determine la existencia de bosques o selvas." En la circular en cuestión, se estableció que el Registrador debe tomar como un elemento para calificar el cambio de destino de tierras ejidales y comunales, el dictamen técnico que emita la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, la que, a su vez, en ese dictamen, debe considerar la opinión o dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, se concluyó que los trámites que requieren de ese dictamen son los que tengan por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, que será negativo para las superficies o parcelas que conforme a esa opinión o dictamen se determine la existencia de bosques o selvas. En ese sentido, fue incorrecto que la autoridad responsable apoyara su determinación en el oficio SGPA/DGGFS/712/0128/13 de veintidós de enero de dos mil trece, emitido por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues conforme a la circular 03/2017 del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, esa opinión solamente se requiere cuando se vaya a calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, siendo que en el caso, la solicitud de inscripción versó sobre una adopción de dominio pleno. Máxime que, la parcela ********************, del Ejido de ********************, municipio de ********************, ********************, ya cuenta con los certificados parcelarios correspondientes, lo cual reconoció la autoridad en la resolución reclamada. Además, el titulo parcelario fue emitido tomando en consideración las constancias y documentales que a esa fecha se presentaron para su inscripción y correspondiente expedición, y con los que en su momento se determinó la procedencia de conformidad con la normatividad aplicable; sin embargo, el dictamen de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue emitido con posterioridad. De ahí que, se insiste, resulta incorrecto que la autoridad responsable hubiera dictado la calificación registral negativa reclamada en virtud de la existencia de un dictamen de gabinete que no constituye requisito para la calificación e inscripción de ese documento. Es así, toda vez que se insiste, ese dictamen solamente se requiere cuando se va a calificar e inscribir el acta de asamblea de cambio de destino de tierras de uso común a parceladas, conforme lo dispone la circular 3/2017; circunstancia que en el caso a estudio, se reitera, no aconteció. De igual forma, conforme a los artículos 51, 52, 53 y 54 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el procedimiento registral se inicia con la solicitud ante las Delegaciones o en los Centros de atención correspondientes; debiendo los registradores bajo su responsabilidad examinar los documentos para determinar si reúnen los requisitos de fondo y forma que exige la norma que los rija; las calificaciones serán positivas o negativas y se producirán en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Las resoluciones de calificación deberán constar por escrito debidamente fundado y motivado, debiendo contener la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición y la respuesta debe ser integral; siendo que el boletín registral se difundirá en la página Web del Registro y en él se incluirán las calificaciones positivas, las denegaciones, prevenciones, rectificaciones de asientos, y los asuntos concluidos para el conocimiento de los solicitantes del servicio. En tanto que en los diversos numerales 13, 14, fracción IV, 22 fracción IX, 81 y 84 del propio Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que la Delegación del Registro Agrario Nacional tiene, entre otras, la atribución de llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda. Por tanto, es incuestionable que, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable en la resolución reclamada, para la expedición del título de propiedad de origen parcelario, es innecesario que se efectúe o se tome en cuenta el dictamen de gabinete en el que se indicó que la parcela pudiera estar en zona de selvas o bosques, toda vez que como ya se vio, en la circular 3/2017, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se estableció que ese dictamen es necesario cuando el trámite a realizarse tenga por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas. Debiéndose destacar que similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver los recursos de revisión 213/2020, 19/2021, 71/2021 y 72/2021. En esas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por los quejosos ********************y********************. SEXTO. EFECTOS. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, esta Juzgadora Federal se encuentra obligada a determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, el otorgamiento del amparo será para el efecto de que el Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la calificación registral negativa en la solicitud ********************, relativa a la parcela ********************, del Ejido ********************, municipio de ********************, ********************, emitida el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 2. Hecho lo anterior, de conformidad con los lineamientos expuestos en esta resolución, emita otra en la que prescinda de considerar el oficio SGPA/DGGFS/712/0128/13 de veintidós de febrero de dos mil trece, emitido por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; con motivo de que para la calificación y expedición de título de propiedad de origen parcelario, es innecesario contar con dictamen u opinión técnica que establezca si la indicada parcela está asentada o no sobre bosques o selvas. 3. Finalmente, deberá resolver lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************y********************, contra el acto que reclamó de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, Dirección General de Registro y Control Documental y Director en Jefe de dicha dependencia, los dos últimos con sede en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y********************, respecto del acto que reclamó del Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México; precisados en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando Quinto, para los efectos señalados en el sexto considerando. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de ********************, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Registrador Integral adscrita a la Dirección General de Registro y control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado de la ampliación de demanda; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable de mérito, y como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su informe de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que el veintisiete de octubre de este año, estaba señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado, agréguese a estos autos el telegrama remitido por el Director de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación de la Registradora Integral adscrita a la Dirección General de Registro y Control Documental de dicha dependencia, mediante el cual rinde su informe justificado en relación a la ampliación de demanda; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable de mérito, y como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su informe de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos ********************, mediante el cual cumplen con la prevención efectuada en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, amplían su demanda de amparo, señalan como nuevo acto reclamado la calificación negativa de veintisiete de junio de dos mil veintitrés emitida a la solicitud ********************, y como autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, vista la certificación de cuenta, téngase a la parte actora desahogando el requerimiento de veintiocho septiembre pasado, en tiempo y forma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, y se tiene como nuevo acto reclamado la calificación negativa de veintisiete de junio de dos mil veintitrés emitida a la solicitud ********************, atribuido a la autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México. Tiene aplicación lo anterior, la tesis jurisprudencial bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA HACERLA." En tal virtud, gírese oficio a la nueva autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Nacional en la Ciudad de México, anexando copia del escrito de demanda, el escrito de cuenta, así como, del auto admisorio de veintiséis de julio del presente año, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la nueva autoridad señalada como responsable, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica, vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Comuníquesele que se encuentra señalada en autos, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano, mismas que deberán relacionarse y tomarse en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano