Genaro Castillo Bolio
Expediente 1423/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Genaro Castillo Bolio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1423/2023-III-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, con sede en esta ciudad, así como del Director en Jefe y Director de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de ********************, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: De la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, con residencia en esta ciudad: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud ********************, relativa a la inscripción de la adopción del dominio pleno de la parcela colectiva ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de ********************; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. Del Director en Jefe y Director de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México: La falta de autorización de la apertura de la clave del sistema informático y el turno correspondiente para realizar la expedición y puesta a disposición del título de propiedad. TERCERO.- Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud relativa a la inscripción de la adopción del dominio pleno de la parcela colectiva ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de ********************; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente; pues así lo señaló dicha responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En primer término, respecto a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad, debe decirse que por la naturaleza del trámite de registro agrario de que se trata, se tienen diversos estados procesales en los que se involucran las diferentes autoridades responsables, el cual comienza con la integración y remisión que debe hacer la indicada Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, de los expedientes relativos a las inscripciones, entre otras, que tengan relación con la adopción del dominio pleno de las parcelas, a la Dirección General de Registro y Control Documental, en términos de los artículos 16, fracción IV, inciso e) y 22, fracción IV , ambos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (doce de septiembre de la presente anualidad), la responsable ya había remitido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, la solicitud ********************, relativa a la parcela parcela colectiva ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de ********************; lo que hizo mediante oficio********************de trece de abril de dos mil veintitrés. Sin que obste el hecho de que del oficio en comento no se advierta la fecha cierta en que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, recibió las documentales relativas al trámite administrativo antes indicado, pues como se verá más adelante dicha autoridad incluso emitió calificación registral positiva, antes de la interposición de la presente demanda. Inexistencia que se debe hacer extensiva a la diversa responsable Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, pues así lo señaló el Director de lo Contencioso al rendir el informe justificado en su representación. Aunado a que de las constancias remitidas, se aprecia que con fecha seis de julio de dos mil veintitrés, se emitió la calificación registral positiva, correspondiente al trámite de adopción del dominio pleno de la parcela colectiva ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de ********************; esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (doce de septiembre de este año), por lo cual a dicha data no existía la omisión que se le reclama. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en lo relativo a la falta de autorización de la apertura de la clave del sistema informático y el turno correspondiente para realizar la expedición y puesta a disposición del título de propiedad, para que la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, cumpla con las disposiciones de ley y sus reglamentos. Pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, a continuación realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia. En efecto, si bien, como se señaló en párrafos precedentes, con fecha seis de julio de dos mil veintitrés, se emitió la calificación registral positiva respectiva, lo cierto es que por mandato expreso del artículo 14, fracciones I y IV, y 81, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la responsable nombrada es la encargada de dirigir y coordinar las atribuciones que corresponden a esa dependencia y de autorizar la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y ordenar la expedición de los títulos correspondientes. Por ende, se encuentra facultada para realizar los trámites subsecuentes a la calificación registral antes indicada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés), a la en que se promovió la demanda (doce de septiembre de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido más de cinco meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que se ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que haya sido expedido y puesto a disposición el título de propiedad correspondiente. Por lo que es incuestionable que las citadas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus facultades realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, sin que ello implique la entrega del mismo como parte del cumplimiento a esta ejecutoria, ya que tal circunstancia dependerá de la actuación del propio quejoso de presentarse ante la autoridad para tal efecto. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria, se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables encargada del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, con residencia en esta ciudad y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, contra los actos que reclamó de del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por la razón y para los efectos señalados en el diverso considerando sexto. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el considerando noveno, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de ********************, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales condignos, el oficio DGAJ/14388/2023, signado por el Director de lo Contencioso y encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, mediante el cual rinde el informe justificado, en representación del Director en Jefe y la Directora General de Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, así como el anexo que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaria de este Juzgado en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la audiencia constitucional se encuentra fijada para su celebración a las diez horas con trece minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, lo que se determinó mediante proveído de treinta de octubre último; en consecuencia: En aras de una justicia pronta y expedita, se decreta el diferimiento anticipado de la referida audiencia, y se señalan como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que en el caso, de autos se desprende que se encuentra correcta y completamente integrado el juicio para poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional señalada con anterioridad para dictar la sentencia definitiva correspondiente. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado recibido vía telegráfica, correspondiente a las autoridades responsables Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con residencia en la Ciudad de México. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Como lo solicita, téngase como domicilio de dichas responsables, para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en el informe de cuenta. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
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